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  • mesmontse 9:22 pm el 18 June, 2020 Enlace permanente | Responder
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    LAWFARE – LIBROS: El abogado de los políticos catalanes relata la guerra judicial contra los independentistas 

    El abogado chileno Gonzalo Boye, relata en el libro Así están las cosas, la persecución judicial contra el independentismo catalán, y el costo personal y profesional que tiene defender al ex presidente del gobierno de Cataluña, hoy exiliado en Bélgica.

    Gonzalo Boye: el costo personal de ser el abogado del ex presidente de Cataluña

    Así están las cosas': la estrategia exterior de Puigdemont después ...

    En ‘Así están las cosas’ (Roca Editorial), el abogado hace un relato frenético del día a día de la estrategia que ha vuelto a parar los pies a la represión judicial española

    JOSEP CASULLERAS NUALART / VILAWEB

    En el mes de agosto del año pasado el abogado Gonzalo Boye pasaba un momento muy complicado. La estrategia para hacer posible que el ex presidente del gobierno de Cataluña Carles Puigdemont y el ex consejero Toni Comín se sentaran en el Parlamento Europeo como eurodiputados electos, aún no había fructificado, aunque ya se habían puesto las bases para que fuera posible unos cuantos meses después y era una cuestión de tiempo que madurara.

    Pero la percepción que había quedado en la opinión pública -y  sobre todo en la publicada- era que había habido un fracaso. La causa, sin embargo, iba encarrilada y a Boye seguramente le preocupaba mucho más otra cuestión: hacía poco que había sabido que un individuo investigado por narcotráfico, Manuel Puentes Saavedra, de repente había querido declarar ante el juez para incriminar al abogado en un caso de blanqueo de capital. En compensación, el tal Puentes Saavedra fue puesto en libertad. El abogado Boye vio en aquella maniobra extraña el comienzo de una persecución de consecuencias imprevisibles.

    Fue durante aquellos primeros días del mes de agosto, que Boye recibió en su casa, en Madrid, la visita de su buen amigo Wolfgang Kalecki, un reconocido abogado penal y fundador del Centro Europeo por los Derechos Humanos y Constitucionales en Berlín. (N.de la E.: Este Centro con sede en Berlín denunció en su momento ante la ONU, que se estaban haciendo «denuncias de mala fe procesal» contra Boye para «desalentarlo en el ejercicio legítimo de sus deberes profesionales» y que la investigación iniciada por la Audiencia Nacional española pretendía «destruir la reputación y experiencia profesional de Boye»).

    Cuando se despidieron, Kalecki le dijo algo que le quedó grabado: «Cuídate mucho, amigo, van detrás de ti, pero ya sabes que nuestro trabajo es importante y que mucha gente depende de esto que hacemos».

    Kalecki estaba al tanto de la declaración del investigado por narcotráfico que petendía implicar al abogado Boye, y veia venir una campaña de lawfare contra Boye, tal como terminó ocurriendo.

    Todo ello lo explica el abogado chileno en el libro Así están las cosas (Roca Editorial), que llega hoy a las librerías. Un libro con un subtítulo que lo dice todo, «Como ganamos en Europa», es decir, explica la estrategia jurídica que durante todo el año pasado dejó  nuevamente retratada a la  justicia española en Europa en su persecución contra el independentismo catalán, pero que tiene un segundo nivel de lectura, latente durante todo el libro – y más inquietante- que es el coste personal y profesional que tiene y que puede tener todo esto para el abogado.

    Así están las cosas es una continuación de su libro anterior .. Y ahí lo dejo (Roca Editorial, 2019), tanto en el contenido como en el ritmo con que Boye repasa mes a mes, día a día, su ir y venir, a un ritmo tan vertiginoso, tan frenético, que agota sólo de pensarlo. Pero, la conversación es profunda y lleva el debate jurídico de contraponer las arbitrariedades que se cometen en la jurisdicción española con las garantías que ofrece la jurisdicción europea o internacional. A están las cosas es el día a día en el desenlace de una estrategia pensada así, con este esquema, aplicado desde el momento mismo que se hizo cargo, en otoño de 2017, de la defensa del presidente Puigdemont y de algunos exiliados.

    Las fichas del dominó van cayendo

    Aquel efecto dominó que pretendía Boye empezó a hacer caer las  piezas cuando un tribunal alemán desestimó la extradición por rebelión del ex presidente catalán Carles Puigdemont que solicitaba España,  y cuando la justicia belga y la escocesa frenaron las extradiciones de los ex consejeros del gobierno de Puigdemont.

    El libro es la recopilación de la experiencia en primera línea del abogado, siguiendo su agenda imposible, en la colocación de los artefactos jurídicos que han permitido que continuara el efecto dominó. Y que llegara, de momento, hasta la sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) del mes de diciembre pasado sobre Oriol Junqueras, reconociendo la inmunidad como eurodiputado del ex vicepreidente del gobierno catalán, y también la de Puigdemont y la de Comín, porque es una sentencia que trasciende el caso particular y fija doctrina sobre la protección de los cargos electos europeos contra las arbitrariedades de las autoridades estatales, en este caso las españolas.

    Boye ha sido víctima de mucho escarnio, porque una parte de la estrategia política y mediática contra los políticos catalanes exiliados, se ha basado en el desprestigio y la ridiculización, también contra el abogado.

    El empuje de las primeras victorias jurídicas en Bélgica y en Alemania hicieron precipitarse a  Boye, cuando dio por hecho en las declaraciones a los medios de comunicación que Puigdemont y Comín estarían en sus escaños en el Parlamento europeo en el mes de julio. Un error de cálculo, que se agrandó mediáticamente y que ocultó la victoria real, que era la admisión en la justicia europea del fondo del recurso que habían presentado, y que continuaba su recorrido.

    Los fundamentos jurídicos de ese recurso se encuentran reflejados incluso en la sentencia de diciembre sobre Oriol  Junqueras  y permitieron que justo al día siguiente el TUE dijera que efectivamente el día 2 de julio Puigdemont y Comín habrían tenido que estar en su escaño en Estrasburgo. Ese día precisamente, el ex presidente y el ex consejero corrieron un gran riesgo, según el relato que hace el abogado, que explica que el gobierno español tenía un dispositivo preparado para detenerlos y llevárselos inmediatamente a Madrid, en unos aviones fletados expresamente.

    El año 2019 que Gonzalo Boye explica en Así están las cosas  ya permite adivinar la trascendencia de lo que vendrá después, de la continuación de los envites jurídicos resueltos el año pasado, como la previsible inhabilitación del presidente actual del gobierno catalán, Quim Torra,  por parte de la justicia española. Y los suplicatorios al Parlamento Europeo de Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí (los dos últimos ex consejeros  del gobierno del presidente Puigdemont y actuales europarlamentarios)  que serán una oportunidad para contraponer las arbitrariedades de la justicia española con los estándares europeos. O por lo menos eso pretende Boye, que conviertan lo que él llama «el juicio al juicio» que permita exponer ante la Eurocámara todas las evidencias de persecución política que ha habido en estos casi tres años de cárcel y exilio.

