Pegasus, la crisis de los servicios de inteligencia españoles que enfrenta al propio Gobierno y lo deja al borde del abismo
LUIS GONZALO SEGURA, ex militar español. Nota publicada en RT el 05.05.22 19:10 GMT
Era una noticia, como tantas otras, condenada al ostracismo en la cartelera mediática española. Como mucho, aspiraba a tener relevancia en los clásicos circuitos alternativos y marginales en los que se sabe más de la democracia española de lo que la propia democracia española sabe de ella. Era, no cabe duda, una noticia demasiado incómoda y reveladora como para poner el foco mediático sobre ella: servicios de inteligencia, o en su defecto un ente elegible al gusto del actor o espectador de turno, espiaron a más de sesenta personas vinculadas al independentismo catalán, incluidos políticos, activistas y abogados. Y lo hicieron no ya con el fin de impedir la independencia en Catalunya, sino, peor aún, cuando esta había sido abortada y el proceso judicial seguía su curso. [N. de la E.: el ex presidente catalán Carles Puigdemont anunció en rueda de prensa que denunciará los hechos ante tribunales de Barcelona, Bélgica, Suiza, Alemania, Francia y Luxemburgo. También anunció querellas contra la empresa israelí NSO, que desarrolló el programa, y su subsidiaria luxemburguesa, y pedirá que se investigue al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a todas las entidades españolas vinculadas al caso.Oriol Junqueras, ex vicepresidente de Cataluña, ex eurodiputado, y presidente de ERC, anunció que llevarán el caso al Parlamento Europeo].
Era, decía, porque todo cambió cuando desde los partidos catalanes consideraron el asunto injustificable y comenzaron a pedir cabezas, so pena de reventar el Gobierno. Ahí, los medios empezaron a dudar. Incluso El País, que le había dado al asunto el trato que conviene en estos casos, comenzó a virar. Los catalanes amenazaban con no apoyar el decreto de medidas económicas destinadas a paliar los efectos de la guerra de Ucrania. No sólo lo amenazaron, sino que lo cumplieron. Un decreto que, aunque pudo salir adelante gracias al apoyo de EH Bildu, dejó al Gobierno con los tirantes casi desabrochados.
El Partido Popular, revitalizado por Núñez Feijóo, un político que estuvo durante años veraneando con un narcotraficante, no desaprovechó la ocasión. Ofreció apoyo gubernamental a cambio de una rebaja de impuestos. Sonido celestial para una mayoría, la más pobre, para la que los impuestos, más altos o más bajos, cambian entre poco y nada su paupérrima vida. Y sonido celestial para una minoría, la más adinerada, para la que los impuestos más bajos, que afectan especialmente a los que menos recursos poseen, les cambian entre poco y nada su elitista vida. Y ahí, en la economía y el perfil liberal, Feijóo, como buen comandante de naves tripuladas por narcotraficantes, se mueve con maestría. Los españoles no quieren saber de ideas, sino de pasta (dinero).
Así, entre bajadas de impuestos, que servirían para que los pobres tengan cada día menos y los ricos cada día más, y presiones políticas, el Gobierno comenzó a meterse en un lío del que parece que no va a salir; o no sabe muy bien cómo va a salir; o no lo hará de una pieza. De momento, las encuestas, incluso las más izquierdosas, dan empate técnico o victoria a los Populares. Vox reduciéndose, Unidas Podemos empequeñecida y el PP cerca de ganar las elecciones al PSOE. Y queda un año para los comicios. Puede pasar de todo, pero no está el horno para bollos.
Y en esas llegó el bollo. Margarita Robles, (ministra de Defensa) soltó en la sesión de control al Gobierno hace siete días: «¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?». Hoy ya es una frase histórica de lo más cloaquero (propio de las cloacas) del posfranquismo español. Y ya es decir.
Margarita Robles justificaba lo injustificable y admitía, a la vez, lo mayor: el Gobierno español había espiado a los independentistas. Fue algo así como la mítica escena de Jack Nicholson y Tom Cruise en Código rojo, solo que le faltó aseverar «You can’t handle the truth!»[¡Tú no puedes soportar la verdad!]. Pero, ¿qué esperar de quien tuvo como asesor durante meses al general Rodríguez Galindo, condenado por torturas; que ha justificado el terrorismo de Estado; ha sido acusada de entregar millones de pesetas a la Casa Real en mano para no dejar rastro; ha protegido a ultraderechistas y neonazis; o ha expulsado demócratas en el Ejército español?
