La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Eurorpa ha aprobado hoy por amplia mayoría, el informe titulado «¿Deberían ser enjuiciados los políticos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato? en el cual se trata la persecución por parte de los tribunales españoles de los políticos independentistas catalanes.
A principios de 2019 miembros de varios países y grupos políticos, expresaron su preocupación por la cantidad de políticos nacionales, regionales y locales electos procesados en España por declaraciones efectuadas en el ejercicio de su mandato. En octubre del mismo año el Comité de Asuntos Legales y DDHH de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobó en un documento iniciar una investigacion para determinar cómo usa España la justicia para perseguir a los políticos. El informe inicial ponía en duda la neutralidad de los tribunales españoles en el juicio contra los líderes políticos independentistas catalanes, por el abuso de la prisión preventiva, y las denuncias de violaciones del derecho de defensa. El relator de aquel primer documento de trabajo fue el mismo ponente que hoy ha conseguido su aprobación por aplastante mayoría: el diputado de Letonia Boriss Cilevics. El diputado letón, un físico y matemático de formación – con un impresionante currículum científico- nació en 1956, en la entonces URSS. Fue un activista social desde su juventud. Es miembro del partido socialista letón, y tiene una larga experiencia en la protección de las minorías nacionales y la situación de los refugiados en el mundo. Desde 2009 es Presidente del subcomité de elección de jueces del Tribunal Europeo de DDHH.
Entre los representantes españoles de la Asamblea el informe ha sido votado a favor por los catalanes de ERC (Esquerra Republicana de Cataluña), los vascos del PNV y por Unidas Podemos. Han votado en contra los representantes del PSOE, PP Y y VOX.
La aprobación del duro informe contra España ha ido celebrada por la izquierda en la Asamblea del Consejo de Europa, también por socialistas europeos. Por su parte, el gobierno del Estado español ha rechazado el informe y los medios conservadores españoles se han apresurado a desligitimar al Consejo de Europa y a calificar al letón Boriss Cilevics, de «prorruso».
Derrota estrepitosa de España: el Consejo de Europa exige la libertad de los presos, el regreso de los exiliados y el fin de la represión
La Asamblea Parlamentaria ha aprobado el informe con 70 votos a favor y 28 en contra, y ha tumbado una a una y por amplia mayoría las enmiendas del PSOE y del PP que querían rebajar su contenido crítico
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado el informe crítico con el Estado español por haber encarcelado y perseguido en el exilio dirigentes independentistas, y también por haber condenado el presidente Quim Torra y perseguido altos cargos de la Generalitat (gobierno de Cataluña). El texto exige la liberación de los presos políticos, que no se persiga más a los exiliados y que acabe la represión. Además, el pleno ha tumbado una a una y por una amplia mayoría todas las enmiendas del PSOE y del PP que pretendían rebajar el contenido del reporte, que se ha aprobado también con un gran apoyo: 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones.
Los dos partidos españoles (PSOE y PP) pretendían eliminar la referencia a la despenalización de la convocatoria de referendos; suprimir la recomendación de abandonar la persecución contra los exiliados con las euroórdenes; sacar el punto que hace referencia a los juicios contra ex altos cargos de la Generalitat y la condena contra el presidente Torra, entre otros. El debate ha sido intenso y la mayoría de los representantes que han intervenido han criticado la desproporción de las condenas del Tribunal Supremo español contra los políticos catalanes presos.
El informe recoge esta desproporción en el castigo penal, recomienda al gobierno español que libere a los presos políticos, que deje de perseguir a los exiliados con las euroórdenes y que reforme la sedición en el código penal español para «evitar sanciones desproporcionadas en transgresiones no violentas». También se ha incorporado la enmienda 18, que habla de la necesidad de que España adopte el compromiso de resolver las diferencias políticas. Por el contrario, no se ha añadido la mención a la amnistía como opción junto con los indultos.
Los partidos españoles habían presentado enmiendas al texto y han intentado rebajar la crítica demoledora contra España, que ha sido comparada con Turquía y la represión contra los kurdos. Las asociaciones conservadoras de los jueces españoles también habían presionado contra la aprobación del informe, que puede tener una gran importancia en las demandas contra España en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
El ponente del informe, Boris Cilevics, dijo que las penas contra los presos eran «claramente desproporcionadas» y que no mostraban a España como una «democracia viva». Cilevicis ha admitido que el referéndum del Primero de Octubre fue «ilegal» y que los dirigentes catalanes «desobedecieron» a los tribunales. Por otra parte, el letón ha defendido que hay que reformar el delito de sedición porque el Tribunal Supremo español había «interpretado la violencia de manera muy amplia». «¿Puede el ejercicio de un derecho fundamental convertirse en un delito grave simplemente porque muchas personas aplican este derecho a la vez? Tengo muchas dudas», ha dicho.
Alegra ENORMEMENTE saber que la GUERRA jurídica, Lawfare de poderes JUDICIALES con JUECES empolvados a lo LuisXIV y XV, haya sufrido un gran REVÉS contra el pensamiento «RESTAURADOR» de PRIVILEGIOS contra la libertad e independencia política de Catalunya. Pero esta noticia amplía su comunicación continental, muestra la falla histórica, social, económica y política de ese mapa virtual que armaron EU, UK y Alemania. Ningún sistema político, menos «DEMOCRACIAS» reales, coronadas por crímenes que no se pueden ocultar, como los males de Pandora, recordando de paso que hace más de 2.300 años Atenas rechaba la inteligencia política de Macedonia, más cerca que todas las sociedades a la justicia de los dioses y de los hombres planteada por Hesíodo, ¿Y no avergüenza a seres humanos europeos las «nuevas» ideas hollywoodenses que loan tanto televisiones públicas y empresas editoriales dueñas del lenguaje social con tantos principitos y marquesitos? Están «naturalizando» los PRIVILEGIOS para pocxs y carcomiendo neuronas jóvenes tan peligrosas en el futuro como las manipulaciones genéticas del virus Covid 19. Felicitaciones PUEBLO libre y líderes de la independencia de Catalunya!!!
El Estado profundo entra en acción para alterar la negociación política en Cataluña
El Supremo, la fiscalía y el consejo de ministros españoles controlan un calendario represivo que puede coincidir con el de los pactos y la investidura
Que los ritmos del poder judicial dependan de los ritmos de la vida política y social de un país, para condicionarla, es una anomalía en un Estado de derecho democrático, pero es habitual en España. Y estos últimos días hemos visto una buena muestra. Porque sólo tuvieron que pasar unas cuantas horas desde las elecciones al Parlamento de Cataluña de este domingo para que la fiscalía presentara un recurso contra la concesión del tercer grado penintencirario a los líderes independentistas. Y poco más de 24 horas para que la Audiencia española dictara la orden de detención contra Pablo Hasel, aunque el plazo para que se entregara voluntariamente para ingresar en prisión había vencido el viernes, último día de la campaña electoral.
Ambas decisiones habrían podido tener influencia en el electorado, especialmente en los partidos que esán en el gobierno español, los socialistas -sobre todo- y Unidas Podemos. Y quizás habrían influido en un crecimiento de la movilización de un voto de protesta contra la represión. Es ahora, con los resultados en la mano, cuando se vuelve a mover el Estado profundo, de la fiscalía al poder judicial, para condicionar la situación política postelectoral en Cataluña.
De una manera inminente lo hemos visto con los presos políticos catalanes, algunos de los cuales participaron en la campaña electoral, tanto de Juntos por Cataluña (la formación liderada por el ex presidente Puigdemont, hoy eurodiputado y exiliado en Bruselas) como de ERC (la formación presidida por Oriol Junqueras, ex vicepresidente, condenado a 13 años de prisión, por haber organizado el referéndum por la independencia en 2017). Ahora ya vuelven a ver amenazada la opción de poder salir de la cárcel durante la semana para ir a trabajar, y poder ir a dormir a casa el fin de semana. La fiscalía dice que no puede ser porque “no se han arrepentido de nada” lo que califica de «déficit». Este recurso lo examinará en primera instancia un juez de vigilancia penitenciaria. La anterior concesión del tercer grado había sido avalado por un juez de vigilancia penitenciaria, pero ahora estarán condicionados por el ataque y desautorización que hizo el Tribunal Supremo español cuando la revocó, el mes de diciembre pasado.
El Tribunal Supremo ya ha traspasado todos los límites para intensificar el castigo a los presos políticos catalanes. Se ha atribuido la capacidad, no prevista en la ley, de decidir sobre la política penitenciaria, que corresponde a la administración, e impide la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario cuando lo cree conveniente. Y así lo ha hecho en este caso. Ahora, después de haber amenazado a los funcionarios de la Generalitat (el gobierno de Cataluña) para que no dejaran ir a los presos a casa durante el confinamiento domiciliario ( por la pandemia) y después de haber presionado a los jueces de vigilancia penitenciaria, el marcado del Supremo sobre su situación y las condiciones en que cumplen la condena es casi asfixiante. Pero no sólo por las decisiones del tribunal presidido por el juez Manuel Marchena, sino por la forma en que mueve los hilos la fiscalía, que la misma noche electoral incluso filtró en El Mundo, que sopesaba pedir al Supremo que descontaran a los presos todos los días que habían hecho campaña, de los días de permiso que tienen cada año como presos en segundo grado, cuando vuelvan a serlo (es decir, cuando les vuelvan a quitar el tercer grado que les permite salir a trabajar). Y aún más, amenazan con volver a dirigir al Supremo una petición que ya hicieron a finales del juicio contra el proceso y que no fue aceptada: la aplicación del artículo 36.2 del código penal. Este artículo dice que, a los presos condenados a cinco años de prisión o más, el juez o el tribunal los podrá ordenar que no les concedan el tercer grado hasta que no hayan cumplido la mitad de la condena. Es una previsión, según este mismo artículo, de obligado cumplimiento en delitos «referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo», en «delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal», de abusos sexuales y delitos de explotación sexual de menores.
¿Habrá indultos ahora que Cataluña «no ha votado bien»?
Estos son los primeros movimientos postelectorales de la fiscalía, que ya dejó claro que se oponía completamente la concesión de un indulto a los presos. Su informe ya lo tiene el Tribunal Supremo. Ahora espera el de la abogacía del estado, que todavía no se ha movido y no ha dicho qué le parecen las peticiones de indulto. Cuando el Supremo lo reciba hará su informe indicando el acuerdo o la desaprobación -más que previsible- de la petición de indulto de cada uno de los nueve presos políticos catalanes. Pero no se sabe cuándo lo hará. Este ritmo depende sólo de los magistrados que condenaron los presos. Con Vera y Barrionuevo (altos cargos del PSOE condenados por la trama del terrorismo de Estado de los GAL) fueron muy deprisa; en cambio, el caso de los presos catalanes comienza a eternizarse.