    También está ese otro elemento del que le avisaba su amigo Kalecki, y que es latente de punta a punta del libro: la persecución de que es víctima el mismo Boye  e incluso su familia, con episodios como la entrada y registro de la policía española en su casa, con vaciado de su móvil y de sus correos incluido; la apertura de una causa en la Audiencia española; una orden de embargo de bienes; los actos de vandalismo que ha sufrido; y las limitaciones y los perjuicios que todo ello también a causado a su hija pequeña.  Es el coste personal que paga Boye y que él mismo reconoce que no sabe cómo acabará. De momento las cosas son así, y quien sabe cómo serán mañana.

     
  • mesmontse 9:23 pm el 9 June, 2020 Enlace permanente | Responder
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    ESPAÑA – LAWFARE: Informes policiales falsos y lluvia de querellas contra el gobierno 

    La Guardia Civil es uno de los denominados poderes fácticos del Estado español. La gestión de la crisis sanitaria del coronavirus ha llevado el cuerpo, orientado hacia posiciones reaccionarias y conservadoras, a enfrentarse directamente con el gobierno de coalición del  PSOE y Unidas-Podemos, con informes falsos que nutren la instrucción en los juzgados de una lluvia de querellas contra nueves altos cargos del gobierno y el epidemiólogo responsable de la respuesta a la crsis del Covid-19 en España.

    Informes falsos y persecución ideológica: la izquierda española “descubre” los métodos de  la Guardia Civil

    El cuerpo policial mantiene el pulso con la Moncloa después de días de mal ambiente por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, que ocupaba el cargo de Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid

    ROGER GRAELLS FUENTE / VILAWEB

    La Guardia Civil es uno de los denominados poderes fácticos del Estado español. La gestión de la crisis sanitaria del coronavirus ha llevado el cuerpo, orientado hacia posiciones reaccionarias y conservadoras, a enfrentarse directamente con el gobierno de coalición del  PSOE y Unidas-Podemos, con informes falsos que alimentan la instrucción de la magistrada del juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. Los hechos se han precipitado desde la destitución fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos ordenada por el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska. Después de cuarenta años, el PSOE “descubre” los métodos irregulares de la Guardia Civil, ahora que el cuerpo se ha vuelto contra la Moncloa, con el apoyo de la extrema derecha que se manifiesta en los barrios más adinerados de Madrid y ante la sede del PSOE.

    El ministro alega “pérdida de confianza” a la hora de tomar la decisión, pero lo más probable es que destituyera a Pérez de los Cobos porque  no le había informado de la investigación contra el gobierno español por la gestión de la pandemia que estaba llevando a cabo la Guardia Civil. La destitución llegó después de haberse publicado una filtración en  El Confidencial en la que se aseguraba que la Guardia Civil señalaba (como culpable) al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias español, Fernando Simón. Según publicaba La Razón, la Guardia Civil cree que Simón ocultó la información que tenía a finales de enero sobre el riesgo de contagio y que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades había desaconsejado actos multitudinarios seis días antes de las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Fernando Simón es la principal diana donde hasta ahora apuntan las investigaciones y los informes, pero es la vía de entrada (acusatoria) al Consejo de Ministros.


    El ruido de sables continúa y no parece que vaya a cesar pronto, como explicaba el jurista Joaquín Urías en una entrevista a VilaWe. Casi diariamente  hay novedades. El pasado jueves 4 se sabía que Pérez de los Cobos había sido recolocado bajo el mando del general de zona de Madrid, Santiago Caballero, para hacer “frente común en los próximos meses”, según fuentes que cita El Confidencial. El abogado Gonzalo Boye se preguntaba, precisamente, para qué servirá este “frente común” y contra quien.


    También el jueves, la Guardia Civil entregó a la juez un segundo informe con datos falsos y mentiras sobre la gestión de la pandemia, tal como lo desmontaba Eldiario.es. De hecho, los responsables del cuerpo no entregaron un informe a la juez, sino un resumen de prensa con artículos de medios de comunicación y una conversación fuera de contexto de la ministra de Igualdad española, Irene Montero (pareja del vicepresidente segundo Pablo Igesias), en la que comentaba que la menor afluencia a la manifestación feminista del 8 de marzo seguramente iba relacionada con el coronavirus. A continuación, se filtró a la prensa española. Paralelamente, Infolibre publicaba que la Guardia Civil, a petición de Pérez de los Cobos, había instado un supermercado a conservar unas imágenes del vicepresidente segundo español, Pablo Iglesias, sin máscarilla protectora, aunque no hay ninguna denuncia ni diligencias abiertas.

    El PP aprovechó la conversación privada de Montero, revelada por el ABC, para volver a atacar el gobierno español.

    No es sólo la investigación, lo que ha abierto una guerra interna entre el gobierno español y la Guardia Civil. El pasado jueves, el sindicato más grande de la policía española, Jupol, presentó una querella contra Fernando Simón y nueve altos cargos del Gobierno, y del mismo cuerpo policial,  por un delito «contra los derechos de los trabajadores» y otro de «prevaricación por la falta de material de protección adecuado entre los agentes» y «por haber permitido concentraciones como la del 8 de marzo en Madrid». La querella se suma a las que ya se han presentado en diversos juzgados contra el gobierno español por  la gestión sanitaria.

    Destituciones y dimisiones en la Guardia Civil

    Al día siguiente de la destitución de Pérez de los Cobos, dimitió el número 2 de la Guardia Civil, Laurentino Ceña. En la anterior legislatura, fue un hombre de máxima confianza del ex-ministro de Interior del PP Juan Ignacio Zoido, quien lo ascendió al cargo de director adjunto operativo. El ministro del Interior Grande-Marlaska, que llegó al cargo tras la moción de censura de junio de 2018, le mantuvo la confianza. El flamante ministro del Interior y ex juez, también mantuvo a Pérez de los Cobos en el cargo como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, un ascenso que le procuró el PP como agradecimiento a los servicios prestados por el coronel en Cataluña en el otoño de 2017(N.de la E.: Pérez de los Cobos dirigió el operativo que intentó impedir la consulta sobre la autodeterminación de Cataluña el 1 de Octubre de 2017, dejando un saldo de 1000 civiles heridos y unas imágenes que dieron los vuelta al mundo).  

     También renunció el teniente general Fernando Santafé, considerado el número tres de la Guardia Civil. Grande-Marlaska nombró a David Blanes como sustituto de Pérez de los Cobos, tras la negativa de tres coroneles a ser el relevo del destituido.

