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  • mesmontse 3:53 pm el 16 February, 2021 Enlace permanente | Responder
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    EUROPA- AUGE DE LA EXTREMA DERECHA : Cómo afrontará Cataluña la entrada de Vox en el Parlamento 

    En las elecciones del 14 de febrero, la formación ultraderechista Vox ha conseguido entrar en el Parlamento catalán, tras presentarse por primera vez en Cataluña. No es ninguna sorpresa ya que hundió a sus contrincantes de derecha (PP y Ciudadanos), junto a los cuales en otras comunidades y municipios del Estado español forma parte de la coalición de derechas conocida popularmente como «trifachito».

    En Cataluña todo apunta a que se les aplicará el «cordón sanitario» para que no toquen poder, como se hace en Euskadi tras su entrada en 2020 al Parlamento vasco, pero en el resto del Estado español se ha blanqueado a Vox dejándolos entrar en las instituciones. Todo empezó a tras las elecciones de diciembre de 2018 en Andalucía, cuando PP y Ciudadanos, consiguieron el gobierno con los votos de Vox, formando el primer trifachito del Estado español. Seis meses más tarde, en junio de 2019, las tres derechas se unieron para conseguir el gobierno de la ciudad de Madrid, y en este caso Vox ya obtuvo mucho más que en Andalucía: consiguió concejalías. Además, de la alcaldía de Madrid, el trifachito logró el gobierno de Zaragoza, la quinta ciudad del Estado en habitantes (que anteriormente había sido «ciudad del cambio» gobernada por Podemos e Izquierda Unida); y el de las ciudades de Granada, Córdoba, Badajoz, Santander y Almería.

    Gracias al PP y a Ciudadanos, la ultraderecha ha sido blanqueada y normalizada en España. Una situación muy diferente a la de Alemania, todos los partidos políticos respetan el cordón sanitario trazado para dejar fuera del poder a la ultraderechista AfD.

    Más tarde el trifachito logró el gobierno de la Comunidad de Madrid y el de la Comunidad de Murcia. En las elecciones generales en 2019, Vox se convirtió en la tercera fuerza del Congreso con 52 diputados sobre 350. Ahora bien, tampoco debería sorprendernos porque si ahora hay tres derechas, que al final se unen para gobernar juntas, es por la implosión del PP. Vox surgió directamente del PP, cuando Rajoy presidía el partido, y algunos dirigentes del mismo consideraron que sus políticas eran demasiado blandas. Y si bien Ciudadanos fue impulsado como partido bisagra cuando surgió la opción de Podemos, tras las movilizaciones multitudinarias del 15-M y las élites vieron peligrar el bipartidismo, recoge el voto del PP tras los inacabables escándalos de corrupción de ese partido que acabaron con que el Parlamento del Estado español los expulsara del gobierno.

    En este momento es más corto citar los Parlamentos autonómicos del Estado español, donde Vox no ha conseguido entrar, que señalar dónde sí tienen diputados. Sólo no han conseguido representantes en el Parlamento de Canarias (aunque de esa comunidad han salido 2 diputados al Congreso español); ni en Castilla-La Mancha (aunque tienen 75 concejales repartidos en diferentes municipios de la Comunidad); ni en Extremadura (pero gobiernan en 3 municipios y son segunda fuerza en 24 ciudades); ni en La Rioja (aunque es la tercera fuerza más votada, por delante de Podemos) ni en Navarra, ni en Galicia. En 2020 Vox entró en el Parlamento de Euskadi con 1 diputado; y ahora en 2021 acaba de hacerlo al Parlamento catalán con 11 diputados tras obtener 271.231 votos, que son el 7,84% del total. Quedan por delante de En Comú-Podem (marca de Podemos en Cataluña) que obtuvo 8 diputados con 194.111 votos, que representan el 6,85% del total del voto emitido.

    ¿Qué se puede hacer una vez que la extrema derecha entra en un Parlamento?