Al instante, Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Catalunya, pidió la dimisión de Margarita Robles. Lo hizo, además, por escrito. No fue el único, casi todos los partidos que apoyan al Gobierno lo han hecho.
El 4 de mayo, en la comparecencia de la ministra de Defensa, Pablo Echenique ha afirmado que ya sabe lo que tiene que hacer para conservar su dignidad y la del Gobierno.
El problema del asunto es que en el caso de la ministra de Defensa, y sobre todo de la directora del CNI, Paz Esteban, añadir al espionaje a más de sesenta personas una negligencia tan terrible como haber sido espiados [ellos mismos], no sólo no rebaja la responsabilidad política, sino que la aumenta.
Entre ambas comparecencias de la ministra de Defensa, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, desvelaron que fueron espiados por Pegasus. Es como si unos policías acusados de atracar a los vecinos alegaran que también han atracado su comisaría. No sólo serían responsables de los atracos perpetrados, sino que, además, quedarían como negligentes por el atraco sufrido. Pues, bien, el Gobierno pretende usar la negligencia como justificación de su fechoría. Es decir, mal de muchos, consuelo de tontos.
El asunto a estas alturas se mueve entre lo estrafalario, lo deleznable, lo obsceno y lo insoportable, según gustos. Porque Margarita Robles no tiene mucha intención de dimitir ni tampoco parece que vaya a ser cesada, aunque ni lo uno ni lo otro se puede descartar. Como tampoco se puede descartar que se produzca un relevo en las próximas semanas o meses, una vez amaine el chaparrón. Tan pocas ganas tiene de dimitir que se está escudando en los profesionales del CNI, que ninguna culpa tienen en el asunto, sólo son mandados, y está responsabilizando a Presidencia, a Félix Bolaños, del espionaje al móvil de Pedro Sánchez.
Y es que Robles es política vieja haciendo vieja política y tiene suficiente experiencia como para aguantar hasta las elecciones. Y en ello se empeña, aunque sitúe al Gobierno en el cisma interno, con unos culpando a los otros y casi todos pidiendo su dimisión, y al borde del abismo. Del abismo del Partido Popular y Vox.
‘Pegasus’, el caso de espionaje que desnuda la democracia española
LUIS GONZALO SEGURA, ex militar español. Nota publicada en Rt el 22.04.22 15:07 GM
El escándalo ‘Pegasus’ no es nuevo, ni mucho menos —tiene dos años de antigüedad—, pero esta semana ha detonado la agenda política española como nunca antes —el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, amenaza con dinamitar el apoyo parlamentario que sustenta al Gobierno español—.
Según Citizen Lab, un organismo de ciberseguridad canadiense, en España fueron espiados un total de 63 personas, todas ellas vinculadas al independentismo catalán, desde dirigentes de partidos catalanes como ERC, Junts x Cat (Juntos por Cataluña) o CUP (Candidaturas de Unidad Popular) hasta miembros de las asociaciones cívicas Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural. Un ataque contra la disidencia española más propio de organizaciones mafiosas que de Estados democráticos, y que fue usado, por ejemplo, por Arabia Saudí para asesinar y descuartizar al periodista y crítico Jamal Khashoggi en 2018. Para reflexionar sobre lo que España es en realidad.
¿Qué es ‘Pegasus’?
‘Pegasus’ es un spyware de la compañía privada israelí NSO Group que, en teoría, sólo se vende a gobiernos si lo aprueba el Gobierno israelí. Gracias a esta aplicación se pueden escuchar conversaciones, leer mensajes encriptados, tomar el control de la cámara y el micrófono o modificar la memoria del dispositivo. Es decir, no es sólo escuchar las conversaciones telefónicas, es mucho más.
Es un espionaje total mucho más allá, incluso, de lo estrictamente necesario para las labores propias del espionaje: escenas íntimas, discusiones familiares, infidelidades, disputas laborales, enemistades o cualquier otra circunstancia personal que hubiera podido acontecer o a las que se hubieran podido referir las víctimas, en ámbito público, laboral, privado o cualquier otro, quedaron en poder de los espías. Más que en Gran Hermano.
El CNI no niega poseer ‘Pegasus’, pero aseveran que han sido escrupulosos con la legislación y alegan que guardan silencio porque la legislación así lo exige. Legislación, la de los secretos oficiales, todo sea dicho, de origen franquista. Cosas de la «democracia plena» española.