    No era la primera vez que Grande-Marlaska se enfrentaba a la Guardia Civil. En enero pasado, el ministro ya destituyó al ex director general del cuerpo, Félix Azón, por no haberle informado de la Operación Judas, que consistió en la detención de nueve personas vinculadas a los CDR (activistas vinculados al independentismo catalán)  y el encarcelamiento de siete de ellos durante tres meses en la prisión madrileña de Soto del Real.

    Esta estructura de la Guardia Civil que consolidó Grande-Marlaska, condenado por el Tribunal de Estrasburgo por haber hecho la vista gorda ante torturas de la Guardia Civil, ahora se ha vuelto contra el gobierno español y contra él mismo, dejándolo en una posición de debilidad y contra las cuerdas, con toda la derecha clamando por su dimisión o destitución.

    Pérez de los Cobos entró en el Ministerio de Interior español en 2006 como cargo de confianza del fallecido ex ministro del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y sobrevivió al cambio de gobierno manteniéndose en la estructura del ministerio con la llegada de Mariano Rajoy en la Moncloa en 2011. Posteriormente, trabajó codo con codo con el ex ministro de Interior del PP Jorge Fernández Díaz.

    Un largo historial contra la disidencia

    La izquierda española parece que ha descubierto ahora las artes de Pérez de los Cobos en el  Lawfare -guerra judicial- como la denunció el portavoz de Unidas- Podemos, Pablo Echenique. Si bien el PSOE ha convivido y ha tenido connivencia con las cloacas del estado, Podemos las ha padecido desde su nacimiento.

    La “policía patriótica” que le recordó Pedro Sánchez a Pablo Casado (líder del PP), el pasado miércoles desde la tribuna del Congreso español, atacó el independentismo con la llamada Operación Cataluña y también a  dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y al mismo Echenique.  Esta estructura a la sombra de la policía española se dedicaba a atacar la disidencia política con el régimen del 78, y el ex comisario José Manuel Villarejo sólo era la punta del iceberg.

    Las actuaciones irregulares de la policía española y la Guardia Civil, con la connivencia a menudo de los sectores más reaccionarios de la judicatura, la fiscalía y el gobierno español de turno, son bien conocidas por la disidencia vasca y catalana y también por los grupos vinculados a la protesta social. Basta recordar el caso recientemente de la diputada de Podemos Isa Serra, los montajes policiales y el seguimiento de activistas por parte de las brigadas de información o la causa contra los dirigentes políticos del independentismo catalán.

    Los informes falsos, las investigaciones prospectivas y las mentiras en sede judicial para perjudicar a la disidencia contra una cierta manera de ver y entender el Estado han formado parte de la normalidad durante las últimas cuatro décadas. El poso del franquismo sigue bien presente en la judicatura, en la monarquía, en los cuerpos policiales y el ejército, que junto con las empresas del Ibex 35 forman los poderes fácticos que controlan la actuación del gobierno español.

    Del imperio de la ley al imperio de la impunidad

    Si la Guardia Civil puede presentar informes falsos que muchos jueces asumen sin ponerlos en cuestión y puede mentir de manera descarada en los mismos reportes y en los juicios, ¿qué seguridad jurídica tienen los ciudadanos, especialmente aquellos que piensan, opinan y actúan diferente? En palabras del abogado Andreu Van den Eynde, si no hay consecuencias para mentir y falsear datos, ¿por qué los agentes de la Guardia Civil deberían decir la verdad? En sus discursos encendidos, los altos cargos policiales defienden siempre la unidad de España y el imperio de la ley, pero cuando atacan la disidencia, el imperio de la ley deja paso al imperio de la impunidad.

     
    • xuxuyoc450 11:16 pm el 9 junio, 2020 Enlace permanente | Responder

      La guerra jurídica se ha reactivado en la actualidad a través de las empresas estructuradas en la actividad delictiva y para metamorsearla necesitan de la mentira y sus estrategias en los medios y las redes, ideadas por los think tanks al servicio VIL de Bill Gates, la cara del boy scout de las fundaciones ilegales y dispuestas a hacer cualquier cosa. Sorprende ver que España, sumida en el dolor, el hambre, la enfermedad y la impotencia -pero nunca en la resignación, de ahí la fortaleza de Podemos- a causa del tenebroso caudillaje de Franco y sus genocidas por más de 35 años aún tenga que padecer las persecuciones medievales de la nueva Inquisición neoliberal. Las raíces del plan de neovasallaje y esclavitud están en las pretensiones de empresas SÍ ilegales, sobre todo de medios y redes informáticas que avanzan sobre la escasa masa cerebral que queda para formar el sí quiero matrimonial entre 10 patrones universales y gobiernos neonazis, que están convencidos de que hay que reducir la población mundial en un 80%, tal como se ve y se escucha en las declaraciones sinceras e ingenuas de varios mandatarios de la derecha europea, que quieren lejos a Sánchez y Unidos Podemos, y viendo a EEUU derrumbarse porquye no bastaron ni Hollywood ni Disneylandia para zombizar a los ciudadanos norteamericanos. No sólo se expresa antirracismo por la muerte de Floyd sino un profundo lamento por las injusticias cometidas por demócratas y republicanos en nombre de la «libertad», allí sí abrieron los ojos muchos ciudadanos. España debe apresurar militancia política, enderezar un verdadero estado democrático, archivar coronas y corrupciones legales y llamar a un plesbicito para suprimir esa guardia civil tan cargada de delitos y reemplazar por fuerzas ciudadanas escogidas la vieja fuerza militar que viene del golpe a la república. Hay que limpiar telaraña de los ojos y el pensamiento político antes que «jueces» dicten fallos a la usanza de las tierras sin ley.

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  • mesmontse 4:20 pm el 1 June, 2020 Enlace permanente | Responder
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    ESPAÑA: Los poderes fácticos abonan la idea de que el gobierno de Sánchez no es legítimo 

    En España hay ruido de sables, advierte Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional

    La democracia a vista de lápiz | Cataluña | EL PAÍS

    Esta semana que todos los aparatos e instituciones de la derecha española han alzado la voz como nunca contra el gobierno de Pedro Sánchez, el profesor ha recordado, de lo que ya se advirtió en su día, que contra Cataluña ensayaron lo que hoy puede ocurrir en toda España.


    JOSEP CASULLERAS NUALART / VILAWEB

    Joaquín Urías (Sevilla, 1968) es profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional español. Es uno de los intelectuales de izquierda españoles que estos últimos años ha alzado la voz contra los abusos políticos y judiciales que se cometían en la represión contra el independentismo catalán. Hace un año, siguió de cerca el juicio contra el proceso en el Tribunal Supremo, y lo que vio le impresionó, por la manera como la más alta instancia judicial española era capaz de retorcer la ley en servicio a la unidad de España. Y esta semana que todos los aparatos e instituciones de la derecha española han alzado la voz como nunca contra el gobierno de Pedro Sánchez, el profesor nos ha recordado, de lo que ya se advirtió en su día, que con Cataluña abrieron una puerta que nos lleva donde estamos ahora.