Como el informe del Supremo es preceptivo, pero no vinculante, la última palabra sobre los indultos la tendrá el Consejo de Ministros español. Y todo ello coincide con el calendario postelectoral en Cataluña. ¿Qué hará el gobierno de Pedro Sánchez si se acaba concretando un gobierno independentista en la Generalitat? Si nuevamente la presidencia del parlamento catalán es para un independentista, ¿qué decisión tomará el Consejo de Ministros?
La primera sesión de la nueva legislatura debe hacerse a más tardar el 12 de marzo, cuando se votará la composición de la mesa del parlamento, presidente incluido. Y al día siguiente comenzará la ronda de contactos para comprobar qué candidato puede tener apoyo para una investidura, que podría ser el 26 de marzo.
Durante la campaña, una buena parte de la operación de Estado para construir el “efecto Isla” (el candidato del PSOE en las elecciones catalanas) y derrotar el independentismo era mediática, con mensajes muy directos de «vote bien». Lo expresó así de claro el director de La Vanguardia, «un triunfo de la vía rupturista hacia la república puede congelar tanto el proceso de los indultos como la reforma del código penal». Y como los catalanes han votado el 14 de febrero con un 51% de voto independentista; 74 diputados independentistas (una mayoría absoluta más que suficiente) son un “mal resultado” que ponen freno a los indultos. ¿O dependerá de cómo se articulen los pactos para un nuevo gobierno, con qué proyecto político y qué personas al frente? La primera respuesta a estas cuestiones parece que fue la de la fiscalía recurriendo contra el tercer grado inmediatamente.
Ahora habrá que ver qué hará el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos sobre los indultos. Y como lo hará, y si los indultos serán totales o (como son más habitualmente) parciales. Que sean parciales significa generalmente que eximen de cumplir la pena de prisión que queda pendiente. Pero también puede significar que sólo se refieren a la pena de prisión, pero que no tocan en absoluto la condena por inhabilitación. En su informe al Supremo, la fiscalía enfatizar sobre todo este punto, en la necesidad de impedir que se les revoque la pena de inhabilitación, porque esto significaría que podrían volver a la actividad política. La decisión de hacerlo de una manera o de otra, está en manos del gobierno español en un momento en que se ha de decidir cómo se configura el gobierno de Cataluña y con qué proyecto político.
La fiscalía no se detiene
La acción de la fiscalía y los tribunales españoles no se limita a los presos políticos y exiliados y otros dirigentes políticos: actualmente hay 2.850 represaliados en diversos procedimientos a raíz del referéndum del 1-O o de las protestas por la sentencia del Supremo contra el proceso.
Los partidos independentistas en el parlamento reclaman al congreso español una ley de amnistía para todos los represaliados, de la que el PSOE no quiere saber nada. Pero no se trata sólo de que salga adelante una ley de amnistía (a la que los partidos del Gobierno ponen inconvenientes de carácter jurídico), sino que mientras tanto la fiscalía sigue formando parte de la acusación en muchos procedimientos. Y como ejemplo de la falta de voluntad de rebajar la presión represiva, la decisión reciente de la fiscalía de recurrir ante Tribunal Supremo contra la absolución de Tamara Carrasco (una joven activista que fue absuelta) . Ni siquiera dos absoluciones por una falta absoluta de pruebas en las acusaciones han hecho desistir a esta fiscalía que funciona jerárquicamente y que tiene en lo alto a la ex-ministra socialista Dolores Delgado, designada en el cargo por Pedro Sánchez.
La causa judicial contra la cabeza de lista de JuntsxCat
Pero aún hay otra arma de intervención política en Cataluña por parte de los poderes del Estado: el procedimiento judicial contra Laura Borràs en el Tribunal Supremo, que la investiga por “malversación, fraude, prevaricación y falsedad documental”, está abierto y se puede acelerar pronto. De momento la causa está en fase de instrucción, dirigida por el magistrado Eduardo de Porres. Está en manos del Supremo, pero si Laura Borràs deja su escaño en el congreso español para asumir su escaño en el Parlamento de Cataluña, la causa debería pasar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y esto puede suceder dentro de un mes, como mucho. La única manera de que el Supremo tendría para continuar llevando la causa sería cerrar la fase de instrucción y abrir juicio oral antes que Borràs fuera aforada en el parlamento catalán. Queda muy poco tiempo, porque el juez tiene pendiente de recibir la información correspondiente a las múltiples diligencias sobre la causa que pidió a finales del año pasado, y porque antes de abrir el juicio oral concederá un plazo de alegaciones a la fiscalía ya la defensa. Sea como sea, todo ello puede coincidir también con la negociación del nuevo gobierno y los posibles pactos, con Laura Borràs, cabeza de lista efectiva de Junts, y una de las principales protagonistas de este proceso.
En las elecciones del 14 de febrero, la formación ultraderechista Vox ha conseguido entrar en el Parlamento catalán, tras presentarse por primera vez en Cataluña. No es ninguna sorpresa ya que hundió a sus contrincantes de derecha (PP y Ciudadanos), junto a los cuales en otras comunidades y municipios del Estado español forma parte de la coalición de derechas conocida popularmente como «trifachito».
En Cataluña todo apunta a que se les aplicará el «cordón sanitario» para que no toquen poder, como se hace en Euskadi tras su entrada en 2020 al Parlamento vasco, pero en el resto del Estado español se ha blanqueado a Vox dejándolos entrar en las instituciones. Todo empezó a tras las elecciones de diciembre de 2018 en Andalucía, cuando PP y Ciudadanos, consiguieron el gobierno con los votos de Vox, formando el primer trifachito del Estado español. Seis meses más tarde, en junio de 2019, las tres derechas se unieron para conseguir el gobierno de la ciudad de Madrid, y en este caso Vox ya obtuvo mucho más que en Andalucía: consiguió concejalías. Además, de la alcaldía de Madrid, el trifachito logró el gobierno de Zaragoza, la quinta ciudad del Estado en habitantes (que anteriormente había sido «ciudad del cambio» gobernada por Podemos e Izquierda Unida); y el de las ciudades de Granada, Córdoba, Badajoz, Santander y Almería.
Gracias al PP y a Ciudadanos, la ultraderecha ha sido blanqueada y normalizada en España. Una situación muy diferente a la de Alemania, todos los partidos políticos respetan el cordón sanitario trazado para dejar fuera del poder a la ultraderechista AfD.
Más tarde el trifachito logró el gobierno de la Comunidad de Madrid y el de la Comunidad de Murcia. En las elecciones generales en 2019, Vox se convirtió en la tercera fuerza del Congreso con 52 diputados sobre 350. Ahora bien, tampoco debería sorprendernos porque si ahora hay tres derechas, que al final se unen para gobernar juntas, es por la implosión del PP. Vox surgió directamente del PP, cuando Rajoy presidía el partido, y algunos dirigentes del mismo consideraron que sus políticas eran demasiado blandas. Y si bien Ciudadanos fue impulsado como partido bisagra cuando surgió la opción de Podemos, tras las movilizaciones multitudinarias del 15-M y las élites vieron peligrar el bipartidismo, recoge el voto del PP tras los inacabables escándalos de corrupción de ese partido que acabaron con que el Parlamento del Estado español los expulsara del gobierno.
En este momento es más corto citar los Parlamentos autonómicos del Estado español, donde Vox no ha conseguido entrar, que señalar dónde sí tienen diputados. Sólo no han conseguido representantes en el Parlamento de Canarias (aunque de esa comunidad han salido 2 diputados al Congreso español); ni en Castilla-La Mancha (aunque tienen 75 concejales repartidos en diferentes municipios de la Comunidad); ni en Extremadura (pero gobiernan en 3 municipios y son segunda fuerza en 24 ciudades); ni en La Rioja (aunque es la tercera fuerza más votada, por delante de Podemos) ni en Navarra, ni en Galicia. En 2020 Vox entró en el Parlamento de Euskadi con 1 diputado; y ahora en 2021 acaba de hacerlo al Parlamento catalán con 11 diputados tras obtener 271.231 votos, que son el 7,84% del total. Quedan por delante de En Comú-Podem (marca de Podemos en Cataluña) que obtuvo 8 diputados con 194.111 votos, que representan el 6,85% del total del voto emitido.
¿Qué se puede hacer una vez que la extrema derecha entra en un Parlamento?
Los partidos políticos pueden pactar un cordón sanitario y confrontar o menospreciar el discurso del odio
Vox ha entrado con mucha fuerza en el Parlamento de Cataluña. Era la primera vez que se presentaba a unas elecciones en Cataluña y ocupará 11 escaños. El partido ultraderechista es la tercera fuerza en el congreso español con 52 diputados (sobre 350) y desde el 2019 tiene 10 diputados en las Cortes Valencianas y 3 en el Parlamento de las Islas Baleares. Durante la campaña, Juntos por Cataluña (JxCat), ERC, la CUP y En Común- Podemos, firmaron un manifiesto impulsado por la Unidad Contra el Fascismo y el Racismo (UCFR) en la que se comprometían a no llegar a ningún tipo de pacto con la extrema derecha «en ninguna circunstancia «. Además, ERC presentó un decálogo para combatirla y la CUP insiste que propondrá un pacto antifascista en el Parlamento. Repasamos qué herramientas tienen los partidos para detener la influencia y el discurso en la cámara. Los expertos reconocen que no hay ninguna receta única que lo garantice, pero sí exponen diversas iniciativas que pueden contribuir.
Cordón sanitario: no aceptar el apoyo de la ultraderecha
La primera cosa que se puede hacer es un pacto entre la mayoría de fuerzas políticas para prohibir cualquier tipo de cooperación con la extrema derecha. Es la técnica llamada «cordón sanitario», un concepto que surgió en Bélgica en 1989 cuando el partido ultraconservador flamenco Vlaams Blok obtuvo un éxito electoral sin precedentes y todo el resto de partidos se comprometieron a aislarlo. Este tipo de pacto, que continúa vigente en Bélgica, se ha reproducido en muchos países europeos, tales como los Países Bajos, Suecia y Eslovenia. En el Estado francés hace muchos años que se ha utilizado en diversas instituciones para evitar que Reagrupamiento Nacional ocupe posiciones de poder.
Según Carles Viñas, doctor en historia contemporánea por la Universidad de Barcelona y especialista en extremismo político, el cordón sanitario es el primer paso indispensable para frenar la extrema derecha una vez que obtiene representación. Considera que, de otro modo, «aceptar sus votos, utilizarlos como muleta para llegar al poder valida su discurso y la convierte en una formación homologable políticamente».