    Los partidos políticos pueden pactar un cordón sanitario y confrontar o menospreciar el discurso del odio

    LAURA RUIZ TRULLOLS / VILAWEB

    Vox ha entrado con mucha fuerza en el Parlamento de Cataluña. Era la primera vez que se presentaba a unas elecciones en Cataluña y ocupará 11 escaños. El partido ultraderechista es la tercera fuerza en el congreso español con 52 diputados (sobre 350) y desde el 2019 tiene 10 diputados en las Cortes Valencianas y 3 en el Parlamento de las Islas Baleares.
    Durante la campaña, Juntos por Cataluña (JxCat), ERC, la CUP y En Común- Podemos, firmaron un manifiesto impulsado por la Unidad Contra el Fascismo y el Racismo (UCFR) en la que se comprometían a no llegar a ningún tipo de pacto con la extrema derecha «en ninguna circunstancia «. Además, ERC presentó un decálogo para combatirla y la CUP insiste que propondrá un pacto antifascista en el Parlamento. Repasamos qué herramientas tienen los partidos para detener la influencia y el discurso en la cámara. Los expertos reconocen que no hay ninguna receta única que lo garantice, pero sí exponen diversas iniciativas que pueden contribuir.

    Cordón sanitario: no aceptar el apoyo de la ultraderecha

    La primera cosa que se puede hacer es un pacto entre la mayoría de fuerzas políticas para prohibir cualquier tipo de cooperación con la extrema derecha. Es la técnica llamada «cordón sanitario», un concepto que surgió en Bélgica en 1989 cuando el partido ultraconservador flamenco Vlaams Blok obtuvo un éxito electoral sin precedentes y todo el resto de partidos se comprometieron a aislarlo. Este tipo de pacto, que continúa vigente en Bélgica, se ha reproducido en muchos países europeos, tales como los Países Bajos, Suecia y Eslovenia. En el Estado francés hace muchos años que se ha utilizado en diversas instituciones para evitar que Reagrupamiento Nacional ocupe posiciones de poder.

    Según Carles Viñas, doctor en historia contemporánea por la Universidad de Barcelona y especialista en extremismo político, el cordón sanitario es el primer paso indispensable para frenar la extrema derecha una vez que obtiene representación. Considera que, de otro modo, «aceptar sus votos, utilizarlos como muleta para llegar al poder valida su discurso y la convierte en una formación homologable políticamente».

    En Alemania el cordón sanitario incluye el rechazo de cualquier tipo de pacto con el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AFD). Hace apenas un año que se rompió por primera vez, cuando en Turingia la CDU -el partido de la canciller Merkel- y los liberales aceptaron los votos de la AFD para investir al presidente de este estado federal. A pesar de que la AFD no habría formado parte del gobierno, aceptar el apoyo causó un terremoto político que desembocó en la dimisión de la que debía convertirse en la sucesora de Merkel, la secretaria general del partido, Annegret Kramp -Karrenbauer. Según Viñas no permitir excepciones es importante a la hora de aplicar el cordón sanitario. Cree que hay que aprovechar todas las ocasiones para recordar que estos partidos no representan una opción como cualquier otra: «A pesar de que son organizaciones legales, no tienen una base democrática.»

    Aislamiento institucional


    Las instituciones tienen mecanismos para minimizar las posibilidades de la extrema derecha de influir en la actividad diaria. En el caso del Parlamento de Cataluña, una primera acción sería dejar a la extrema derecha sin representación en la mesa. El filósofo Xavier Antich propone que, una vez constituida la mesa del Parlamento, se promueva un «pacto democrático contra el fascismo y la ultraderecha» que impida que tengan ningún tipo de responsabilidad en la cámara, y se limite el tiempo de intervención y la capacidad de presentar iniciativas. Cree que hay que hacer lo imposible para evitar que Vox «determine la agenda y capitalice la actividad de la cámara». También es partidario de restringirle tantos beneficios parlamentarios como el reglamento de la cámara permita, desde el número de asesores hasta el uso de las salas de prensa.

    De este aislamiento institucional encontramos un ejemplo en el Parlamento vasco. En agosto pasado el PNV, EH Bildu, PSOE y Podemos acordaron una serie de medidas para limitar las intervenciones y las propuestas de la diputada de Vox.