    -¿Cómo ve el aumento de la tensión política en España?

    -Una situación de crisis siempre tiene unas consecuencias políticas. Pasa cuando hay una guerra, una catástrofe … Y nuestra generación no lo había vivido antes. A raíz de la pandemia, se ha polarizado aún más la sociedad y suben posiciones extremas, mucha gente reclamando cosas imposibles … Son las olas típicas de las situaciones de crisis.

    -¿Qué particularidad tiene esta crisis?

    -Que ha coincidido con un gobierno débil que se consiguió con una coalición electoral y que no tiene una mayoría parlamentaria fuerte, un gobierno que llegó inicialmente al poder con una moción de censura que hizo mucho daño a la derecha española. En estas circunstancias, ahora hemos visto que hay una parte del electorado que considera ilegítimo este gobierno y esto estalla con la crisis. Hemos visto los repiques de cacerolas, las protestas en las redes diciendo que el gobierno no era legítimo y debía dimitir, que había que nombrar un gobierno técnico … Hay un gobierno muy débil a escala parlamentaria y social y esto ha hecho que la crisis sanitaria tenga un efecto político, como mínimo, inquietante.

    -Usted dijo con motivo del ataque de Álvarez de Toledo al padre de Pablo Iglesias: «Es una estrategia deliberada para hacer ruido de sables contra el gobierno legítimo. Y en estos momentos eso es muy grave». ¿Puede explicarlo? (N. de la E. La portavoz del PP, la hispano argentina Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, le espetó en el Congreso al vicepresidente segundo Pablo Iglesias, «usted es el hijo de un terrorista, a esa aristocracia pertenece, a la del crimen político». El padre de Pablo Iglesias, de joven, fue militante antifranquista en la Federación Universitaria Democrática)

    -Hizo una intervención para incentivar el ruido de sables contra el gobierno. Yo creo que sí, que hay ruido de sables, sinceramente. En el sentido de que en España quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza, que son los cuerpos de seguridad y el Ejército, ideológicamente todavía están muy cerca de planteamientos casi preconstitucionales, sobre todo en algunas materias – como se vio en Cataluña- como es el caso de la unidad de España.

    Esta falta de compromiso constitucional de quien tiene el monopolio de la fuerza hace que la policía, sobre todo, sea muy susceptible de manipulación por parte de la ultraderecha. Y las noticias falsas calan con mucha facilidad entre la policía, la Guardia Civil, el Ejército.

    No es que vaya a haber un golpe de Estado, pero ya está pasando que en las filas de la policía y el Ejército se está diciendo continuamente que el gobierno no es legítimo, se están apoyando manifestaciones de la ultraderecha, muchos días vemos policías que aplauden a los manifestantes, que se añaden, que no los identifican, que no cumplen su función … de ello se puede decir ruido de sables, no por una amenaza directa de golpe de Estado, pero sí como un aviso de los que tienen el monopolio de la fuerza, que dicen «estamos aquí».

    Los poderes fácticos intentan doblegar al gobierno salido de las últimas elecciones

    -No ve posible un golpe de estado, pero ¿hasta dónde puede llegar este ruido de sables?

    -Eso es muy complicado. Estamos en una situación inédita en la democracia española. En la Constitución hay un reparto de poderes, sobre quién manda, el presidente del gobierno, etc. Pero por debajo hay algo que se llama la constitución material, que es la definición de quien manda de verdad, quien tiene el poder. La constitución material significa que el rey tiene un poder, la Iglesia tiene un poder, el Ejército tiene un poder … Son los que realmente tienen un poder fáctico y no un poder institucional. Pienso que ahora estos hacen una llamada de atención a quienes tienen el poder legítimo.

    Tenemos un momento de conflicto entre la constitución material, -los que mandan de verdad- y la constitución formal. Y en este conflicto, la policía, el Ejército, las grandes empresas, la monarquía, parece que intentan doblegar la voluntad popular expresada en las últimas elecciones.

    Eso que usted llama «constitución material», ¿es el ‘deep state’ (estado profundo), que se activa?

    -Exactamente. Pero el concepto de constitución material lo explica mejor. Una cosa es quien manda de verdad en un país. Y quien manda es quien tiene la sartén por el mango, quien tiene las empresas, la capacidad de influir …

    Esta gente normalmente se someterá al poder formal, legítimo, pero en este momento quieren hacer valer su capacidad de incidencia y no aceptan los resultados electorales de las últimas elecciones y los quieren doblegar mediante la presión.

    ¿La destitución de Pérez de los Cobos es un síntoma de este conflicto? (N.de la E. Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, fue destituido hace pocos días como responsable de la Guardia Civil de Madrid, por el Ministro de Interior).

    -Sinceramente, pienso que todavía no sabemos por qué han destituido a Pérez de los Cobos. Algunos dicen que lo han echado porque no dio acceso al ministro a una determinada información, que sería algo irregular, pero en cambio hay quien dice que no, que tal como insinúa, estaba metido en esta presión al gobierno, y hay otros que hablan de una lucha de poder dentro de la Guardia Civil. Yo no lo sé.

    -Pero mire cómo lo glorifica la derecha, cómo usa la destitución como arma contra el gobierno de Sánchez.

    -La destitución de Pérez de los Cobos ha sido torpe, porque ha dado argumentos a los que quieren presentar al gobierno como un gobierno que odia a la policía y al Ejército, precisamente para sublevarlos. Por eso pienso que ha sido un error indisponerse con la Guardia Civil. Pero tampoco sé muy bien la causa de la destitución. Donde se ve bien esto que le explico, es en la reacción de la policía hacia las manifestaciones ilegales (de la derecha) de la semana pasada.

    -¿Permitiéndolas?

    -Eran manifestaciones que no estaban comunicadas, que no respetaban el estado de alarma, salían a la calle sin haberlo comunicado y poniendo en peligro la vida de todos. Pero la policía no identificó a nadie, no procedió a comprobar si había habido infracciones, tal como dice la ley que debe hacer, no disolvió ninguna manifestación, y hay un montón de imágenes de policías añadiéndose y aplaudiendo.

    Cuando la policía apoya actos ilegales y delitos porque ideológicamente coincide, esto es un aviso muy importante para la sociedad.

    -Ni (el ministro) Marlaska ni ningún mando político de Interior hizo nada ante eso. ¿Es un signo de debilidad?