En Alemania el cordón sanitario incluye el rechazo de cualquier tipo de pacto con el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AFD). Hace apenas un año que se rompió por primera vez, cuando en Turingia la CDU -el partido de la canciller Merkel- y los liberales aceptaron los votos de la AFD para investir al presidente de este estado federal. A pesar de que la AFD no habría formado parte del gobierno, aceptar el apoyo causó un terremoto político que desembocó en la dimisión de la que debía convertirse en la sucesora de Merkel, la secretaria general del partido, Annegret Kramp -Karrenbauer. Según Viñas no permitir excepciones es importante a la hora de aplicar el cordón sanitario. Cree que hay que aprovechar todas las ocasiones para recordar que estos partidos no representan una opción como cualquier otra: «A pesar de que son organizaciones legales, no tienen una base democrática.»
Aislamiento institucional
Las instituciones tienen mecanismos para minimizar las posibilidades de la extrema derecha de influir en la actividad diaria. En el caso del Parlamento de Cataluña, una primera acción sería dejar a la extrema derecha sin representación en la mesa. El filósofo Xavier Antich propone que, una vez constituida la mesa del Parlamento, se promueva un «pacto democrático contra el fascismo y la ultraderecha» que impida que tengan ningún tipo de responsabilidad en la cámara, y se limite el tiempo de intervención y la capacidad de presentar iniciativas. Cree que hay que hacer lo imposible para evitar que Vox «determine la agenda y capitalice la actividad de la cámara». También es partidario de restringirle tantos beneficios parlamentarios como el reglamento de la cámara permita, desde el número de asesores hasta el uso de las salas de prensa.
De este aislamiento institucional encontramos un ejemplo en el Parlamento vasco. En agosto pasado el PNV, EH Bildu, PSOE y Podemos acordaron una serie de medidas para limitar las intervenciones y las propuestas de la diputada de Vox.
Tenemos otro ejemplo en el Parlamento Europeo, donde tras las elecciones de mayo del 2019 la extrema derecha consiguió formar grupo propio por primera vez -Identidad y Democracia, se llama. Los grandes grupos acordaron impedir que ningún miembro de este grupo presida comisión. Los eurodiputados de partidos como Reagrupamiento Nacional, de Marine Le Pen; la Liga, de Matteo Salvini; y el Partido de la Libertad, de Geert Wilders, tienen bloqueada la puerta a una de las posiciones con más influencia de la eurocámara. Sin embargo, hay partidos ultraderechistas, como Vox (con 3 eurodiputados) y Fratelli d’Italia (6 eurodiputados), que esquivan esta medida porque están en otro grupo, el de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Al principio de la legislatura también se puso sobre la mesa una propuesta para boicotear todas las enmiendas que presentara la extrema derecha, pero en la práctica no se ha acabado aplicando.
¿Hacer frente a su discurso o ignorarlo?
Los partidos no se ponen de acuerdo sobre cuál es la mejor manera de responder al discurso del odio. A juicio del historiador Viñas, hay dos grandes tesis: «Una considera que hay que combatir cada argumento que aduzcan y confrontarlos con ámbitos que no dominan y no forman parte de su programa; y otra considera que vale más ignorarlos totalmente«. Cree que hay que evaluar la mejor opción en cada caso, aprovechar la tribuna pública para frenar su discurso en ciertos momentos, pero en otros no hay que reaccionar a sus provocaciones ni entrar a debatir en ella.
Antich, en cambio, es de la opinión de responder siempre, sobre todo en las mentiras de la extrema derecha, «con datos objetivos irrefutables y con argumentos concretos, no retóricos». También cree que hay que denunciar «todas sus afirmaciones fascistas, xenófobas, racistas, machistas u homófobas.»
El ex eurodiputado Jordi Sebastià cree que es mejor «hacer como si no existieran, no mencionarlos o, en todo caso, optar por la ironía o la burla». Piensa que es importante que no sean tratados como cualquier otro actor político y hace énfasis en no blanquearlos.
Que no saquen réditos de la victimización
El aislamiento de la extrema derecha, tanto en el terreno institucional como en el discursivo, puede tener un efecto boomerang, de manera que se le dé argumentos que la refuercen. Como hemos visto durante la campaña, cada vez que se ha boicoteado uno de sus actos, Vox se ha quejado de no tener suficiente libertad para expresarse y la JEC (Junta Electoral Central) incluso ordenó al gobierno catalán que los protegiera. El profesor Viñas alerta que hay que actuar de manera que no puedan sacan rédito de la victimización.
Ir a la raíz del problema
Los expertos consideran que a largo plazo es indispensable que los partidos terminen resolviendo los problemas sociales estructurales que son terreno fértil para los discursos de la extrema derecha. Combatir el abandono escolar, la precariedad laboral, el desempleo y mejorar el sistema de protección social, son algunas de las claves para evitar que los colectivos más desfavorecidos se sientan atraídos por su discurso del odio.
Cuando el gobierno de Pedro Sánchez tuvo la ocurrencia de proponer a José Borrell como Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y Bruselas el poco sentido común de otorgarle el cargo desde el cual debe representar diplomáticamente a la UE, sólo cabían dos reacciones posibles, para quienes conocieran al personaje. O bien ponerse a temblar por las sobradas muestras que ha dado de que el concepto precisamente de «diplomacia» brilla por su ausencia en su registro mental, o bien frotarse las manos porque iba a competir con Donald Trump en la generación de declaraciones broncas.
No hubo que esperar ni un minuto, para que quienes no lo conocían lo conocieran. Inmediatamente antes de asumir el cargo en la UE, con motivo de que le concedieron la nacionalidad argentina en julio de 2019, declaró que la había reclamado (su padre nació en la provincia argentina de Mendoza, hijo de inmigrantes catalanes, y todos regresaron a la península antes del estallido de la guerra civil en 1936) «como homenaje a su padre» y «a tantos otros que proclaman orgullosos su ascendencia española», aunque «a los efectos prácticos (la nacionalidad argentina) no aporte nada». Dejo a los argentinos los comentarios que se merece.
En 2018, siendo canciller de Pedro Sánchez lanzó una declaraciones sobre los pueblos originarios de América del Norte que si las dijera un ciudadano de a pie, hubieran sido calificadas de delito de odio. Tampoco parece tener muy afinado el sentido de la rectitud, ya que por esas mismas fechas, el ministro Borrell fue objeto de una sanción de 30.000 euros por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por «infracción muy grave» al usar información privilegiada en la venta de 10.000 acciones que poseía en una conocida empresa, antes de que ésta entrara en serias dificultades económicas.
En marzo de 2019, Borrell en su calidad de Ministro de Exteriores del Reino de España ridicularizó la solicitud del presidente mexicano AMLO al monarca español de que pidiera disculpas «por los abusos cometidos durante la conquista de América como paso imprescindible para la reconciliación». México no es el único país en plantear el tema, ni mucho menos. Por otra parte Estados bastante más poderosos que el Reino de la península, han pedido disculpas por la colonización, entre otros Gran Bretaña, Alemania, Italia (a Libia y Etiopía), Francia (a Argelia), Australia , EEUU y Canadá (a sus naciones originarias). Algunos de ellos hasta han pagado indemnizaciones monetarias, más bien simbólicas, pero es un antecedente valioso cuando aún quedan -como es el caso del Reino de España- irreductibles defensores de una especie de derecho a la conquista y el sometimiento de otros pueblos. Si el responsable de la diplomacia de un país no entiende por qué se hacen estas cosas y no es capaz de redactar (o mandar a hacerlo a sus colaboradores) al menos media docena de versiones de notas de disculpas que dejen satisfechas a todas las partes, no puede ocupar ese cargo.
En mayo de 2019, Borrell ya protagonizó una salida de tono con Rusia y de paso con China. En una entrevista, al hablar de las relaciones entre la Federación de Rusia y la UE, dijo: «Nuestro viejo enemigo, Rusia, vuelve a decir ‘aquí estoy yo’, y vuelve a ser una amenaza, y China aparece como un rival». A causa de tales declaraciones, el embajador español en Moscú fue convocado en el Ministerio de Exteriores de Rusia. La cancillería rusa emitió un comunicado diciendo que las afirmaciones del ministro español Borrell, iban «en contra de la percepción mutua que tienen los dos países de sus relaciones de amistad, cooperación y beneficio mutuo, tal y como establecen todos los documentos oficiales firmados entre ambos en estos últimos tiempos». El máximo representante diplomático de un país no puede llamar «enemigo» a un Estado con el cual tiene relaciones normales avaladas por documentos de amistad y cooperación. Además, jamás ha habido una guerra ni una declaración de guera entre España ni cualquiera de las formas de Estado que ha tenido el pueblo ruso (ni con el Imperio zarista, ni con la URSS ni con la actual Federación de Rusia). ¿Basándose en qué datos históricos Borrell califica al pueblo ruso de «viejo enemigo»? Por el contrario, el pueblo ruso tiene registrados emocionalmente a los españoles como un pueblo amigo, como lo pudieron comprobar los miles de jóvenes del Estado español que la crisis económica del 2008 llevó a Rusia buscando trabajo (como a griegos e italianos) y fueron acogidos con más simpatía que aquella con que se los recibe en algunos países de la propia UE, pero a nuestras élites esas cosas no les importan. Si Borrell quiere enemistarse con la Federación de Rusia que aclare que lo hace en su nombre y en el de los intereses que represente, pero no tiene derecho a hacerlo en nombre de los pueblos de España ni de todos los de Europa. ¿Qué clase de diplomático va sembrando enemistades innecesarias en un mundo donde se debería declarar la paz por decreto, para afrontar globalmente el cambio climático porque si no tenemos los años contados como especie?
Con esos antecedentes en su currículum político, no es sorprendente que Borrell haya subido la apuesta en sus provocaciones a Rusia ahora que lo puede hacer en nombre de toda la UE, convirtiéndose en defensor de los derechos de expresión presuntamente violados por la justicia de la Federación de Rusia de un bloguero ruso llamado Alexei Navalny, elevado por la magia de Occidente a la categoría de «principal líder opositor a Putin». Según encuestas realistas de una agencia independiente, a Navalny lo conoce sólo el 6% de la población rusa. En cambio, Occidente no pide sanciones para España por el encarcelamiento de los políticos catalanes independentistas, cargos electos que representaban al 50% de la población de Cataluña. Es tan grande la hipocresía, que no alcanza con calificarla como una cuestión de doble rasero, le cabe mejor el símil de «ver la paja en el ojo ajeno mientras hay una viga en el propio».