    Tenemos otro ejemplo en el Parlamento Europeo, donde tras las elecciones de mayo del 2019 la extrema derecha consiguió formar grupo propio por primera vez -Identidad y Democracia, se llama. Los grandes grupos acordaron impedir que ningún miembro de este grupo presida comisión. Los eurodiputados de partidos como Reagrupamiento Nacional, de Marine Le Pen; la Liga, de Matteo Salvini; y el Partido de la Libertad, de Geert Wilders, tienen bloqueada la puerta a una de las posiciones con más influencia de la eurocámara. Sin embargo, hay partidos ultraderechistas, como Vox (con 3 eurodiputados) y Fratelli d’Italia (6 eurodiputados), que esquivan esta medida porque están en otro grupo, el de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Al principio de la legislatura también se puso sobre la mesa una propuesta para boicotear todas las enmiendas que presentara la extrema derecha, pero en la práctica no se ha acabado aplicando.

    ¿Hacer frente a su discurso o ignorarlo?


    Los partidos no se ponen de acuerdo sobre cuál es la mejor manera de responder al discurso del odio. A juicio del historiador Viñas, hay dos grandes tesis: «Una considera que hay que combatir cada argumento que aduzcan y confrontarlos con ámbitos que no dominan y no forman parte de su programa; y otra considera que vale más ignorarlos totalmente«. Cree que hay que evaluar la mejor opción en cada caso, aprovechar la tribuna pública para frenar su discurso en ciertos momentos, pero en otros no hay que reaccionar a sus provocaciones ni entrar a debatir en ella.

    Antich, en cambio, es de la opinión de responder siempre, sobre todo en las mentiras de la extrema derecha, «con datos objetivos irrefutables y con argumentos concretos, no retóricos». También cree que hay que denunciar «todas sus afirmaciones fascistas, xenófobas, racistas, machistas u homófobas.»

    El ex eurodiputado Jordi Sebastià cree que es mejor «hacer como si no existieran, no mencionarlos o, en todo caso, optar por la ironía o la burla». Piensa que es importante que no sean tratados como cualquier otro actor político y hace énfasis en no blanquearlos.

    Que no saquen réditos de la victimización

    El aislamiento de la extrema derecha, tanto en el terreno institucional como en el discursivo, puede tener un efecto boomerang, de manera que se le dé argumentos que la refuercen. Como hemos visto durante la campaña, cada vez que se ha boicoteado uno de sus actos, Vox se ha quejado de no tener suficiente libertad para expresarse y la JEC (Junta Electoral Central) incluso ordenó al gobierno catalán que los protegiera. El profesor Viñas alerta que hay que actuar de manera que no puedan sacan rédito de la victimización.

    Ir a la raíz del problema

    Los expertos consideran que a largo plazo es indispensable que los partidos terminen resolviendo los problemas sociales estructurales que son terreno fértil para los discursos de la extrema derecha. Combatir el abandono escolar, la precariedad laboral, el desempleo y mejorar el sistema de protección social, son algunas de las claves para evitar que los colectivos más desfavorecidos se sientan atraídos por su discurso del odio.

     
  • mesmontse 4:49 pm el 31 May, 2020 Enlace permanente | Responder
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    ESPAÑA: Las protestas anticuarentena y la agenda de las derechas radicalizadas 

    Entrevista al abogado hispano-chileno Gonzalo Boye, asesor del Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales de Berlín y del Centro palestino para los Derechos Humanos de Gaza. Boye forma parte del equipo jurídico que defiende a Edward Snowden y dirige la defensa del ex presidente catalán Carles Puigdemont exiliado en Bélgica, y de artistas españoles condenados por la conocida como Ley Mordaza de 2015.

    “En Madrid hay grupúsculos que quieren forzar una situación golpista”, señala el abogado Gonzalo Boye

    Los de la cacerola

    Las manifestaciones de una parte de la derecha española en el barrio de Salamanca de Madrid no son una anécdota, sino un aviso. Así lo considera el abogado Gonzalo Boye, preocupado por estos movimientos demagógicos que intentan sacar rédito de una crisis tan profunda como la de la pandemia de COVID-19, y  por la posibilidad de que las altas instancias judiciales quieran aprovecharse de la situación.  