    -Claro, pero entonces en vez de destituir al coronel de la Guardia Civil ahora -que queda como que lo han destituido para defenderse de una investigación judicial, transmitiendo una imagen muy negativa- yo habría entendido perfectamente que el Ministerio de Interior hubiera dicho a los mandos intermedios de la policía «o cumplen su deber e identifican a los manifestantes y dejan de mostrar sus preferencias políticas, o los destituyo». Y hacerlo en el marco de las manifestaciones ilegales de la semana pasada que ponían en peligro la cuarentena, que era cuando había que dar un golpe de fuerza. Pero hacerlo en el marco de una investigación contra el gobierno es un error. (N. de la E. la investigación judicial que estaba realizando la Guardia Civil, se inscribe en el marco de la denuncia que presentó el PP contra el Ejecutivo de Sánchez por haber permitido las manifestaciones del 8 de marzo, que según los denunciantes habrían favorecido la dispersión del coronavirus.)

    Lawfare: en España una parte del poder judicial está fuera del respeto a la ley

    ¿La Guardia Civil y la policía española van por libre, entonces? ¿Qué está pasando?

    -En España hay una cierta connivencia con la policía, se apoya a la policía haga lo que haga. También lo vemos mucho en una parte del poder judicial. Es lo que conocemos como guerra jurídica (lawfare), es decir, se manipulan las leyes de tal manera que se pueda hacer daño al gobierno, o incluso hacerle torcer el rumbo. Y en este marco hay una parte de la Guardia Civil, de la policía y de la judicatura que se van cubriendo entre ellos y se sienten con la legitimidad de no aplicar las leyes como deberían aplicarse.

    La derecha y la extrema derecha utilizan en su favor esta dinámica que usted explica, y la cúpula judicial está en sintonía con ellos. ¿Cómo puede terminar esto?

    Esta crisis es muy grave, es de legitimidad democrática. El poder judicial debe ser neutro para que funcione el estado de derecho.

    La esencia del estado de derecho es que las decisiones políticas se toman en un parlamento elegido por el pueblo y que el poder judicial es neutro, es decir, que aplica la voluntad del parlamento. Y punto.

    Hace años que en España una parte del poder judicial no es neutro, y todo comenzó en el caso de Cataluña. A raíz del referéndum del Primero de Octubre y el proceso independentista catalán, hemos visto como el poder judicial iba mucho más allá de lo que dicen las leyes. Es que en el juicio a los políticos independentistas el Supremo no era el tribunal competente. Y el delito que se aplicó no existía, se lo inventaron. Toda la condena a los políticos independentistas es un ejemplo de la forma en que el poder judicial se inventa leyes que no ha votado el parlamento, diciendo que aplican la ley pero en realidad se la inventan. Vienen a decir que organizar manifestaciones es una especie de sedición, y se inventan la sedición en unos términos que no se habían aplicado nunca. Pero también se inventan sus competencias, y dictan sus propias leyes. Cuando se acepta que para defender unos principios, como la unidad del Estado, el poder judicial ya no es neutro y ya no aplica la ley sino que se la inventa, se abre una puerta que nos lleva a donde estamos ahora.

    -¿Y dónde estamos ahora?

    Ahora una parte del poder judicial ya está fuera del respeto a la ley, y creen que las leyes las pueden manipular porque los principios son más importantes que las leyes.

    Dicen que la unidad de España es más importante que el texto concreto del código penal. O sea, que se inventan el código penal porque quieren proteger la unidad de España. Esto mismo que pasó en Cataluña lo pueden aplicar en la situación actual.

    Después de lo ocurrido en Cataluña, el siguiente paso en esta pérdida de neutralidad del poder judicial es que si la mayoría de los jueces de la cúpula judicial piensan que este gobierno es ilegítimo, ellos se sentirán legitimados para retorcer las leyes y las normas jurídicas para tumbar al gobierno.

    No creo que esto pueda llevar a una rebelión armada, no. Pero sí hay un riesgo de que el poder judicial vaya más allá del papel que le otorga la Constitución y que el poder judicial pervierta el sentido del estado de derecho. Ellos tienen la sartén por el mango pero deberían aplicar la ley que ha aprobado el parlamento, y en cambio aplican la ley que se inventan ellos.

    -¿Hasta el punto de hacer caer el gobierno?

    No sé si hacerlo caer, pero hay esta ofensiva y unas querellas en marcha. El poder judicial debería decir que son asuntos políticos y que no entrará en ellos. Pero en vez de eso, parece que hay unos jueces que lo fomentan. Es un disparate, asistimos a declaraciones públicas de los jueces contra el gobierno. Los jueces que invocan la independencia de los tres poderes piensan que su independencia consiste en que nadie puede criticar una sentencia judicial. Y piensan que la independencia de los poderes permite que ellos puedan hacer declaraciones en público, en la prensa y con su nombre, diciendo que el gobierno no es legítimo, que no le gustan las leyes (que legisla el Parlamento), que lo hace mal … Pues eso precisamente atenta contra la independencia de los poderes. La situación es delicada y no sé cómo acabará, pero no tiene buena pinta para un país democrático que los jueces estén en los medios fustigando al gobierno.

    -En Cataluña mucha gente piensa que cada uno cosecha lo que siembra. Por ejemplo, la abogada del Estado Rosa Seoane denuncia ahora que hay una causa general contra el gobierno de Sánchez, justamente ella que participó por orden del gobierno de Sánchez en una causa general contra el independentismo.

    -No tengo ninguna duda de que una parte de esto que pasa tiene que ver con lo que pasó en Cataluña. Cuando invocando la unidad de España menospreciaron las leyes y encerraron en la cárcel a gente que no lo merece, abrieron una puerta muy peligrosa. Pero estos días también veo gente en Cataluña que dice que si en España dan un golpe de estado les da igual, y que si se pierde la democracia en España les da igual, que es un problema de los españoles. Y yo creo que es un error. La defensa de la democracia y del estado de derecho debe ir más allá de la aspiración por la independencia. Es mi opinión. En este momento, es un error incluso estratégico para Cataluña decir que da igual lo que pase en Madrid. Hoy, Cataluña está legalmente integrada en el ámbito español y sufrirá lo mismo que sufra el gobierno español. Y si en España acaba habiendo una reducción de derechos fundamentales, afectará también a Cataluña. Con independencia de lo que haya pasado antes, ahora no es el momento de lavarse las manos.

    -Pero ¿por qué se ha llegado hasta aquí? Cuando esto ocurría en Cataluña, muy pocos políticos e intelectuales de la izquierda española alzaban la voz. Usted fue uno de los pocos que lo hacía. Y el PSOE, incluso, participaba (contra Cataluña).

    Sí, y no sólo el PSOE. Y es triste que, incluso, desde la universidad y la ciencia y la doctrina jurídica sólo se denuncien las cosas cuando afectan personalmente. La democracia es democracia cuando me afecta a mí, pero también a los demás. Y me parece un error de quienes se erigen como demócratas que sólo recuerden una norma cuando se les aplica a ellos. Es un error, porque una cosa ha llevado a la otra. Cualquiera que siguiera con detalle lo que ocurría en Cataluña debía ser consciente de que podía tener consecuencias como las que ahora tiene, en el sistema judicial y legal español.