Sobre el señor Navalny, la pregunta del millón es por qué ha regresado a Moscú después de haber pasado cinco meses en Alemania, si supuestamente en Rusia no tendría un juicio justo y peor aún, se supone que el gobierno querría envenenarlo. ¿Por qué no pidió asilo político en Alemania? Siete de los políticos catalanes de los tres partidos que lideraron la realización del referéndum por la independencia, hace más de tres años que están exiliados en Bélgica, Reino Unido y Suiza, porque no confiaban en que tendrían un juicio justo en España. También optaron por el exilio, raperos y activistas políticos que no estaban dispuestos a cumplir en España penas de prisión que consideraban injustas. Por lo tanto, si cree que la Justicia de la Federación Rusa no es de fiar, y además el gobierno podría envenarlo en cualquier momento, no se entiende por qué el Sr. Navalny regresó a Moscú poniendo en riego su vida y la de su familia.
El zoom de Borrell y de la UE sobre los derechos de Navalny contrasta con la venda que llevan puesta en los ojos ante la Ley Mordaza española. En España, desde hace años se ha criminalizado la protesta política y se juzga a raperos, titiriteros, blogueros, twiteros (hasta 76 personas, ciudadanos de a pie, han sido detenidas por twitear sus opiniones, algunos de los imputados han sido niños de 14 años), humoristas, cantantes de rock, revistas de humor, y hasta un jurista y profesor de Derecho fue juzgado «por injurias a la autoridad». El libro ‘Fariña’ del periodista Nacho Carretero, que narra los entrelones del narcotráfico gallego, fue secuestrado durante tres meses por orden de una jueza y se han heho retirar cuadros de exposiciones por su contenido político. Hasta The New York Times ha informado sobre el tema. En un artículo de principios de 2018, el NYT explica que que «ya sea por ley o por intimidación, España se ha convertido en un país donde los riesgos de libertad expresión han aumentado silenciosamente en los últimos años».
Como bien dijo en el Parlamento Europeo el eurodiputado Carles Puigdemont (ex presidente del gobierno catalán, y exiliado en Bruselas) en su intervención en el plenario que analizó las andanzas de Borrell en Rusia como Alto Representante de la UE: «Debería haber dicho a Lavrov que estaba equivocado, que España no tiene tres presos políticos catalanes, sino nueve. Que no se pueden comparar con Navalny, porque él ha sido condenado a tres años y medio de cárcel y los líderes catalanes han sido sentenciados entre nueve años y trece de prisión por haber organizado un referéndum». «La Unión Europea no puede ir por el mundo recetando cosas que no se aplica a sí misma«. En esa tensa sesión la Eurocámara le reprochó agriamente a Borrell la imagen humillante de la UE que dejó en Moscú ante Lavrov. No podía ser de otra manera. Por otra parte, hay que estar muy desubicado (no sólo Borrell sino la UE) al creer que se puede ir a patotear, como dirían en Argentina, a una de las potencias mundiales, en su propia casa, y pretender meter un gol a Lavrov, un ministro de Exteriores que es diplomático desde 1972 y se movió en las más altas instancias mundiales durante toda la guerra fría.
Como decía un anuncio de detergentes que hizo furor en España hace casi 40 años: «busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo». Y el mejor es Serguéi Lavrov, que debe ser el diplomático en activo más sobresaliente desde hace décadas. Como muestra de ésto, pueden leer a continuación una transcripción de la rueda de prensa en la cual Lavrov explicó la reunión con el Alto Representante de la UE Borrell, y debajo el informe del propio Borrell en el sitio oficial de Acción Exterior de la Unión Europea, titulado «Mi visita a Moscú», donde da su versión de los hechos.
Comentarios y respuestas del ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, a las preguntas de los medios de comunicación en una conferencia de prensa conjunta tras las conversaciones con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y el Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell
Buenas tardes damas y caballeros. Tuvimos una detallada conversación con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell.
Revisamos en detalle el estado de las relaciones entre Rusia y la UE. Claramente, están atravesando un período difícil, en parte relacionado con las restricciones ilegítimas unilaterales impuestas por la UE bajo pretextos descabellados.
Es importante destacar que ambas partes confirmaron su interés en mantener y ampliar nuestro diálogo, incluso en asuntos en los que nuestras posiciones difieren, que son numerosas. Observamos una voluntad mutua de mantener una cooperación pragmática en áreas de interés común que puedan ser beneficiosas para ambas partes.
Compartimos la opinión de que una mayor degradación de nuestros vínculos puede tener consecuencias negativas e impredecibles. Esperamos que durante la revisión estratégica de las relaciones con Rusia en la próxima cumbre de la UE prevista para marzo de 2021, sus participantes opten por una interacción constructiva, profesional y pragmática. Puede que nuestras diferencias no desaparezcan, pero es mejor tener la menor cantidad posible. Somos vecinos y somos responsables de mantener la estabilidad en nuestro continente europeo común, o más bien euroasiático, para garantizar una vida más cómoda a nuestros ciudadanos en este vasto espacio geopolítico.
Rusia y los países europeos comparten una historia, una cultura y contactos interpersonales comunes de siglos de antigüedad. Tenemos mucho en común en la economía, aunque el comercio es casi la mitad de lo que era en 2012 y 2013, un récord histórico. Ahora hay una tendencia positiva en la que la UE sigue siendo nuestro mayor socio comercial y económico. Las empresas de la UE son los inversores extranjeros más importantes, o al menos entre los más importantes, en la economía rusa. A pesar de la pandemia, las cifras del comercio bilateral continúan aumentando. Nuestra relación, especialmente la interdependencia energética, debe utilizarse en beneficio de ambas partes. Tenemos el entendimiento de que buscaremos otras áreas para aplicar nuestros esfuerzos conjuntos como parte de la construcción de relaciones renovadas.
Hoy, tratamos la salud, el cambio climático, la ciencia y la educación como áreas en las que los expertos y ministros de ambos lados pueden llegar a acuerdos importantes. Haremos todo lo posible para no retrasar este esfuerzo si nuestros colegas europeos están preparados para ello. Al menos, les escuchamos decir que sí, durante las conversaciones.
Queremos continuar el diálogo político. Las charlas de hoy son una prueba de que es útil independientemente de todo lo demás. Hay acuerdos preliminares para ampliar la cooperación en una serie de áreas prometedoras, incluida la lucha contra el terrorismo y la amenaza de las drogas que sigue viniendo de Afganistán y otras áreas.
Prestamos especial atención a la situación en Oriente Medio y África del Norte. También discutimos la solución del conflicto palestino-israelí. Vemos la necesidad de retomar las actividades del Cuarteto de mediadores internacionales, dado que la nueva administración en Washington está dispuesta favorablemente a esta idea. Ambos comprendemos la necesidad de utilizar las capacidades del Cuarteto para crear las condiciones para reanudar el diálogo directo entre palestinos e israelíes a fin de ayudar a las partes a encontrar una solución que se ajuste a la fórmula de dos Estados aprobada por la ONU y como parte de la Iniciativa de paz árabe.
Hablamos de otras regiones asoladas por la crisis, incluidas Siria y Libia. Entendemos que la continua inestabilidad sigue pesando sobre la situación en Europa, incluso en el contexto de la afluencia de migrantes y refugiados a la UE. Creemos que es necesario superar los problemas existentes, pero no olvidar los hechos que precedieron a todo lo que estamos presenciando. Claramente, habría muchos menos problemas si muchos estados occidentales se abstuvieran de hacer apuestas geopolíticas imprudentes en el Medio Oriente y África del Norte.
Continuaremos implementando el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) para resolver el programa nuclear de Irán. Se acerca un momento crítico. Esperamos que también en este ámbito, la administración estadounidense que sostuvo las conversaciones y firmó el JCPOA, decida en qué medida estará lista para volver a este importante documento internacional que se reconoce como un logro de la diplomacia multilateral y muestra qué esfuerzos deben hacerse para aliviar las tensiones en varios puntos críticos y consolidar el régimen de no proliferación de armas nucleares.
Estamos dispuestos a cooperar en otros conflictos y en cuestiones regionales en general. Seguiremos informándonos unos a otros sobre los enfoques que se están gestando en la Unión Europea y la Federación Rusa.
Me gustaría expresar nuestro pesar por que durante la pandemia de coronavirus, cuando parecía que todos los países del mundo deberían unirse y actuar como uno solo, algunas fuerzas de la UE han utilizado este tema para acusar a Rusia de desinformación. Rusia ha demostrado con hechos su voluntad de ayudar a todos sus colegas interesados, incluso en la UE, a contrarrestar este peligroso virus. Si realmente queremos detener estas guerras de información y falsos rumores, debemos acordar con la Unión Europea crear un canal y apuntalar nuestra charla sobre desinformación con hechos que nos permitan considerar los agravios mutuos a nivel profesional. Nuestra propuesta sigue siendo válida.
Estamos dispuestos a discutir cuestiones relacionadas con los planes de la UE en el espacio postsoviético (el sur del Cáucaso y Asia central) en el que la UE muestra un interés sustancial. Esperamos que al redactar su política, la Unión Europea tenga en cuenta los intereses legítimos de Rusia cerca de sus fronteras y en sus relaciones con sus vecinos y aliados de al lado. Sería correcto acordar principios que incluyan compromisos de no interferir en los asuntos de Estados soberanos, ya sea en el espacio postsoviético, en los Balcanes Occidentales o en cualquier otro lugar.
Esta fue una discusión honesta. No ocultábamos nuestras diferencias, pero estábamos motivados a discutirlas abiertamente en lugar de guardar rencor entre nosotros. Al mismo tiempo, intentamos promover nuestros contactos siempre que fuera beneficioso para ambas partes. Estamos listos para esto. Hoy hemos escuchado garantías de que se está formando la misma opinión en la UE.
Me gustaría agradecer a Josep Borrell y su equipo las buenas conversaciones .
Pregunta :¿Qué puede decirnos sobre la política actual de la UE hacia Cuba?
Serguéi Lavrov: Tenemos el mismo enfoque con la Unión Europea, los socios internacionales deben resolver sus problemas exclusivamente a través del diálogo. La presión de poder, los ultimátums, las sanciones y las penas mediante restricciones extraterritoriales a quienes quieren desarrollar relaciones normales son métodos e instrumentos de un pasado colonial.