El spyware se introdujo en los móviles de las víctimas mediante software malicioso o debilidades de diferentes aplicaciones, como el error de WhatsApp que permitió que ‘Pegasus’ infectara 1.400 teléfonos en 2019. Entre estos últimos [“infectado” en 2019] se encuentran Roger Torrent, ex presidente del Parlament de Catalunya, y Ernest Maragall, ex diputado de Esquerra Republicana de Catalunya.
Además, cabe señalar que no se trata de un espionaje barato, aunque pudiera parecer lo contrario. Para hacernos una idea, Enrique Peña Nieto, ex presidente mexicano entre 2012 y 2018, debió asumir un coste de 27 millones de euros en 2014 por 500 intentos de infección con Pegasus. Intentos que no necesariamente dieron sus frutos de infectar los dispositivos. En Catalunya fueron infectadas 63 personas. A saber cuántos millones costó el asunto, pero seguramente no fueron pocos.
Nadie sabe nada
A pesar de lo evidente, que el espionaje a políticos y activistas catalanes tiene un principal interesado, el Estado español, nadie parece saber nada. Ni los medios de comunicación, que tiran balones fuera de forma demasiado descarada en ocasiones.
Sin embargo, más allá de España, y el tercero que hubiera podido cobrar por semejante encargo, no parece que haya nadie lo suficientemente interesado en la cuestión catalana como para gastarse una millonada y violar las leyes. Claro que, si no encuentran a nadie, siempre tienen a los rusos a mano, que son un buen chivo expiatorio si la cuestión se complica.
Siguiendo con la autoría, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil o el Gobierno niegan saber algo y, tan solo, el CNI, los servicios de inteligencia españoles, ofrece alguna grieta. Pues el CNI no niega poseer ‘Pegasus’, pero aseveran que han sido escrupulosos con la legislación y alegan que guardan silencio porque la legislación así lo exige. Legislación, la de los secretos oficiales, todo sea dicho, de origen franquista. Cosas de la «democracia plena» española.
Los inquietantes antecedentes
Existen, además, inquietantes antecedentes, pues los servicios de inteligencia españoles deben cumplir la Ley de Control Judicial Previo. Una ley que fue aprobada en el año 2002 para poner algo de control al ‘escándalo Manglano’, un caso que destapó el masivo espionaje a múltiples personalidades durante los años noventa.
Fue en 1995 cuando se desveló que el Cesid, como entonces se denominaba el CNI, llevaba una década espiando y grabando a periodistas, políticos, empresarios y otras personalidades. No fue un caso aislado, sino que tuvo clara continuidad temporal. En los años de Mariano Rajoy (2011 a 2018) la conocida como ‘policía patriótica’ alcanzó su apogeo y las actividades del ‘comisario Villarejo’ ofrecieron una continuidad temporal de las sucias actividades policiales del franquismo en los años ochenta y noventa. Y es que la fontanería española no ha descansado desde hace décadas.
Por si fuera poco, existen hechos todavía más inquietantes. Por un lado, un medio ha difundido la relación entre el juez encargado de autorizar el espionaje y la vicepresidenta Carmen Calvo y, por otro lado, los cebos con los que se intentó infectar los dispositivos de los políticos catalanes demuestran que hubo un espionaje previo, demasiado personalizado como para que no tuvieran información (privada) anterior. Además, el espionaje previo queda más que demostrado con la detención en Alemania de Carles Puigdemont en marzo de 2018. Como última reseña, recordar que el CNI estuvo usando un software espía similar a ‘Pegasus’ de la compañía italiana Hacking Team.
Nadie asume responsabilidades
Como viene siendo habitual, a pesar de la magnitud del escándalo, tanto el Gobierno español como la mayoría de los medios de comunicación están haciendo lo posible para minimizar las consecuencias derivadas de tan criminal episodio. No es que parezca complicado que, tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como la directora de los servicios de inteligencia, Paz Esteban, tuvieran que asumir responsabilidades judiciales, sino que tal y como transcurren los acontecimientos mediáticos, ni tan siquiera se atisban responsabilidades políticas o mediáticas.
Porque la ministra de Defensa y la directora del CNI son las máximas responsables de lo acontecido, ya sea por acción, haber espiado, o por negligencia, haber permitido el espionaje. Y no se trata de señalar por señalar, ya que, si nos remontamos a lo ocurrido en 1995, cuando estalló el escándalo del espionaje, tanto el ministro de Defensa, Julián García Vargas, como el director de los servicios de inteligencia, el entonces general Emilio Alonso Manglano, dimitieron —también lo hizo Narcís Serra, entonces vicepresidente, por sus años como ministro de Defensa en el gobierno socialista de Felipe González—. Sin embargo, ni la ministra ni la directora del CNI son señaladas en forma alguna.