    El editorial de El País del miércoles lamenta que se utilicen informes de la Guardia Civil con finalidad política. Ellos lo hicieron en Cataluña contra el independentismo, con informes y testimonios de la Guardia Civil.

    -Entiendo que para un catalán que siguiera de cerca todo lo que pasó allí, lo de ahora incluso le haga reír. ¿Ahora los informes de la Guardia Civil no valen? Si vimos aquellos informes llenos de disparates que se presentaron en el juicio del Supremo (contra los políticos catalanes). Es evidente que aquí se denuncian las cosas sólo cuando afectan a unos. Pero pienso que la situación en España es tan grave que, más allá de lo que pasó (en Cataluña), que es evidente que eso pasó, ahora se debe detener y denunciar porque el riesgo es grave.

    La mala gestión de la crisis (del coronavirus) que ha hecho el gobierno español, ¿puede haber alimentado esta situación?

    -El gobierno ha cometido errores muy graves. Pero la crisis sanitaria ha sido muy similar en los países de nuestro entorno. La gestión sanitaria no ha sido mala, pero la comunicación política y las decisiones políticas han estado llenas de errores.

    El gobierno decretó el estado de alarma sin haberlo negociado con nadie, y haciéndolo de una manera muy arbitraria, un día pactando con Ciudadanos y otro con ERC, o con Bildu . Y esta política errática ha hecho que el gobierno haya terminado perdiendo sus socios. Un gobierno débil que va perdiendo la confianza política de sus socios porque o bien los engaña, o se sienten engañados, es un error.

    Y no se ha negociado con las Comunidades Autónomas. Es un escándalo que el gobierno de Madrid decidiera que la isla de La Graciosa, en Canarias, pasara a la fase 1 (de desconfinamiento). Esto lo tenía que decidir el gobierno autonómico canario. No negoció con las autonomías. Después que no espere contar con ellas.

    -¿Por qué un gobierno de PSOE y Podemos hizo esta hipercentralización al comienzo de la crisis?

    -En una crisis de esta magnitud, puede tener sentido la centralización en un mando único, lo digo en serio. Incluso, un mando único europeo, si lo hubiera habido. El mando único que facilita medidas en todo el territorio ayuda a combatir la epidemia y la crisis de manera eficaz, estoy seguro. Pero el mando único se debería haber hecho compatible desde el primer día con mucha más cooperación con las Comunidades Autónomas. También es cierto que la estructura autonómica de España es muy irregular. El sentimiento identitario de Madrid como comunidad casi no existe, todo lo contrario que en Cataluña, el País Vasco, Galicia … En Madrid, el gobierno autonómico ha utilizado la comunidad autónoma en la gestión de esta crisis como un caballo de Troya en la batalla política.

    El monarca se desentiende de los ataques que recibe el gobierno legítimo de Sánchez

    -Antes habló de la monarquía como poder fáctico. ¿Qué le parece el papel que ha tenido el rey español?

    -El rey comenzó la crisis con un problema grave: cuando comenzaba la pandemia estalló el escándalo del dinero de Juan Carlos en Suiza que repartía a los amigos y amantes, las investigaciones judiciales, y el hijo diciendo que renunciaba a la herencia, aunque en realidad no podía renunciar. Llega este escándalo, que hace mucho daño a la monarquía, y llega la pandemia. Creo que el rey estaba muy preocupado por su posición personal, por la forma en que lo podía salpicar este escándalo que no se sabía cómo acabaría. Y con ello, a la monarquía le costó reaccionar (ante la pandemia) y ahora el principal problema que tiene es la capitalización que hace la ultraderecha.

    Cada vez que la ultraderecha dice que el rey debería sacar al presidente Sánchez y nombrar un gobierno de coalición, hace daño a la institución monárquica. Y es un error que la Casa Real flirtee con este papel que le quiere regalar la ultraderecha.

    -Quizá le va bien a la Casa Real con ese papel y lo quiere.

    -Sí, pero es un error. Si ahora la monarquía se quisiera legitimar, debería lanzar un mensaje diciendo que respeta escrupulosamente la Constitución, que el rey en ningún momento se plantea hacer nada, sino que hará lo que tiene que hacer, que es estar callado y dejar que gobierne quien debe gobernar. Y hay muchas maneras de decirlo, con gestos en actos, saliendo más a menudo acompañando el presidente del gobierno … Pero cuando no lo hace, cuando se aparta hacia un lado, cuando hace como «a ver quién gana y yo me añadiré al ganador», deslegitima. Echo de menos que la Casa Real emita mensajes, mensajes indirectos, en el sentido de que no dará nunca apoyo a ningún movimiento que no sea de aplicación estricta de la Constitución.

    El rey debería salir a afirmar que el presidente legítimo de España en este momento es Pedro Sánchez. Les guste más o menos. Pero no lo hace, se desentiende, y desentendiéndose, y flirteando con la ultraderecha, que lo quiere poner por encima del gobierno, comete un error que pagará caro. Porque en España crece el sentimiento antimonárquico.

    -Insisto: ¿no es justamente es lo que pretende el rey?

    -Sí, pero es un error pretender eso, porque no tiene recorrido. Hoy día, en España es imposible que crezcan los poderes del rey. Tiene razón, al rey actual le gustaría tener más poder político del que tiene, pero es un error. Porque el poder político implica responsabilidad, y asumir que la gente se puede enemistar, y eso ya le pasó en Cataluña. Parece que no haya aprendido que su futuro depende no de apoyar a la ultraderecha, sino, como hacía su padre, de apoyar a la izquierda. Porque a la ultraderecha ya la tiene ganada.

    Si no entiende que ahora necesita dar más apoyo a la izquierda que a la derecha, o alejarse en todo caso de los cantos de sirena de la derecha, conseguirá que sea el final de la monarquía. Si el rey piensa que es una buena estrategia aceptar más poder, liquidará la monarquía.

     
  • mesmontse 10:25 pm el 24 February, 2020 Enlace permanente | Responder
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    LAWFARE: Denuncia en la UE de los abogados de políticos catalanes y latinoamericanos 

    El abogado del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras -que cumple una condena de 13 años- describió cuáles son los «síntomas de esta guerra legal: uso y control de los medios, detención arbitraria, reinterpretación de la ley, falta de juicios justos, sentencias desproporcionadas y restricciones a los derechos humanos».