    JOSEP CASULLERAS NUALART / VILAWEB

    – ¿Cómo se vive el confinamiento en Madrid, con la gestión tan polémica de la presidente  Ayuso? (N.de la E. la Comunidad de Madrid está gobernada por una coalición de las tres derechas españolas)

    – Pienso que estamos en uno de los peores lugares donde se puede estar ahora, porque estamos en manos de unos irresponsables que no saben manejar sus vidas y muchos menos las del resto de ciudadanos. Me parece muy temerario todo lo que hace el gobierno de Madrid. Pienso que se sitúan todavía en un estado de cosas anterior al estado de emergencia.  

    -¿Hay por ello una cierta percepción de alarma entre la gente de Madrid?

    -Todos nosotros experimentamos las consecuencias del confinamiento, de no tener ingresos, del peligro de la pandemia en sí, pero con la gente de Madrid con quien hablo casi todos los días, que son amigos, tenemos la sensación de que la gran mayoría de los ciudadanos son muy responsables, y pensamos que el sacrificio vale la pena en beneficio de la salud pública. Pero hay grupúsculos que están con la mente puesta en una pantalla anterior, tratando de forzar una situación muy golpista. Empezando por la presidente de Madrid, que por intereses económicos y políticos nos quiere empujar a una coyuntura muy peligrosa. No estamos como para que la gente empiece a cometer irresponsabilidades como las que vemos en el barrio de Salamanca.

    – Las imágenes de las protestas de la derecha en el barrio de Salamanca de Madrid, ¿son anecdóticas o sintomáticas de algo que se está cocinando?

    Yo pienso que esto es un aviso. Hay un determinado sector que dice que no permitirá que la crisis sea  asumida entre todos, sino que quieren que la asuman los siempre, es decir, los más desfavorecidos. Y  les molesta todo. Siempre han tenido esta actitud cuando no gobiernan ellos. Si ellos gobernaran estoy seguro que pedirían lealtad, corresponsabilidad y sentido común. Pero ahora se dedican a lo contario.

    Yo vengo de un país (el abogado González Boye es chileno)  donde mis vecinos hacían  estas mismas cosas, o sea calentar el ambiente para justificar cualquier tipo de actuación. Esto es irresponsable pero los retrata.

    – Salen a hablar de libertad en un momento delicado, cuando el estado de alarma implica ceder derechos y libertades. Se aprovechan de las circunstancias…

    -La libertad sólo es libertad cuando es la de todos, no sólo la de unos cuantos privilegiados. Si no, no es libertad, es abuso. Muchos dicen que quieren la igualdad pero sólo la igualdad entre ellos. No me encontrarán a mí en la trinchera de los que se oponen al pleno ejercicio de derechos y libertades básicos, pero ellos no piden libertad, sino que hacen un discurso muy demagógico para intentar plantear como libertad, “su” libertad en detrimento de la salud de todos. Porque cuando ellos caigan enfermos no irán a la clínica privada, porque ahí no tendrán la capacidad de curarlos: irán a la sanidad pública que pagamos entre todos. Y las camas que ellos utilizarán por  irresponsables son las que tienen que ser para la gente que ha estado dispuesta a someterse a una serie de restricciones, con las que se puede estar más o menos de acuerdo.  Yo no estoy de acuerdo con la forma legal que se ha utilizado, pero sí con el hecho de que nos teníamos que confinar todos.

    ¿La gestión del gobierno de Pedro Sánchez puede haber dado alas a estos grupúsculos con discursos demagogos?

    -La gestión del gobierno español debe analizarse en diferentes planos. Desde el punto de vista de la comunicación, creo que ha sido nefasta. Cualquier buen equipo de comunicación debe estar capacitado para comunicar incluso en un holocausto nuclear. Pero desde el punto de vista de la gestión, aunque una pandemia puede desbordar la capacidad de cualquiera, ello no excluye que el gobierno se ha equivocado en muchas cosas. Entre ellas, está no haber contado con las Comunidades Autónomas, que son las que han de ejecutar las políticas que implementa el gobierno español.