Desafortunadamente, la Unión Europea recurre cada vez más a estos instrumentos, que son una invención de Estados Unidos. Esto es triste. Espero que los próximos eventos internacionales, incluida la cumbre de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue propuesta por el presidente de Rusia Vladimir Putin y respaldada por otros (el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reafirmó su voluntad de participar en ella ayer), y otras conferencias serán utilizadas para averiguar qué mundo estamos construyendo. ¿Será un mundo multipolar que garantice la igualdad para todos los actores principales, incluida la UE, o será un mundo llamado multilateral que es una tapadera para justificar los métodos de un arreglo mundial unipolar? Hoy hemos empezado a hablar sobre la naturaleza del multilateralismo genuino y espero que continuemos este debate. Estamos convencidos de que este es un formato en el que están representados todos los Estados. En otras palabras, las Naciones Unidas. Cuando, por ejemplo, Francia y Alemania proponen iniciativas sobre un multilateralismo eficaz, empezamos a estudiar este lema. Parece que se asume que la Unión Europea es un ideal de multilateralismo, mientras que otros deben seguir su estela. Son cuestiones filosóficas, pero en la práctica están relacionadas con la política real. Me alegra que hoy hayamos hablado con sinceridad sobre ellos, así como sobre las preguntas que nuestros colegas europeos tienen para la Federación de Rusia. Creo que este es el único enfoque constructivo. El ejemplo de Cuba revela gráficamente la malignidad de los enfoques unilaterales y la necesidad de revisarlos.
Pregunta : Con respecto a los intereses compartidos que pueden unir a la Unión Europea y Rusia en lugar de dividirlos, quiero preguntarle si ve a la vacuna contra el coronavirus Sputnik V como una herramienta de acercamiento o como la influencia opuesta que sembrará aún más semillas de discordia entre los dos bloques.
Serguéi Lavrov: No estamos hablando de si la vacuna Sputnik V podría desempeñar un papel positivo, sino de establecer una cooperación entre todos los productores de vacunas en pie de igualdad. Cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que se había creado la vacuna Sputnik V, esta noticia recibió una respuesta negativa: las opiniones variaron desde los escépticos “es demasiado pronto y nadie sabe nada hasta ahora», «los rusos se han apresurado a conseguir ventajas geopolíticas «. Sin embargo, a medida que se comenzó a administrar la vacuna, la percepción de la misma ha cambiado, en gran parte porque al principio el presidente ruso Vladimir Putin, al anunciar este logro por parte de los científicos rusos, pidió la cooperación más amplia posible en este campo con nuestros socios extranjeros.
Ayer, durante la conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hablamos sobre la vacuna Sputnik V. El Sr. Blinken nos felicitó por la eficacia de la vacuna. Acordamos promover contactos entre nuestros laboratorios, científicos y productores y ver si existe potencial de cooperación en esta área. Mantenemos contacto con nuestros colegas europeos a gran escala en relación con este tema. Varios países están interesados en comprar y producir la vacuna a nivel nacional. En su reciente conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, la canciller alemana, Angela Merkel, apoyó la idea de ver si existe la posibilidad de cooperación entre Rusia y Alemania.
El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya ha establecido contacto con AstraZeneca para ver si podría producirse una versión mixta de la vacuna que combine los efectos positivos de ambas vacunas.
Creo que la cooperación en este ámbito no solo puede desempeñar un papel positivo, sino que ya lo está haciendo. Damos la bienvenida a esto en todos los sentidos.
Pregunta: Usted ha dicho que se vislumbra una revisión de la actitud de la Unión Europea hacia Rusia, pero por ahora, a mi modo de ver, la UE se basa en los cinco principios de Federica Mogherini. ¿Tiene Rusia principios que nos guíen a la hora de construir nuestras relaciones con la UE? También debo preguntarle acerca de los videos que se entregaron al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y a su colega sueca Ann Linde.
Sergey Lavrov: He expresado mi opinión sobre “los cinco principios de Federica Mogherini” más de una vez. Solo mencionaré un principio, el que dice que las relaciones con nosotros se normalizarán tan pronto como Rusia cumpla con los Acuerdos de Minsk. Paralelamente, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dice que no le gustan los Acuerdos de Minsk pero que tendrá que cumplirlos porque esto le permitirá mantener las sanciones contra Rusia. Esta trampa en la que se ha metido la UE es indicativa. Hemos preguntado a Berlín y París, como coautores de los Acuerdos de Minsk en el formato de Normandía, qué piensan acerca de esas declaraciones del presidente Zelensky, pero nuestras preguntas siguen sin respuesta. Cualquier persona más o menos sensata comprenderá que esta cuestión es absolutamente artificial.
Por lo tanto, prefiero no inventar principios contrarios, sino sugerir que se base en el derecho internacional, las normas y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki y otros documentos de la OSCE adoptados al más alto nivel. Estos documentos establecen el respeto por la soberanía y la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de los demás y el libre acceso a la información (algo que no vemos garantizado por nuestros colegas occidentales). También contemplan muchos otros principios, como el diálogo equitativo, el respeto mutuo y la búsqueda de un equilibrio de intereses. Estos principios son la base de cualquier diálogo que tenga como objetivo lograr resultados en lugar de derivar alguna ventaja geopolítica. Por supuesto, la reciprocidad es imprescindible.
Si está tan preocupado por los derechos humanos y el trato a los manifestantes, es necesario que también mire las imágenes que les dimos a nuestros colegas suecos y a Bruselas en vísperas de la visita actual. Mírelos. Muestran cómo un policía conduce su jeep sobre los manifestantes tirados en el suelo y muchas otras cosas. El mundo entero vio imágenes de cómo una joven fue apretada contra la pared por un chorro de agua de una manguera contra incendios en los Países Bajos, tras lo cual salió del lugar cubierta de sangre.
No tenemos nada como esto aquí. La policía fue atacada repetidamente durante las recientes manifestaciones en Rusia, pero no utilizó ninguna fuerza especial. Los manifestantes utilizaron gases lacrimógenos contra la policía.
Ayer hablé con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Mencionó la situación en torno a Alexey Navalny y los manifestantes. Le pregunté si tenía alguna información que aclarara la ubicación de los detenidos durante los eventos en el Capitolio de Estados Unidos. Según algunas estimaciones, hay unas 400 personas (detenidas). Varias decenas de ellos están acusados de agredir a la policía. Según la ley estadounidense, esto se castiga con una pena de prisión de 1 a 20 años.
Hubo numerosos ataques contra la policía durante las recientes manifestaciones en Rusia y todos están documentados. Estos hechos se están procesando ahora.
Hay muchos casos en Europa donde se sospecha que los tribunales dictan veredictos politizados. Me gustaría llamar su atención sobre lo que nunca se ha mencionado en nuestras declaraciones públicas, en particular, el caso de los presos en España que fueron condenados a 10 y más años de prisión por organizar referendos en Cataluña.Recuerdo ésto porque nuestro tribunal fue acusado de emitir un veredicto politizado. Pero cuando las autoridades judiciales de Alemania y Bélgica instaron a los dirigentes españoles a revocar las sentencias de estos tres catalanes, así respondieron las autoridades del gobierno español: “Tenemos nuestro propio sistema judicial. Ni siquiera piensen en poner en duda las decisiones que adoptamos en nuestros tribunales según nuestras leyes».
(N.de la E. se quedó cortó el Ministro Lavrov al hablar de «tres catalanes» condenados por organizar el referéndum en Cataluña, los condenados a estas largas penas de prisión son nueve (9). Pero no termina ahí la causa general en los juzgados contra el independentismo catalán. Hay 50 procesados más, entre funcionarios y ex funcionarios públicos catalanes; catedráticos de Derecho a quienes consultó el gobierno catalán sobre el referéndum; activistas sociales y empresarios. Hay decenas de causas abiertas contra los manifestantes que protestaron por las sentencias contra los líderes independentistas. Algunos están acusados de delitos de terrorismo).
Esto es exactamente lo que queremos de Occidente en cuanto a reciprocidad.
En cuanto a la transparencia en nuestras relaciones, simplemente nos hemos quedado estancados en un tema que Occidente está tratando de dejar a un lado por alguna razón, llamando la atención sobre las protestas y manifestaciones en la Federación de Rusia.
Me refiero al tema de encontrar la verdad de lo que sucedió con Navalny, cuándo y dónde. He hablado de esto muchas veces. Ni los médicos rusos ni los médicos civiles alemanes han encontrado lo que supuestamente entró en su cuerpo.
Eso fue descubierto sólo por médicos militares alemanes. Este es un hecho revelador. Nuestras numerosas solicitudes para recibir los resultados de estas pruebas de Alemania, Francia, Suecia o la Secretaría Técnica de la OPAQ, (N.de la E. OPAC es la Organización Para la Prohibición de las Armas Químicas, organismo encargado de la aplicación internacional de la Convención sobre Armas Químicas), que se ha vuelto tan dócil y obediente, han quedado sin respuesta. Simplemente no responden a nuestras preguntas. Todo lo que dicen es «Ustedes saben todo». Pero esto es simplemente una falta de respeto, por decirlo suavemente.
Creo que esta arrogancia por parte de una Europa supuestamente culta es absolutamente inaceptable e inadmisible. Pero si nuestros socios creen que no merecemos tener información que confirme sus acusaciones contra los líderes rusos, que esto esté en su conciencia. Favorecemos la honestidad y la transparencia. No es necesario volver a contar estos principios. Creo que todos entendemos de qué estamos hablando.
Pregunta (para Josep Borrell): ¿Qué mensajes le transmitió al Sr. Lavrov sobre la sentencia contra Alexey Navalny y la represión de las manifestaciones pacíficas? ¿Cree que es posible que la Unión Europea adopte en un futuro próximo sanciones contra las ocho personas nombradas en la lista de oligarcas elaborada por [Alexey] Navalny?
Sergey Lavrov (después de Josep Borrell): Ya he hablado de este tema. No hablaré mucho sobre Navalny, las manifestaciones y mítines de protesta o, lo que es más importante, sobre el doble rasero cuando se trata de la cobertura mediática de estos hechos.
Los medios de comunicación occidentales informan principalmente sobre la respuesta de la policía sin mostrar a qué respondían, mientras que su cobertura de las manifestaciones en Occidente se centra en el comportamiento desenfrenado de los manifestantes.
Creemos que hay un doble rasero aquí. Parece que empiezan a escucharnos. Sin embargo, la postura colectiva aliada de los países de la UE es que no se nos proporcionan datos. Entendemos que este parámetro está formulado en Berlín. Ha decidido que esto debería ser así desde el principio y ha anunciado esta decisión a los demás. Le siguieron Francia y Suecia. No me sorprende esto, teniendo en cuenta el principio de solidaridad de la UE. Estoy seguro de que la mayoría de los políticos europeos son conscientes de lo absurdo de esta postura. Esto es obvio, siempre que se respete el derecho internacional. El derecho romano, que ha sobrevivido en gran medida y se aplica en Europa, dice que «la carga de la prueba recae en quién afirma, no en quién niega». Esto es exactamente lo que queremos.