    Representantes de Rafael Correa y Lula da Silva se unen a abogados catalanes y advierten al Parlamento de la UE sobre el uso político de los tribunales

    Imagen del evento de denuncia del lawfare en el Parlamento Europeo

    Agencia Catalana de Noticias / VILAWEB

    Los abogados de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Rafael Correa y Lula da Silva han denunciado la «judicialización de la política» en un evento en el Parlamento Europeo organizado por los eurodiputados Diana Riba, Pernando Barrena y Puigdemont.

    Los abogados Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde, Christophe Marchand y Valeska Teixeira advirtieron a la cámara el miércoles que los procedimientos contra sus clientes están motivados por la política, y condenaron el uso de los tribunales para castigar las voces disidentes.

    Boye, quien es el abogado de Puigdemont, dijo que «no hay necesidad de golpes de estado cuando se puede torcer la ley», mientras que Marchand, que representa a Correa, dijo que «no es una situación criminal sino política», alegando que las leyes anticorrupción de Ecuador eran para perseguir a su cliente.

    Al igual que Puigdemont, que abandonó Cataluña en octubre de 2017 tras la declaración de independencia, el ex presidente ecuatoriano Correa ahora vive en Bélgica y también está luchando contra la extradición, en su caso por las acusaciones sobre el secuestro de un opositor político.

    Síntomas de lawfare

    Para el abogado del líder independentista encarcelado Junqueras, Van den Eynde, los síntomas de esta guerra legal son «uso y control de los medios, detención arbitraria, reinterpretación de la ley, falta de juicios justos, sentencias desproporcionadas y restricciones a los derechos humanos». . «

    Oriol Junqueras fue el vicepresidente catalán durante el gobierno independentista de 2017, fue arrestado y juzgado en el Tribunal Supremo de España poco después, y finalmente fue sentenciado a 13 años de prisión por sedición en octubre pasado.

    Teixeira, abogada del ex presidente brasileño Lula da Silva, dijo que en el caso de su cliente la ley se usó «estratégicamente», y agregó que «no se lucha contra la corrupción cuando no se hace dentro del Estado de derecho», en referencia a las acusaciones de corrupción formuladas contra Da Silva.

    Originalmente condenado por corrupción en julio de 2017, Da Silva fue puesto en libertad por la Corte Suprema de Brasil en noviembre pasado hasta que se agotaran todas sus apelaciones contra su condena, una decisión que, según explican sus aliados, indica una falta de evidencias detrás de su arresto.

    El caso catalán

    En relación con el caso catalán, Van den Eynde denunció la «violación masiva de los derechos humanos» por parte de las autoridades españolas, expresando dudas sobre «la dirección de la justicia europea» y prediciendo que los casos terminarán en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

    Mientras tanto, en la presentación del evento, Puigdemont insistió en que el uso político de los tribunales es «un problema europeo» y el eurodiputado señaló las «detenciones arbitrarias» en la UE, en referencia a los líderes catalanes independentisas encarcelados.

    La eurodiputada Diana Riba también habló sobre los líderes encarcelados, condenando la situación «injusta» de su pareja, Raül Romeva, quien fue ministro catalán de Relaciones Exteriores durante el gobierno independentista de 2017, y que ahora está cumpliendo nueve años de prisión por sedición.

     
  • mesmontse 6:42 pm el 2 January, 2020 Enlace permanente | Responder
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    ORIOL JUNQUERAS Y MILAGRO SALA: Lawfares paralelos 

    El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha dictaminado que la inmunidad de los diputados electos se adquiere en el momento de ser elegidos y desde ese momento tienen la inmunidad pertinente que impide aplicarles ningún procedimiento judicial sin el previo permiso de la Cámara de representantes. La sentencia, conocida ya como «Doctrina Junqueras», emitida por el TJUE el pasado 19 de diciembre sobre el caso del político independentista catalán, sienta un precedente jurídico internacional en la lucha por la libertad de Milagro Sala, juzgada cuando ya era parlamentaria del Mercosur.

    El Tribunal de Justicia de la UE reconoce la inmunidad parlamentaria del líder independentista catalán Oriol Junqueras, enjuiciado y condenado por los jueces españoles a pesar de ser un cargo electo del Parlamento de la Unión Europea. En el caso de Oriol, los jueces españoles recurrieron a la misma trampa que utilizaron los jueces argentinos para condenar a una parlamentaria electa: no permitirle ir a recoger su acta de diputado.

    Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dice que la inmunidad de los diputados electos se adquiere en el momento de ser elegidos. La sentencia, conocida ya como «Doctrina Junqueras» fue emitida por el TJUE el pasado 19 de diciembre de 2019.
    El Tribunal con sede en Luxemburgo deja absolutamente claro que un ciudadano adquiere la condición de Parlamentario desde el momento de la proclamación de los resultados de las elecciones, y tiene desde ese momento la inmunidad pertinente que impide aplicarle ningún procedimiento judicial sin el previo permiso de la Cámara de representantes. Por lo tanto, el Tribunal Supremo de España sentenció a Junqueras saltándose la inmunidad que poseía.

    El abogado chileno Gonzalo Boye, que representa a varios líderes independentistas catalanes, en la guerra jurídica desatada por los jueces españoles contra el movimiento soberanista, al conocer la decisión declaró:»La resolución no deja lugar a dudas, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han estado vulnerando los derechos de Oriol Junqueras durante dos años». Agregó que «es una lección descomunal de Derecho para los jueces que piensan que podían utilizar (el Derecho) para finalidades políticas».

    Vulneración de los derechos de Oriol Junqueras

    Imagen relacionada

    Oriol Junqueras (Barcelona, 1969) es el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) desde 2011, y fue vicepresidente del gobierno catalán entre 2016 y 2017 durante el mandato del presidente Carles Puigdemont (actualmente exiliado en Bélgica). Tras la celebración, el 1 de Octubre de 2017, de un referéndum organizado por el Gobierno catalán para consultar a la población de Cataluña sobre la independencia, Junqueras fue cesado, como todo el equipo del presidente Puigdemont, por Mariano Rajoy, presidente del Estado español.

    El 2 de noviembre de 2017, Oriol Junqueras junto a 7 miembros del Gobierno catalán cesado, fueron citados a declarar ante la Audiencia Nacional en Madrid, que sin escuchar siquiera a sus abogados, los envió a prisión preventiva acusados de «rebelión, sedición y malversación de fondos públicos» (el dinero que supuestamente habrían gastado para organizar el referéndum). Semanas más tarde el Tribunal Supremo confirmó la prisión provisional, con carácter incondicional para Oriol Juqueras, alegando que «no apreciaban en la psicología del encausado, intención de abandonar sus ideas sobre la independencia de Cataluña».

    El 21 de Diciembre de 2017 en las elecciones al Parlamento catalán convocadas por Mariano Rajoy -que había asumido el Gobierno de Cataluña- Oriol Junqueras desde la cárcel encabezó la candidatura de ERC y obtuvo 32 diputados (el 24% de la Cámara catalana). El Tribunal Supremo le negó autorización para salir de la cárcel -estaba en prisión provisional- y asistir a los plenos del Parlamento.