    En vez de ir hacia delante, hacia un modelo republicano y federal, vamos hacia un modelo monárquico y centralista. Y aprovechar la pandemia para hacer esto pienso que es un error no político,  sino histórico.

    ¿Por qué cree que ha pasado? ¿Por qué este Gobierno ha aprovechado la pandemia para hacer esta recentralización tan fuerte?

    Porque, entre otras cosas, pienso que todos somos sujetos del miedo y  ante  el miedo se reacciona de muchas maneras y algunas no son las mejores. Y sin duda la forma en que actuó el gobierno español no era la adecuada. Debería haber escuchado un poco más, debería haber compartido algo más y coordinar con todos.

    -¿Es una cuestión de miedo? ¿No ha habido una voluntad de aprovechar la situación para recentralizar más y de paso contener el problema territorial con Cataluña?

    -El miedo es una excusa para hacer lo que ya se lleva muy adentro. Piense que es un gobierno de coalición que va de izquierda a derecha, de Alberto Garzón (de Unidas Podemos) a Fernando Grande-Marlaska (ex magistrado de la Audiencia Nacional y actual ministro del Interior) y nos encontramos de todo en el medio, desde alguien que es claramente federalista y de izquierdas a una persona reprobada cinco veces por Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber investigado torturas. Las coaliciones tienen eso.

    -Y al final manda quien manda…

    Y algún día averiguaremos quién manda. Para que haya una recentralización de estas características se requiere una logística política mayor que la de un consejo de ministros.

    -¿Y Podemos no pudo hacer nada?

    -Algún día lo sabremos. No creo que sea ni el lugar ni el momento, porque todavía no tenemos los datos para saber cómo han pasado las cosas. Y por supuesto, me parece que hoy el Consejo de Ministros no es un lugar cómodo. En ningún gobierno lo es.

    -¿Es tan incómodo como para que sea inevitable el retorno de la derecha al poder en España?

    -Hay una derecha muy radicalizada, que es la de Vox; otra derecha radicalizada que es la del PP; otra que navega entre aguas, que es la de Ciudadanos; y otra que es la de (el ministro del interior) Grande-Marlaska. Hay muchas derechas, eso es evidente.

    Pienso que el gobierno español resistirá la salida de la crisis. Las propuestas que hace la derecha son absurdas, las que hace la derecha radicalizada son como las de Trump o de (Boris) Johnson.

    La derecha recurre a la judicialización de la política

    -Esta derecha vuelve a utilizar la vía judicial con el anuncio de querellas (contra el gobierno de Sánchez por la gestión de la pandemia). ¿Hasta dónde puede llegar esto?

    -En términos jurídicos no tendría recorrido. En términos políticos, vaya a saber, porque las altas instancias jurídicas, que serían las llamadas a resolver estos casos, ya han participado abiertamente en política y hace mucho tiempo que lo hacen.

    Basta leer las declaraciones recientes del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León [José Luis Concepción, diciendo que «el gobierno español utiliza la paralización del país para fines distintos de los de salvar a la gente de la enfermedad»], que son gravísimas. Y basta con leer el artículo de opinión de la fiscal de sala del Supremo [acusando al gobierno de Pedro Sánchez de «aplicar un estado de excepción encubierto con intereses espurios»].

    Hay gente allí que se siente muy identificada con esto y que posiblemente podría hacer uso de sus posiciones para pasar factura e intentar modelar el escenario político post-COVID.

    -Y hay tanta gente afectada por esta crisis, desde el punto de vista de la salud, del económico y social, que se puede sentir identificada con estas demandas.