En cuanto a las sanciones, las consideramos un asunto interno de la Unión Europea. Nos hemos acostumbrado cada vez más a que Bruselas aplique sanciones unilaterales sin ningún fundamento jurídico.
Partimos del supuesto de que la UE no es un socio fiable, al menos en la etapa actual.
Espero que en el futuro se preste atención estratégica al interés fundamental de la UE en sus vecinos más cercanos y que las conversaciones que hemos celebrado hoy promuevan el avance hacia una trayectoria más constructiva. Estamos listos para esto.
Para concluir, me gustaría decir algunas palabras a los periodistas. Se trata del problema, o del estancamiento creado por los resultados de las pruebas realizadas en Alemania, Francia y Suecia. Me sorprende que los periodistas, que a menudo muestran interés en eventos menos importantes, haciéndolos parte de sus informes y las preguntas que plantean a los políticos, hayan sido increíblemente pasivos esta vez. No puedo entender la razón de esto. Espero que, después de todo, prevalezcan las características intrínsecas de los periodistas: la curiosidad y el deseo de llegar a la verdad.
Quizás lleven a cabo una investigación periodística . ¿Ha sucedido alguna vez en el pasado que un político o alguien que dice serlo haya pedido a los estados extranjeros que adopten sanciones contra su patria? (Refiriéndose a Navalny). Si algún periodista investiga este asunto, se producirá un informe interesante, que todos esperamos con interés. Como se dice en los círculos de los medios, las buenas noticias no venden; todo el mundo necesita un escándalo.
Sin embargo, podemos ofrecerte resultados positivos en los ámbitos que hemos mencionado, es decir, salud, ciencia, educación y cambio climático. Estos temas son de interés fundamental para los grandes actores vecinos del continente euroasiático. No hay duda de que intentaremos traducir estos intereses en acuerdos prácticos, que ayudarán a abordar los problemas globales de una manera cómoda para todos los participantes.
El mismo encuentro explicado según Borrell
«Mi visita a Moscú y el futuro de las relaciones UE-Rusia»
«Fui a Moscú esta semana para probar, a través de la diplomacia de principios, si el gobierno ruso estaba interesado en abordar las diferencias y revertir la tendencia negativa en nuestras relaciones. La reacción que recibí apunta visiblemente en una dirección diferente. Por tanto, como UE tendremos que reflexionar sobre las implicaciones más amplias y trazar el camino a seguir. Nos encontramos en una encrucijada. Se están dibujando los principales parámetros del panorama geopolítico del siglo XXI.
Acabo de regresar de una visita muy complicada a Moscú, en la que me había embarcado para discutir el complicado estado de las relaciones UE-Rusia. Han sido bajas durante varios años y se han deteriorado aún más después de los recientes acontecimientos relacionados con el envenenamiento, arresto y sentencia de Alexei Navalny, así como los arrestos masivos relacionados de miles de manifestantes. El propósito de esta misión era expresar directamente la enérgica condena de la UE a estos hechos y abordar, a través de una diplomacia de principios, el proceso de un rápido deterioro de nuestra relación con Rusia, y ayudar a preparar los próximos debates del Consejo Europeo sobre las relaciones UE-Rusia.
Una rueda de prensa organizada de forma agresiva y la expulsión de tres diplomáticos de la UE durante mi visita indican que las autoridades rusas no querían aprovechar esta oportunidad para mantener un diálogo más constructivo con la UE. Aunque no es del todo inesperado, también es lamentable, me atrevo a decir, desde una perspectiva estratégica rusa. Como UE, tendremos que extraer las consecuencias, reflexionar detenidamente sobre la dirección que queremos dar a nuestras relaciones con Rusia y proceder de manera unida y decidida.
Las cuestiones de derechos humanos y las libertades fundamentales, y en particular el caso de Alexei Navalny, estuvieron en el centro de mi visita y de mis intercambios con el Ministro de Relaciones Exteriores Lavrov. En ocasiones, la discusión con mi homólogo ruso alcanzó altos niveles de tensión, ya que pedí la liberación inmediata e incondicional del Sr. Navalny, así como una investigación completa e imparcial sobre su intento de asesinato».
Borrell parece no recordar que los Relatores de Derechos Humanos de la ONU, Amnistia Internacional o la Organización Mundial contra la Tortura, entre otros, han pedido repetidamente la libertad de los dos dirigentes catalanes de asociaciones civiles independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart condenados a 9 años de prisión por «convocar manifestaciones tumultuosas», que por cierto, siempre fueron pacíficas. La condena de Navalny que tanto indigna a Borrell y a una UE que cierra los ojos ante lo que pasa en Cataluña, es de tres años y medio.
«Le recordé al Ministro Lavrov que las obligaciones de Rusia en el campo de los derechos humanos se derivan de los compromisos internacionales que ha asumido libremente (es decir, el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa) y, por lo tanto, no pueden descartarse como injerencia en los asuntos internos. Reiteré estos puntos en la rueda de prensa«
Borrell no parece estar muy preocupado por «recordar a España sus obligaciones en el campo de los derechos humanos». España ha sido condenada varias veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: por «uso desproporcionado de la fuerza» en 2004 contra manifestantes por la crisis económica en Valladolid, dejando la policía a una joven incapacitada de por vida (2014) ; por no investigar torturas policiales (2011); por haber juzgado en 2007 a dos jóvenes que quemaron fotos de los anteriores monarcas (2018); etc.
«Mi equipo tuvo contactos con el círculo cercano del Sr. Navalny para expresar nuestro apoyo. Desafortunadamente, no pude encontrarme con él porque estaba siendo juzgado durante mi visita»
A propósito de visitas a presos, cabe recordar que un grupo de eurodiputados -de esa institución europea de la cual Borrell es ahora Alto Representante- denunció que el Estado español les impedía visitar a los dirigentes políticos catalanes independentistas -electos- encarcelados en Madrid. Los eurodiputados por ley tienen derecho a acceder a cualquier centro penitenciario de la UE, pero en Madrid no se les permitió. A Borrell no le pareció por eso que España «se está desconectando progresivamente de Europa y mirando los valores democráticos como una amenaza existencial» como sí le parece que ocurre en Rusia.
«Lamentablemente, al final de nuestra reunión nos enteramos, a través de las redes sociales, de la expulsión de tres diplomáticos de la UE por acusaciones infundadas de que no cumplieron con su condición de diplomáticos extranjeros al participar en manifestaciones. Le pedí al ministro Lavrov que revocara esta decisión, pero fue en vano»
En 2018, el mismísimo Borrell, hizo destituir al cónsul de Grecia en Barcelona porque el año anterior había acudido a una manifestación del Día Nacional de Cataluña vestido con una camiseta con un dibujo de la bandera de los independentistas catalanes, y haber participado en un acto público de apoyo al presidente catalán Carles Puigdemont. En la «limpieza» de cónsules extranjeros simpatizantes de las reivindicciones catalanas, España hizo destituir también al representante de Finlandia, al de Letonia y al de Filipinas. El de Bulgaria corrió la misma suerte, pero éste por tachar de «franquista» a la vicepresidenta del gobierno de Rajoy.
«Regresé a Bruselas con una profunda preocupación por las perspectivas de desarrollo de la sociedad rusa y las opciones geoestratégicas de Rusia. Mi encuentro con el ministro Lavrov y los mensajes enviados por las autoridades rusas durante esta visita confirmaron que Europa y Rusia se están distanciando. Parece que Rusia se está desconectando progresivamente de Europa y mirando los valores democráticos como una amenaza existencial«.
A Borrell, le preocupan «profundamente», «las perspectivas de desarrollo de la sociedad rusa», pero más deberían preocuparle las del Estado español: el anterior jefe de Estado salido subrepticiamente hacia los Emiratos en medio de un escándalo financiero; el Consejo General del Poder Judicial caducado hace dos años; una Ley Mordaza que criminaliza la libertad de expresión y la protesta ciudadana; exiliados y presos por cuestiones políticas; dos millones de españoles alimentándose gracias a los bancos de alimentos; cada 12 minutos en Epaña una familia es desahuciada de su hogar porque no puede pagar el alquiler o la hipoteca… Lo mejor que puede hacer Rusia es «desconectarse» de desarrollos como éstos.
«Discutiremos estas cuestiones con mis compañeros ministros de Asuntos Exteriores de la UE. Como siempre, corresponderá a los estados miembros decidir los próximos pasos, y sí, estos podrían incluir sanciones. Y también tenemos otra herramienta a este respecto, gracias al régimen de sanciones de derechos humanos de la UE aprobado recientemente».
Saber dónde y cómo se producen los contagios de coronavirus es básico a la hora de proponer medidas para detener la pandemia. Hasta ahora, los datos que se tenían eran de estudios extranjeros. Por primera vez se han analizado en Cataluña. Se ha estudiado el origen de todos los contagios de diciembre, menos los de Barcelona ciudad, cuyos datos aún no se han introducido.
Las conclusiones son claras: hay que reducir y hay que hacer que sean seguros los encuentros sociales con los familiares no convivientes, o los amigos.
Aunque la mayoría de los contagios se producen dentro del domicilio, se deben a que alguno de los miembros antes se ha contagiado en algún otro entorno. Por lo tanto si se evitan estos contagios también disminuirán los de los convivientes. Y lo más evitable de todo son esos encuentros sociales.
Una cuarta parte de los contagios son fruto de estos encuentros, dentro o fuera de casa. Mejorar las cifras de contagio está, en gran parte, en manos del comportamiento individual.
Dónde se producen los contagios
Un 70% dentro de casa, donde vamos sin mascarilla y debido al frío lo tenemos todo cerrado. Más de la mitad se contagia directamente de las personas con quienes convine. Un 11%, se contagia en los encuentros con amigos o familiares que se reciben en casa. Sólo un 1% de los contagios se produce cuando vienen cuidadores, personal de limpieza o profesores particulares.
Más de una cuarta parte se dan fuera de casa. En reuniones sociales se produce un 14%; un 7% ocurren en el trabajo; un 5% en la escuela; y en residencias de ancianos y hospitales, sólo un 2%.
Estos datos se han obtenido gracias a la Red de Vigilancia Epidemiológica, aunque sólo refleja lo ocurrido en diciembre.
Pepe Mujica habla con los líderes de Esquerra Republicana de Catalunya encarcelados
Gràcies Pepe Mujica, la teva i la nostra lluita també es troba dins de la lluita democràtica de molts d'aquests pobles. Gràcies també per la teva solidaritat. pic.twitter.com/uZ86eDbpA6
El ex presidente de Uruguay, en un encuentro en línea con los líderes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) encarcelados, les ha expresado su solidaridad y apuesta por la negociación con el Estado.
El ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, ha trasladado «toda su solidaridad» al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y Raül Romeva (ex europarlamentario, y ex consejero de Asuntos Exteriores del gobierno de Puigdemont) , en un encuentro telemático celebrado esta semana con la prisión, después de que Junqueras le hicera llegar una carta al líder uruguayo.
«Soy amigo de todos aquellos que están en la cárcel por razones políticas», expresó Mujica a los líderes republicanos.
Romeva le ha manifestado su deseo de encontrarse pronto y agradeció a Mujica «todo el apoyo que nos has dado siempre». En la misma línea, Oriol Junqueras ha querido agradecer «esta muestra de solidaridad».
«Siempre hemos visto con simpatía las causas por la justicia y la libertad en Latinoamérica y en todo el mundo. Nuestra lucha también se encuentra dentro de la lucha democrática de muchos de estos pueblos», recordó el líder republicano.
Mujica ha subrayado durante la conversación que en momentos y en conflictos duros «no hay otra salida que la salida política», y esto para el líder uruguayo implica «siempre negociar». También ha trasladado a los líderes republicanos, su «humilde» voluntad «para ayudar en una mesa de diálogo».
Finalmente, el ex presidente uruguayo ha recordado que él mismo ha pasado muchas Navidades solo, «conozco lo que es eso, por eso me acuerdo de todos los presos políticos».
El Grupo Los Verdes del Parlamento europeo, la quinta formación en fuerza con 67 diputados (sumó 12 diputados más en las últimas elecciones europeas) se ha dirigido por carta al presidente del Estado español Pedro Sánchez, para pedirle que «acelere las opciones» para liberar a los líderes independentistas catalanes.
Los dirigentes políticos catalanes que impulsaron en 2017 la celebración de un referéndum por la independencia de Cataluña, fueron juzgados por el Tribunal Supremo español y condenados a largas penas por «sedición».
El Grupo Los Verdes del Parlamento europeo está formado por eurodiputados de formaciones ecologistas de la mayoría de Estados miembros de la Unión. Además, por representantes de las siguientes formaciones políticas: Unión Rusa de Letonia (representan a la minoría rusa en Letonia), Federación de Regiones y Pueblos Solidarios de Francia, Partido Popular Socialista de Dinamarca, Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Pirata Checo (tercera fuerza política en las elecciones en su país en 2017). El Grupo Los verdes defiende la ecología política y el derecho a la autoderteminación de los pueblos.
Los Verdes europeos piden por carta a Sánchez que libere a los presos políticos
Los co-presidentes del grupo Los Verdes en el Parlamento Europeo, la alemana Ska Keller y el belga Philippe Lamberts, han pedido por carta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que acelere las opciones disponibles «para que los presos políticos recuperen la libertad«.
Esta carta llega después de la reunión telemática que Lamberts ha mantenido con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y con Raül Romeva (N. de la E. : Romeva fue consejero de Asuntos Exteriores del gobierno catalán hasta 2017, y fue condenado por «sedición» en la misma causa abierta contra los 12 líderes políticos catalanes que impulsaron la celebración del referéndum por la independencia) en el que han abordado «la actual situación política en Cataluña», ha informado ERC en un comunicado.
En la carta, los dirigentes ecologistas europeos han denunciado que la suspensión del tercer grado para los líderes independentistas en plena pandemia ha convertido la situación personal y familiar de los encarcelados en «aún más difícil si cabe». (N. de la E.: los familiares han informado que los políticos independentistas encarcelados pasan 22 horas diarias en régimen de aislamiento). Para Keller y Lamberts, la suspensión del tercer grado dificulta la construcción de «un necesario clima de confianza para que el diálogo político sobre el futuro de Cataluña fructifique».
«Además de la puesta en marcha de la mesa de diálogo, que apoyamos y que esperamos pueda empezar pronto a dibujar soluciones, creemos necesario avanzar en una solución política que permita garantizar una rápida libertad de los líderes encarcelados. Todos somos conscientes de que la resolución de esta cuestión es condición imprescindible para empezar a construir un necesario clima de confianza», indicaron.
Por su parte, Junqueras ha afirmado que los indultos suponen «soluciones individuales para situaciones individuales», pero no resuelven «el problema colectivo que existe y que afecta a tantísima gente». ‘Hay que encontrar una solución global que devuelva a la política lo que es esencialmente un problema político, y eso sólo lo permite la ley de Amnistía’, subrayó el presidente de ERC. (N. de la E. Oriol Junqueras, fue vicepresidente del gobierno catalán que organizó el referéndum por la independencia, fue juzgado por el Tribunal Supremo español y condenado a una pena 13 años por «sedición»).
Romeva, por su parte, se ha referido al informe de la Comisión Europea (CE) sobre el Estado de Derecho (en España) en el que señala que la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde diciembre de 2018, es uno de los «desafíos» más importantes para España. «Que hoy haya presos y presas políticas, exiliados y exiliadas y cientos de personas perseguidas por expresar su opinión o disentir políticamente es consecuencia de lo que este informe señala, y Europa debe ser consciente», señaló Romeva.
En un intento de desprestigiar al ex presidente Carles Puigdemont, columnistas de medios conservadores ya se han referido a él, como «Juan Domingo Puigdemont», vaticinando que causará en Cataluña una (supuesta) destrucción similar a la que el peronismo, según ellos, originó en Argentina.
Los independentistas catalanes de izquierda se organizan y reconocen el liderazgo del ex presidente Carles Puigdemont
Este sábado tendrá lugar la asamblea constituyente (de manera virtual debido a la pandemia) del colectivo Independentistes d´Esquerra (Independentistas de Izquierda) con un centenar de repesentantes de todos los Países Catalanes.
El colectivo promueve la unidad estratégica del independentismo, para formar un Bloque Republicano de Liberación Nacional y reconoce el liderazgo del ex presidente Carles Puigdemont (actualmente en el exilio) y del Consejo por la República Catalana.
La ponencia que se presentará el sábado también remarca la necesidad de abrirse al ámbito territorial de los Países Catalanes.
Los Países Catalanes (Països Catalans) son los territorios que forman parte de una unidad histórica, cultural y lingüística de cultura catalana. Estos territorios, con una superficie total de 70.520 km, se encuentran actualmente divididos entre diferentes entidades administrativas repartidas entre los Estados de España, Francia, Andorra e Italia. Dentro del Estado español, los territorios catalanes están repartidos en cinco comunidades autónomas: Cataluña, Valencia, Baleares, la franja oriental de Aragón y la comarca del Carche, en Murcia. Dentro del Estado francés forman el Departamento de los Pirineos Orientales, más conocido como Cataluña Norte. El Estado andorrano es un microestado soberano donde el catalán es la lengua oficial. En el Estado italiano, el territorio de cultura catalana es la comuna de Alghero, al noroeste de la isla de Cerdeña, donde el catalán es lengua co-oficial junto al sardo y al italiano. La población total de los Países Catalanes es de 14.176.065 habitantes, de los cuales la mitad viven en Cataluña.
Con vistas a las próximas elecciones catalanas, Independentistas de Izquierda propone una candidatura unitaria, que sea «radicalmente democrática y plural», para alcanzar la independencia.
La mayoría de los miembros de Independentistas de Izquierdaprovienen de las formaciones históricas del independentismo catalán, como el PSAN (Partido Socialista de Liberación Nacional, creado en 1968); el Frente Nacional de Cataluña (creado en el exilio en 1940), Nacionalistes d’ Esquerra, y también de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y la CUP (Candidatura de Unidad Popular). También se han unido antiguos dirigentes de organizaciones históricas de la izquierdano independentista como Organización Comunista de España- Bandera Roja (fundada en 1968, tendencia maoista, disuelta en 1994); el PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña, federado al PCE, fundado en 1936, integrado en 1987 en ICV); ICV (Iniciativa por Cataluña-Verdes, referente de Izquierda Unida en Cataluña) y Partido Socialista de Cataluña.
Los partidos independentistas (JxCat, ERC y la CUP) que gobiernan Cataluña con mayoría, han aprobado una resolución conjunta en el Parlamento donde reivindican la República Catalana y que Cataluña «no reconoce ni quiere tener ningún rey». También quieren denunciar la connivencia de los poderes del Estado español con la «‘fuga consentida» de Juan Carlos I.
JxCat, ERC y la CUP reivindican en el Parlamento la República Catalana proclamada en 2017
Los partidos independentistas catalanes (JxCat, ERC y la CUP) han aprobado una resolución conjunta en el parlamento donde reivindican la República Catalana y que Cataluña «no reconoce ni quiere tener ningún rey». Las formaciones indepedentistas también quieren que la cámara denuncie la connivencia de los poderes del estado español con la «‘fuga consentida» de Juan Carlos I y que «el único camino para superar el régimen monárquico es constituir efectivamente la República Catalana como un estado de derecho, democrático y social».
El partido socialista y Ciudadanos han intentado que el pleno no votara esta resolución contraria a la monarquía española.
En cuanto a la resolución aprobada por los partidos independentistas, constata el fracaso y la crisis definitiva del pacto constitucional del 78 que, «por su carácter irreformable», «blinda la continuidad de una monarquía delincuente, un sistema autonómico fallido y una democracia intervenida por poder judicial».
El texto también carga contra la familia Borbón y la califica de «calamidad histórica para Cataluña», y recuerda que el rey emérito aceptó la sucesión de Franco «jurando fidelidad a los principios de su régimen». Por ello, remarca que la monarquía española es la continuación del régimen anterior e inseparable de la persona de Juan Carlos I.
Además, la propuesta insta a la cámara catalana a denunciar la connivencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado español para «sustraer la monarquía de cualquier fiscalización y control democrático». Un extremo que «llega a su momento culminante con la fuga consentida del rey para evadir la acción de la justicia».
«Un sistema autonómico fallido, una democracia intervenida por el poder judicial, unas políticas sociales que son anuladas cuando las aprueba el Parlamento y una legislación que castiga el ejercicio de derechos fundamentales», remarca el documento.
La propuesta también pide a la cámara que ratifique, de acuerdo con la voluntad expresada «por el pueblo de Cataluña y el Parlamento el 1 de octubre; el 10 de octubre y el 27 de octubre de 2017» que «el único camino para superar este régimen monárquico es constituir efectivamente la República Catalana». Por ello, instan a exhortar la sociedad civil y las instituciones del país a «continuar el camino y avanzar decididamente hacia el objetivo de la independencia».
Otras propuestas de resolución
El Parlamento catalán también ha aprobado un texto propuesto por ERC que denuncia que la monarquía española es «sucesora del régimen franquista y que el rey ha participado concertadamente con el resto de poderes del estado en la represión y laminado los derechos del pueblo catalán».