    El 12 de febrero de 2019 comenzó en el Tribunal Supremo de Madrid, el juicio a los políticos y líderes sociales catalanes independentistas. Oriol Junqueras -en prisión preventiva- se presentó como cabeza de lista a las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron el 26 de mayo, y resultó electo europarlamentario. El 13 de junio de 2019 se publicaron los resultados oficiales. El 14 de junio -Oriol seguía en prisión preventiva- el Tribunal Supremo le denegó el permiso para salir de la cárcel a tramitar su acta de eurodiputado en Madrid, porque el desplazamiento posterior a Bruselas «pondría en un peligro irreversible los fines del procedimiento judicial».

    Al impedir que Oriol Junqueras pudiera recoger su acta de diputado, el Tribunal Supremo español, creía que evitaba la adquisición de su inmunidad parlamentaria.

    En mayo de 2019, mientras se estaba celebrando el juicio, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, pidió la libertad de Oriol Junqueras -y de los activistas sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart- al considerar su encarcelamiento «arbitrario y contrario a los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos». El organismo también cree que los tres líderes soberanistas podrían ser indemnizados y solicita una investigación «exhaustiva» e «independiente» sobre los hechos que mantienen a Sànchez, Cuixart y Junqueras en prisión. El documento, en un párrafo dice que «las acusaciones penales tienen por objeto coaccionar a Sànchez, Cuixart y Junqueras por sus opiniones políticas en torno a la independencia de Catalunya e inhibirlos de continuar con esa pretensión en el ámbito político».

    El 16 de junio, la defensa de Oriol Junqueras pidió al Tribunal de Justicia de la UE -cuyas decisiones son vinculantes para los Estados miembros- que se pronunciara sobre la decisión de un órgano judicial que “impide a un candidato elegido por sufragio universal y que tiene todos los requisitos previstos en la legislació electoral, cumplir con los trámites para tomar posesión de su escaño en el Parlamento Europeo».

    El 14 de octubre, el Tribunal Supremo español condenó a Junqueras a 13 años de prisión por «sedición y malversación de caudales públicos«.

    El 19 de diciembre de 2019, el TJUE dictaminó que Oriol Junqueras es eurodiputado desde que se proclamaron los resultados el 13 de junio de 2019, y tiene inmunidad parlamentaria desde ese día, aunque no se haya completado el trámite de recoger el acta de diputado.

    El Tribunal Supremo español, no pidió permiso al Parlamento Europeo, para continuar el procedimiento judicial contra Oriol Junqueras, siendo que tenía inmunidad parlamentaria y era obligatorio hacerlo. El político catalán estaba aforado. El Tribunal Supremo español se saltó un paso que no podían ignorar y ahora les vuelve como un boomerang.

    Vulneración de los derechos de Milagro Sala

    Heroínas: Por la LIBERTAD de MILAGRO SALAS

    Milagro Sala (Jujuy, Argentina, 1964) es una sindicalista y líder social indígena. Es Secretaria General de la Organización Barrial Túpac Amaru desde 2001. Fue diputada provincial de 2013 hasta noviembre de 2015, cuando dejó su escaño para presentar su candidatura al Parlamento del Mercosur, un órgano regional integrado por varios Estados de América del Sur.

    En enero de 2016, fue detenida por orden del poder judicial provincial acusada de «tumultos» y «sedición» por una protesta política contra el gobernador conservador local.
    En diciembre de 2016 fue condenada a tres años de cárcel por los daños ocasionados por los manifestantes de su organización durante una manifestación. En julio de 2017, la Cámara Federal confirmó la condena. En enero de 2019 fue condenada a 13 años de prisión, en otro proceso, por un tribunal provincial por «fraude a la administración pública y desvío de fondos del Estado» (la versión argentina de «malversación de fondos públicos»).

    Aministia Internacional y la Organización de Estados Americanos (OEA) han pedido su liberación inmediata. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de DDHH de la ONU se dirigió al anterior gobierno de Mauricio Macri, solicitando » liberar de inmediato a la señora Milagro Sala, y conceder una reparación adecuada, incluida una compensación».

    Lawfare: la lucha en Cataluña y Latinoamérica

    A pesar de la sentencia emitida por el TJUE el pasado 19 de diciembre, el europarlamentario Oriol Junqueras, sigue en prisión. A pesar del cambio de gobierno en Argentina, la parlamentaria del Mercosur Milagro sala, sigue en prisión. Sucede que, la lucha contra el lawfare es una carrera de fondo. En cada lugar, hay que utilizar todos los recursos posibles y compartir las experiencias internacionales.

    En Cataluña ya se están obteniendo los primeros triunfos: hoy mismo el TJ de la UE ha dado un nuevo varapalo a la justicia española. El TJUE ha dictaminado que el ex presidente Puigdemont y un ex ministro de su gobierno, ambos exiliados en Bruselas, son europarlamentarios de pleno derecho al resultar electos el pasado mes de mayo y gozan de inmunidad parlamentaria. El gobierno español les exigía ir a Madrid a recoger las actas de eurodiputados, ocasión en que los detendrían. Este plan desesperado se les ocurrió por la negativa de los tribunales europeos a extraditar a los políticos catalanes que residen en territorio de la UE. Un tribunal alemán ya rechazó extraditar a España al ex presidente catalán Puigdemont como lo solicitaba un juez español, al desestimar las acusaciones por las que pretendían juzgarlo. Los tribunales belgas, tampoco han extraditado a los exiliados reclamados por los jueces españoles, y además, hoy han reconocido la inmunidad del europarlamentario Puigdemont y un ex ministro de su gobierno, también diputado electo de la UE.

    Lucha contra el lawfare: una carrera de fondo

    Milagro Sala, fue juzgada cuando ya era parlamentaria regional electa de pleno derecho, porque aunque no hubiera jurado el cargo, como bien dice el TJ de la UE con mucho sentido común, el voto de los ciudadanos es lo que prevalece.

    Milagro Sala fue juzgada teniendo inmunidad parlamentaria, y el tribunal no pidió permiso al Parlasur, en consecuencia todos los juicios posteriores a la proclamación de los resultados electorales deben ser declarados nulos. Los jueces no podían ignorar que era una persona aforada, y se saltaron el paso de pedir su desafuero, y si en un proceso judicial se vulnera el procedimiento, éste queda invalidado.

    Que la sentencia del pasado 14 de octubre que condenó a Oriol Junqueras por sedición a 13 años de cárcel, acabará siendo declarada nula, es algo de lo que está absolutamente convencido el Dr. Javier Pérez Royo, prestigioso catedrático español de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Eso mismo, es lo que deberá ocurrir con la sentencia de Milagro Sala.

     
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