Sin Estado de derecho
Más allá de las bonitas palabras de los políticos de las democracias liberales en sus intervenciones públicas, una de las consecuencias más evidentes del escándalo de espionaje en España es la ausencia de un Estado de Derecho verdadero.
Porque lo peor del escándalo no es ni siquiera la perpetración de este, sino la ausencia de consecuencias. Una ausencia de consecuencias que, no sólo invita a volver a repetirlo, sino que demuestra muy a las claras la existencia de un sistema de impunidad estatal y un aparato judicial, mediático y político cómplice con las actividades delictivas más perniciosas de la democracia, aquellas que atentan, erosionan, socaban y, finalmente, colapsan al Estado de Derecho.
Y es esta ausencia de Estado de Derecho y de un modelo realmente democrático, el origen de todos los males de las democracias liberales. Ultraderecha, incluida.
Los teléfonos de Pedro Sánchez y la ministra de Defensa de España fueron «infectados» con el ‘software’ espía Pegasus, revela el Gobierno
LUIS GONZALO SEGURA, ex militar español. Nota publicada en Rt 02.05.22 11:48 GMT
Los móviles del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron «infectados» con el ‘software’ espía israelí Pegasus, anunció el pasado 2 de mayo Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. La Moncloa señala que las intervenciones en los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles, que se produjeron en mayo y junio del 2021, son «ilícitas» y «externas», «ajenas a los organismos estatales» y «no cuentan con autorización judicial.
El alto funcionario comunicó en una conferencia de prensa que el Gobierno español «ha puesto en conocimiento de la Justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el ‘software’ Pegasus», y explicó que se trata de «una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles».
Según detalló Bolaños, en mayo del 2021 se produjeron dos intrusiones en el dispositivo de Sánchez, mientras que el teléfono de Robles fue intervenido en junio del mismo año. «No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas», aseguró, revelando que el Gobierno español conoce el volumen de la información que fue extraída de los móviles afectados, pero hasta el momento no se sabe exactamente qué datos se extrajeron. «La intervención ilegal de estos teléfonos se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del Gobierno», afirmó el ministro, señalando que «son hechos contrastados y fehacientes, no son suposiciones».
Bolaños afirmó que se trata de intervenciones «ilícitas» y «externas» que son «ajenas a los organismos estatales y que no cuentan con autorización judicial». Subrayó que las autoridades de España serán inflexibles «con cualquier vulneración de derechos y libertades fundamentales» y añadió que tanto la administración central como los gobiernos y parlamentos autonómicos,y otras instituciones, seguirán reforzando sus sistemas de seguridad.
Bolaños apuntó que la Abogacía del Estado presentó el mismo 2 de mayo una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investigue el incidente, agregando que el documento no señala a los supuestos responsables, pero se basa en hechos «verificados y contrastados».
Además, el ministro recordó que existe constancia de que el ‘software’ Pegasus, desarrollado por la firma cibernética israelí NSO Technologies –que afirma que solo provee a gobiernos con la finalidad de luchar contra criminales y terroristas– «ha sido utilizado de modo ilícito en al menos veinte países, y que entre las víctimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos, personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos, e informadores».
Las declaraciones se produjeron después de que Citizen Lab, un laboratorio canadiense experto en detección de ataques informáticos, publicara el pasado 18 de abril un informe en el que reveló que al menos 65 figuras políticas y activistas independentistas catalanes fueron espiados entre 2017 y 2020 con el ‘software’ israelí Pegasus. Entre ellos, se encuentran todos los presidentes de esa comunidad autónoma desde 2010. Aunque la investigación no señala un responsable específico, recoge «un nexo con las autoridades españolas». A su vez, la empresa israelí y el Gobierno de España negaron las acusaciones. La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Raquel Sánchez, sostuvo en una rueda de prensa que el Gobierno no tiene «nada que ocultar», pero que debido a la ley de seguridad nacional hay «asuntos que tienen que ser tratados de forma secreta», en respuesta a la pregunta sobre si el Gobierno podía garantizar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no había hecho uso de Pegasus.
Por su parte, Pedro Sánchez aseguró que «todo lo que se ha hecho por parte del CNI ha sido atendiendo escrupulosa y rigurosamente a la ley». Además, el presidente del Gobierno español señaló que existe una investigación abierta en el seno del organismo de Inteligencia y ha afirmado su voluntad de ofrecer explicaciones y reconducir el diálogo con los grupos políticos que apoyaron su investidura, entre los que se encuentran los partidos catalanes.
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