ALEMANIA: Redada contra conspiradores. Inconsistencias en las informaciones oficiales

El hecho de que los medios fueran informados semanas antes de la operación policial levanta la sospecha de que se trate de una puesta en escena

El pasado miércoles de madrugada, 3.000 miembros de las fuerzas de seguridad alemanas, incluidos funcionarios de la Oficina Federal de Policía Criminal, el grupo de operaciones antiterroristas GSG 9 y varios comandos de operaciones especiales, se movilizaron buscando más de 130 objetivos en once Estados federados. El Fiscal Federal ordenó arrestar a 25 sospechosos, algunos en Italia (un hombre de 64 años, ex oficial de la Bundeswehr) y Austria, acusados de formar parte de una asociación terrorista que supuestamente preparaba el derrocamiento del sistema político de Alemania. Hay 25 sospechosos más.
El príncipe Heinrich XIII, de 71 años -tataranieto de Guillermo II de Alemania, último emperador alemán y rey de Prusia, que abdicó en 1918 tras la Primera Guerra Mundial- es considerado el líder de la conspiración. La Oficina del Fiscal Federal dijo que Heinrich XIII intentó contactar con los representantes de la Federación de Rusia.

El Bundestag debería investigar las redadas contra los «Reichsbürger» y sus posibles planes de golpe de Estado: la prensa fue informada anticipadamente sobre la acción policial

El aristócrata Heinrich XIII en el momento de su detención

JUNGE WELT

Los medios de comunicación corporativos se volcaron literalmente en los últimos días con la redada, en la que 3.000 policías arrestaron a alrededor de dos docenas de personas del grupo   «Reichsbürger»(Ciudadanos del Reich) el pasado miércoles, en una de las operaciones antiterroristas más grandes en la historia alemana. Las redadas a nivel nacional, acababan de comenzar el miércoles por la mañana cuando las emisoras ​​y los medios de comunicación impresos, desde  ARD a Spiegel y Zeit,  ya informaban desde el lugar y publicaban extensos artículos de fondo. «Las fuerzas de seguridad frustraron un golpe de Estado», dijo el Süddeutsche Zeitung, el jueves.

La portavoz  de política interior  de Die Linke en el Bundestag, Martina Renner, declaró que N-TV sabía sobre la operación policial planificada desde mediados de la semana anterior, y varios medios incluso fueron informados con dos semanas de anticipación. El portavoz de política legal de la CDU, Günter Krings, solicitó una investigación en el Comité Legal del Bundestag para saber en  qué medida se informó por adelantado.

Por su parte, Bündnis 90/los Verdes –partido de la coalición en el gobierno- solicitó conocer en detalle los planes de golpe del grupo detenido. Los políticos del SPD (socialdemócratas) y Los Verdes también pidieron «una mejor protección para el Bundestag».

Mientras tanto, varias inconsistencias hacen que la peligrosidad del grupo detenido se vea con  una luz diferente a la presentada por la Ministra federal de Interior, Nancy Faeser (SPD) y el Fiscal General federal. No se debe negar que los fascistas fanatizados generalmente pueden significar un grave peligro, pero en qué medida el grupo perseguía seriamente sus planes, es otra historia.

Según el Fiscal General federal, los aspirantes a golpistas, ya habían desarrollado las características básicas de un Estado futuro. Por ejemplo, el príncipe Heinrich XIII, que es considerado el líder de la conspiración, habría sido el Jefe de Estado y la ex diputada de AfD y jueza Birgit Malsack-Winkemann, la Ministra de Justicia.

Pero sus fantasías reaccionarias sobre un orden alternativo, comentadas junto al fuego de la chimenea, no son perseguibles judicialmente, sino sólo si hay una preparación concreta para un ataque violento.

Un golpe de Estado sin una participación -al menos en número relevante- de los militares, es difícil. No hay evidencia de que partes de la Bundeswehr estuvieran involucradas en la conspiración más allá de ex soldados a título personal.

Pero según el Fiscal General federal, los miembros (de la organización) “siguen un conglomerado de mitos de la conspiración» como Reichsbürger y QAnon, y recurrieron deliberadamente a la intervención de una «alianza» secreta de militares y servicios secretos de varios Estados, incluidos Rusia y Estados Unidos.

«Los miembros de la asociación sabían que su proyecto sólo puede realizarse contra representantes estatales con el uso de medios militares y violencia. Esto también incluye cometer homicidios «, dice el Fiscal General federal. Pero en este punto crucial, la autoridad de investigación sigue siendo vaga. La acusación dijo que según investigaciones anteriores, «también existe la sospecha de que los miembros individuales de la asociación han hecho preparativos concretos para ingresar violentamente al Bundestag alemán con un pequeño grupo armado»,  pero «los detalles aún no se han aclarado».

Todo depende de si se realizó el delito penal de preparar a un grupo altamente violento contra el gobierno federal. De lo contrario, los ahora arrestados sólo podrían ser acusados de membresía de una asociación terrorista de acuerdo con el párrafo 129 del código penal alemán.

El director de la Oficina Federal Alemana de Protección de la Constitución, Thomas Haldenwang, y el director del Departamento Federal de Policía Criminal, Holger Münch, afirman que las armas ya habían sido adquiridas por los conspiradores.

Durante los allanamientos se encontraron escopetas, ballestas y espadas, así como una pistola y dos rifles, que son adecuados para disparar municiones.

No se puede descartar que el grupo haya ocultado las armas a tiempo. Sin embargo, la Oficina Federal de Protección de la Constitución, asegura que desde la primavera ya tenía bajo su mira al grupo «Reichsbürger», y que tenía una visión general bastante clara de sus planes.

Mientras tanto, surge la pregunta de qué nivel son las personas del servicio secreto que están directamente involucradas en el grupo, según dijo el canciller federal Olaf Scholz (SPD). En cuanto a las repercusiones de la conspiración –ya que una de las acusadas es una ex parlamentaria de AfD- el canciller Scholz dijo el jueves por la noche que ahora habrá “decisiones autónomas de las autoridades de Protección Constitucional del gobierno federal y de los Estados federados, de acuerdo a la base legal».