    -Por eso esto debe limitarse. Primero no sabemos quiénes son los responsables ni sabemos ni siquiera si hay responsables (de los errores en la gestión de la pandemia). Entrar en estas teorías a mí me parece tremendamente peligroso, y  propiciar que se vuelva y se insista en la judicialización de la política es de una gran irresponsabilidad. Porque, además, ¿donde ponemos el límite? ¿Lo ponemos en la Moncloa? ¿En el gobierno de la Generalitat? ¿En los ayuntamientos? Responsables hay muchos y diría incluso que somos todos.

    -Pero hay situaciones concretas que pueden tener unos responsables claros e identificables. Por ejemplo en la prevención o en la gestión de las residencias de gente mayor.

    -Sin duda, pero mi pregunta es: ¿de qué carácter son estas responsabilidades?

    -¿Negligencia?

    – Hay responsabilidades de carácter político. Existe el problema de las residencias y también el de los recortes que han llevado a una sanidad que no tiene recursos suficientes. Pero estas son responsabilidades políticas, no judiciales. No demos ni un centímetro de margen a la judicialización de la política, porque creo que en Cataluña somos muy conscientes de lo que ha significado esto.

    -¿Nos podemos encontrar con eso cuando se reactive a pleno ritmo el trabajo de la Justicia?

    -Ahora los plazos procesales se han detenido, excepto de las causas que afectan a derechos fundamentales,  aunque  la próxima semana el Tribunal Supremo me ha programado una deliberación y decisión de un tema que incluso tiene prohibido de deliberar, pero harán lo que quieran. Sin duda, tenemos un problema serio con Justicia y lo que pondrá de manifiesto esta crisis es que la Justicia es la hermana pobre de la administración pública desde hace ya muchos años y que con esos recursos poco se puede hacer. Por ejemplo: las aplicaciones informáticas que se utilizan en los juzgados para trabajar no permiten el teletrabajo. Pero esto es algo que hace más de quince años que se sabe. Habiendo herramientas que permitirían el teletrabajo en la administración de justicia con las debidas garantías, éstas no están a disposición de la Justicia. Y eso no es culpa ni del gobierno de Cataluña  ni del gobierno de Pedro Sánchez. Es culpa de todas las administraciones anteriores, que no se han ocupado.

    ¿Habrá un colapso en la administración de justicia?

    -¡No me lo quiero ni imaginar! Los abogados trabajamos con diferentes escenarios, tenemos algunos recursos medio preparados y  todo el material bien ordenado, porque habrá una avalancha de resoluciones sobre las que tendremos tres, cinco o diez días, cuando nos las notifiquen, quedaremos inundados y eso nos colapsará.

    El riesgo de involución en España

    ¿Cómo cree que puede evolucionar esta crisis? ¿Puede haber pulsiones autoritarias que se impongan en España?

    -Hay gente que piensa que todavía podemos salvar piezas de la vajilla y rehacer una taza como la que teníamos antes. Ahora tenemos que fabricar una nueva vajilla.

    El ser humano llegó a creer que el mundo era pequeño y que con la globalización podía con todo, que podíamos comer mangos que anteayer estaban en Colombia o en México. Y ahora tenemos que empezar a pensar en pequeño, a redimensionar nuestras vidas.

    Me parece que se demuestra que es más fácil  gestionar países pequeños que no grandes. Es más sensato consumir productos de proximidad. Y desde un punto de vista político, hay gente que quiere aprovechar esto, no para volver a situarnos en el 12 de marzo (antes de la declaración del estado de emergencia) , sino en 1977.  No tengáis ninguna duda. Y eso es muy peligroso. Si se saldrán con la suya o no, dependerá de nosotros.

    -¿En qué sentido?

    -O bien nos plantamos y nos ponemos firmes exigiendo nuestros derechos y nuestras libertades o nos daremos cuenta de que al final, el confinamiento era la mejor cosa que nos podía pasar.

    El recorte de libertades puede ser brutal. Ayer leía una orden de servicio de un teniente general de la Guardia Civil que hablaba de peinar las redes sociales por los conflictos sociales que pueden aparecer cuando haya el desconfinamiento. ¡Están hablando de que por unas protestas ciudadanas, que tenemos el derecho de hacer, se hará un rastreo de las redes por si hay desafectos!