El Parlamento también ha reprobado a Felipe VI y a «toda la dinastía borbónica por décadas de impunidad y de enriquecimiento ilegítimo utilizando las instituciones públicas y las figuras institucionales», así como a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, por «colaborar en la fuga» del rey emérito.
Esta propuesta de resolución de la CUP, que también ha recibido el apoyo de JxCat y ERC, señala al ejecutivo estatal como «cómplice de la impunidad perpetrada por la monarquía» y pide al gobierno que trabaje para retirar del nomenclátor de las calles de Cataluña toda referencia a la corona española.
En cambio, se han rechazado las resoluciones presentadas por los Comunes (la marca de Podemos en Cataluña), que apostaban por «cambios legislativos para regular el ejercicio de las funciones del jefe de estado y su familia con el fin de garantizar la transparencia» y «prohibir la realización de cualquier actividad económica o de intermediación para empresas», así como «la apertura de cuentas en el extranjero y limitar la inviolabilidad de jefe de estado». (N.de la E.: los socios de Podemos, saben que estos «cambios legislativos» que proponían, son en realidad imposibles, porque la monarquía está blindada en la Constitución del 78, y es más bien una propuesta para salir del paso). Las fuerzas independentistas no apoyaron esta propuesa, y como es obvio, Ciudadanos, socialistas y el PP votaron en contra.
El PP, presentó una propuesta que reclamaba que el Parlamento catalán reafirmara «el compromiso con la monarquía parlamentaria» y condenara «los ataques de los que pretenden desestabilizar el sistema institucional».
Me llaman la atención dos conceptos: la condición «irreformable» de la consttitución y el «blindaje» que esta le da la monarquía. Por un lado, la «monarquía» constitucional» es un ente político absurdo, un disparate, es algo contradictorio, un oxímoron. Por otro lado, la constitución, la de cualquier país es reformable y hasta puede ser cambiada totalmente. La cuestión es si la mayoría necesaria de españoles quieren reformar la Constitución (o cambiarla totalmente) y eliminar la monarquía (de la Contitución y de la realidad). Si la mayoría de los españoles lo quiere, se modifica o cambia la constitución y a la familia «real» se le dice adios si te he visto no me acuerdo. Ahora, si la mayoríade los españoles no quiere, pues entonces se seguirá con esta parodia de gobiernos elegidos pero que dependen de un rey y de reyes que no son tales pues no tienen las atribuciones que debe tener un rey ni disponer del reino como le plazca.
El dictador sanguinario Pinochet hizo algo parecido con la Constitución de Chile, para que sus ideas y privilegios y los del sector social al que representaba se mantuvieran «blindados» y permanentes. Los gobiernos populares (también allí se autodenominan «socialistas») no se animaron a modificarla o no tuvieron la fuerza política (votos) suficiente para hacerlo y, sin embargo, las protestas sociales (suspendidas por la pandemia) forzaron al actual presidente, el millonario pinochetista Piñera a pensar en convocar a votación para su reforma. Se duda de la limpieza de su decisión, pero queda claro que se puede hacer. No entiendo por qué los españoles no pueden modificar la suya. Si Franco dejó una que dice que no se puede cambiar ¿los españoles seguirán con ella por toda la eternidad?
El Dr. Mario Rafael Chalco tenía 52 años, y hacía un año que había venido de Argentina, directamente contratado para trabajar en un hospital de Cataluña. Era especialista en medicina intensiva y ejercía de internista en el servicio de urgencias del Hospital de Martorell, un centro de la red sanitaria pública catalana que presta atención a una población de 160.000 habitantes, situado en la ciudad de mismo nombre, a unos 30 km de Barcelona. El médico argentino, padre de 4 hijos, estuvo en primera línea de lucha contra la pandemia, hasta que se contagió el pasado 28 de marzo. Tras más de 3 meses internado, falleció el 9 de julio. Más de 100 personas acudieron al minuto de silencio, convocado a las puertas del hospital donde trabajaba, entre compañeros, vecinos y autoridades municipales, en la mayor concentración en esa localidad desde el inicio de la pandemia. El médico argentino fallecido era una persona muy querida y valorada profesionalmente. Su muerte deja en una complicada situación a su esposa e hijos, que hacía poco que habían llegado desde Argentina. Las autoridades del municipio catalán de Martorell y el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) están haciendo todo lo posible para regularizar la situación de la familia , si bien la decisión sobre el caso depende del gobierno del Estado español, quien tiene la competencia de Extranjería. De momento, en Cataluña cuentan con bastante gente dispuesta a apoyarlos y asesorarlos. Una actitud que no ha tenido el Consulado argentino en Barcelona, como denuncia el comunicado de prensa del sindicato Comisiones Obreras que pueden leer a continuación. MM
CCOO ofrece asesoramiento y apoyo a la familia del doctor Chalco, médico argentino del Hospital de Martorell muerto por Covid-19
Minuto de silencio en homenaje al Dr. Chalco a las puertas del hospital donde ejercía en Cataluña
El pasado 26 de mayo el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) de CCOO de Cataluña recibió una consulta por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Martorell sobre un caso que estaban llevando. Se trataba de una familia argentina, que residía en el municipio.
El padre, Mario Rafael Chalco, médico del Hospital de Martorell, se encontraba ingresado en la UCI del Hospital de Bellvitge por Covid-19, y la madre, Carmen Torres, que también había sido ingresada por la enfermedad , se encontraba en la necesidad de tener que regularizar la situación legal de la familia. Ella y sus cuatro hijos habían venido el pasado mes de enero desde Argentina a visitar a su marido, con la idea de, posteriormente, una vez devueltos a su país de origen, tramitar el reagrupamiento familiar. Desgraciadamente, el contagio y el ingreso hospitalario por Covid-19 y el cierre de fronteras impidieron el retorno de la familia a Argentina.
La primera actuación del CITE, una vez conocedores de esta realidad, fue iniciar la tramitación de la renovación de la autorización de residencia y trabajo del padre, que caducaba en julio, que fue resuelta positivamente. También se entró en contacto con la Policía Nacional para pedir su colaboración para poder hacer el trámite de toma de huellas directamente en el hospital para poder tramitar la renovación de su tarjeta de identidad de extranjero del doctor Chalco, ya que no podía trasladarse a la comisaria para hacer el trámite. Queremos destacar que la policía se ofreció a trasladarse al hospital para hacer el trámite de toma de huellas. Por otra parte, también se informó a su mujer del procedimiento a seguir para regularizar la situación administrativa de la familia a la espera de la recuperación de su marido.
Desgraciadamente, el doctor Chalco murió después de 105 días en la UCI y dejó su mujer y cuatro hijos en una situación de desamparo, tanto económico -ya que el único ingreso de la familia era el sueldo como médico- como legal, con respecto a la autorización de residencia de su esposa Carmen Torres y sus hijos en España.
Ante esta situación, desde el CITE se activó un equipo de trabajo, formado por un asesor de extranjería y la abogada de la entidad para tramitar la regularización administrativa de Carmen Torres y la de sus hijos por la vía de la disposición adicional 1ª 4ª prevista en la ley de extranjería y se empezó a preparar el expediente, de manera coordinada con la Oficina de extranjería de Barcelona y con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Martorell.
No quisiéramos dejar de destacar la receptividad y la colaboración recibida en todo momento por parte de la Policía Nacional, especialmente de la comisaría de Cornellà de Llobregat y de la Oficina de Extranjería de Barcelona para agilizar los procedimientos administrativos necesarios para regularizar la situación administrativa del doctor Chalco y de su familia.
Pero también queremos denunciar las dificultades que tuvo la señora Carmen frente al consulado argentino para tramitar algunos de los documentos requeridos, que comportó que desde el CITE nos hubiéramos dirigirse directamente a la embajada argentina en Madrid para solicitar la tramitación con carácter urgente de la documentación, dada la situación de indefensión en que se encontraba la familia. (N.de la E: el Consulado de Argentina en Barcelona arrastra una larga historia de incompetencia, negligencia, desidia y falta de interés por su trabajo. Independientemente del gobierno que haya en Argentina, el consulado del país en Barcelona, parece que no abandona sus malos hábitos).
Po otra parte, el sindicato asignó un abogado de su Gabinete Técnico Jurídico para garantizar el asesoramiento y la tramitación de la demanda de reconocimiento de la infección por Covid19 -que terminó provocando la muerte del doctor Chalco- como una contingencia profesional y no como una contingencia común, ante la negativa de la empresa de considerarlo así.
Recordemos que el contagio del doctor se da durante el ejercicio de su actividad profesional como personal sanitario en el Hospital de Martorell, y tal como reconoce el artículo 9 del Real Decreto Ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del Covid-19, debería tener la consideración de accidente de trabajo, más allá de que el contagio se haya dado antes de la promulgación del estado de alarma.
Desde CCOO de Cataluña, desde nuestro Gabinete Técnico Jurídico y desde el CITE, seguiremos trabajando para conseguir el reconocimiento de la muerte del doctor Chalco como un accidente de trabajo, con las correspondientes prestaciones para la familia, y para conseguir regularizar la situación administrativa de la familia lo antes posible.
Oficina de Prensa de CCOO de Cataluña Barcelona, 16 de julio de 2020
Carlos está debatiendo. 
revuelta global 
Alberto Espejo 4:34 pm el 22 junio, 2021 Enlace permanente |
Alegra ENORMEMENTE saber que la GUERRA jurídica, Lawfare de poderes JUDICIALES con JUECES empolvados a lo LuisXIV y XV, haya sufrido un gran REVÉS contra el pensamiento «RESTAURADOR» de PRIVILEGIOS contra la libertad e independencia política de Catalunya. Pero esta noticia amplía su comunicación continental, muestra la falla histórica, social, económica y política de ese mapa virtual que armaron EU, UK y Alemania. Ningún sistema político, menos «DEMOCRACIAS» reales, coronadas por crímenes que no se pueden ocultar, como los males de Pandora, recordando de paso que hace más de 2.300 años Atenas rechaba la inteligencia política de Macedonia, más cerca que todas las sociedades a la justicia de los dioses y de los hombres planteada por Hesíodo, ¿Y no avergüenza a seres humanos europeos las «nuevas» ideas hollywoodenses que loan tanto televisiones públicas y empresas editoriales dueñas del lenguaje social con tantos principitos y marquesitos? Están «naturalizando» los PRIVILEGIOS para pocxs y carcomiendo neuronas jóvenes tan peligrosas en el futuro como las manipulaciones genéticas del virus Covid 19. Felicitaciones PUEBLO libre y líderes de la independencia de Catalunya!!!
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