    ¡Donde se ha visto esto! Eso no tiene cabida en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos ni en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. No cabe en la UE, por más que existan (casos similares) en Hungría y Polonia, otra cosa es querer parecerse a ellos.

    Ya había síntomas de esto antes. La unidad con la que la Guardia Civil controla a los desafectos al gobierno fue impulsada a raíz del 1-O (fecha del referéndum por la autodeterminación de Cataluña convocado unilateralmente por el gobierno catalán en 2017)

    En realidad la Guardia Civil comenzó a rastrear las redes en las operaciones Araña 1, Araña 2 y Araña 3. A raíz de Araña 1 fue condenado el músico César Strawberry por unos tuiteos humorísticos que publicó en la red. Y el Supremo volverá a deliberar sobre el caso por más que el Tribunal Constitucional haya anulado la sentencia por entender que se había vulnerado el derecho de libertad de expresión. Esto no empezó el 1-O. El 1-O se salió de madre. Pero el rastreo en la red comenzó antes, y ahora el Supremo quiere insistir en el mismo criterio que utilizó para reprimir artistas como César Strawberry.

    -¿Cómo puede hacerlo el Supremo si el TC anuló la condena?

    -Nosotros hemos planteado un recurso en el que recordamos que hace treinta años se cerró esa doctrina,  pero el presidente de la sala segunda del Supremo ha convocado esta deliberación que en realidad no pueden hacer. Nadie puede estar sometido a estos vaivenes represivos, menos sobre algo que ya se cerró.

    ¿Qué le parece la actitud del juez Marchena durante la crisis, cuando amenazó a los funcionarios de prisiones para los presos independentistas catalanes no pudieran cumplir el confinamiento en sus domicilios? (N.de la E. el juez Marchena es magistrado del Tribunal Supremo y presidió el Tribunal que juzgó y condenó a los líderes independentistas catalanes)

    -Es que se ha quedado en la pantalla anterior de la crisis de la pandemia. La gente está preocupada por su salud y por su supervivencia, y no puede ser que nos distraigan con situaciones que, además, no tienen apoyo legal. Un Tribunal Supremo no puede emitir notas de prensa advirtiendo a  funcionarios de prisiones sobre lo que tienen que decidir. Ya decidirán ellos de acuerdo con sus criterios sin necesidad de estas advertencias, impropias de ningún tribunal. Pero así es la gente del barrio de Salamanca, o los que salen a pedir elecciones. ¿Alguien se piensa que con el enorme problema  que tenemos ahora, como no lo habíamos tenido en la vida, tenemos que preocuparnos de eso? Es una burla, y una muestra de desubicación.

    Los casos de los políticos catalanes y la justicia española


    -Viendo cómo actúa el Supremo, ¿piensa que tienen prisa por resolver el caso del presidente Torra? (N. de la E. el presidente de la Generalitat Quim Torra está acusado de desobediencia por no retirar los lazos amarillos en recuerdo de los políticos catalanes presos, de los edificios oficiales, y se enfrenta a una pena de entre 8 meses y 1 año de inhabilitación).

    -Es difícil predecirlo. Ahora estamos pendientes de que el ponente haga una propuesta en la sala de admisión sobre el recurso que presentamos. Entiendo que las cosas irán por el camino normal, teniendo en cuenta que este año hay unos doscientos recursos acumulados pendientes de resolverse, antes que el del presidente Torra. No creo que hagan pasar este caso por delante del de tanta gente. No quiero pensar que sea así.

    -No desea pensarlo pero tenemos experiencia sobre la rapidez con que tratan los casos relacionados con Cataluña y con el proceso (de independencia)…

    -Sí, pero insisto: si yo tuviera un recurso presentado antes del recurso del presidente Torra, me molestaría mucho si resolvieran el suyo antes que el mío. Creo que las formas son importantes, y hay que tener presente una cosa. El presidente Torra, por ser aforado, no ha tenido derecho a recurrir a una segunda instancia. Imagínese, que no admitir  a trámite un recurso bien formulado sería privarlo de este derecho. No creo que nos hagan un regalo así para presentarnos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ni siquiera ante el Tribunal Constitucional.

    Han pedido presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo (el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), también.

    -Sí, y aún se tienen que pronunciar.  Hay muchas cuestiones pendientes todavía, y los plazos procesales están suspendidos (por la pandemia) para las causas que no son urgentes. Y ésta no es urgente.

    -¿Cuando se levantará esta suspensión?

    -Todo está vinculado al estado de alarma, que no creo que sea la forma jurídica adecuada para encarar esta crisis, pero es la que hay ahora. De momento tenemos que procurar que todos salgamos vivos. Y los que piensen que eso no es un problema,  se equivocan.

    El conflicto entre Cataluña y el Estado español


    ¿La crisis del coronavirus puede redefinir la relación entre Cataluña y España?

    -La Generalitat ha demostrado que trabaja con criterios bastante científicos y bastante próximos a la realidad. Se debería aprender de las propuestas que se han ido haciendo, empezando por la del confinamiento total. Un Estado sensato tiene que darse cuenta que la proximidad a los problemas es un recurso necesario para dar una respuesta mejor. Cuando la Generalitat acordó el confinamiento de la cuenca de Òdena, en Madrid mucha gente no sabía ni dónde quedaba la ciudad de Igualada. Tampoco en la Moncloa. (N.de la E. alrededor del Hospital de Igualada, se detectó en el mes de marzo el primer foco de coronavirus en Cataluña, que se extendió por cuatro municipios de la comarca –Cuenca de Ódena- donde viven unas 70.000 personas. El gobierno catalán quiso aplicar el cierre total del área pero el gobierno de Pedro Sánchez lo prohibió alegando que sólo su ministerio de Sanidad puede tomar este tipo de decisiones).

    -¿Qué percepción ha habido en Madrid sobre la forma en que el gobierno catalán ha gestionado la crisis?

    -Hay algunas percepciones erróneas, y algunas otras que dicen que el más sensato ha sido Torra. Y ha sido así. Porque es fundamental que quien gobierna se rodee de un buen equipo y lo escuche. Y es como lo ha hecho. No se trata de que nadie se ponga medallas pero tampoco que lo linchen.

    ¿Cómo piensa que esta crisis puede afectar el movimiento independentista?

    -Es un buen momento para que la gente se dé cuenta de cosas que cada día son más necesarias. La política se debe redimensionar, y la respuesta que da Berlín no es la misma que da Hamburgo, por ejemplo. La dimensión geográfica será más limitada y se deberá tener claro que habrá más actores. Y eso afecta lógicamente Cataluña. Porque Cataluña debe hacer una política catalana.

    -¿Y si no se la dejan hacer? ¿Y si en vez de entender esto España centraliza más, como ya hemos visto?

    -La situación en el futuro será conflictiva. La cuestión es en qué términos se presente el conflicto. Y yo creo que se debe hacer de manera colaborativa. Es decir, Cataluña y España deben colaborar la una con la otra. Pero Cataluña también debe colaborar con Francia, con la Unión Europea, y la UE con Portugal, con Alemania, con Cataluña…  Seremos regionalmente más interdependientes pero cada uno con sus aspiraciones  y necesidades. Los problemas que mañana tendrá que encarar Cataluña no tienen nada que ver con los que se enfrentará Extremadura.

    -España podría pensar que con esta crisis tiene una nueva oportunidad de resolver el conflicto con Cataluña con inteligencia política, y no con mano dura, pero no lo hace.

    -Cuando la gente está nerviosa manifiesta su peor parte. Cuando estén más serenos seguramente serán capaces de considerar  en utilizar la inteligencia histórica en lugar de la inmediatez política.  Una cosa es como te recuerde el diario de mañana, y otra es como te recordará el libro de Historia dentro de cien años. Es una oportunidad única y quienes tengan una visión de estadistas la sabrán aprovechar.

    Y ya veremos donde decide situarse Pedro Sánchez…

    -Es su desafío, no el nuestro. Si yo fuera él quisiera salir en el libro de Historia.

     
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