PAPELES DE PANDORA: Los facilitadores del delito financiero también deben ser perseguidos por la ley

El profesor canadiense Marc Tassé, un reconocido experto en el campo de la contabilidad forense con amplia experiencia en la lucha contra la corrupción, señala que la cobertura mediática de los papeles de Pandora ha descuidado poner el foco en los facilitadores. Ellos son los que permiten que criminales y oligarcas de todo el mundo oculten y blanqueen sus activos mal habidos.

Recibir millones por ocultar billones: los papeles de Pandora también desenmascaran a los facilitadores del delito financiero

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La investigación sobre los documentos de Pandora, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) encontró que todavía hay paraísos fiscales para quienes buscan ocultar su riqueza.

MARC TASSÉ / THE CONVERSATION

En la cobertura mediática de los papeles de Pandora no se habla mucho de los facilitadores, aquellos que trabajan para ayudar a los más pudientes a enriquecerse aún más y a transmitir su riqueza, evitando o evadiendo a las autoridades fiscales. Por lo tanto, permiten que los criminales y cleptócratas blanqueen sus activos mal habidos.
Puede que no sean tan ricos como sus clientes, pero están obteniendo millones por ocultar miles de millones.

La industria de la defensa de la riqueza

Hace mucho tiempo que existe una “industria de defensa patrimonial” bien establecida compuesta por una variedad de profesionales (asesores, banqueros, abogados, contables, notarios, agentes de bienes raíces y otros) que operan empresas pantalla, oficinas de gestión patrimonial, cuentas en el extranjero y fideicomisos, para ayudar a las personas más ricas del mundo a proteger su patrimonio de los recaudadores de impuestos. Estos «facilitadores» altamente remunerados ayudan a oligarcas, dictadores y criminales de todo el mundo.

Los principales medios de comunicación ya han hablado mucho sobre el crimen, el abuso y las fechorías financieras de Estados extranjeros y de personas ricas, pero ¿qué pasa con los intermediarios del sistema financiero que manejan los detalles y proporcionan los mecanismos de evasión a los delincuentes?

Algunos miembros de la élite pagan a profesionales y empresas de alto perfil para que les abran puertas políticas, presionen contra las sanciones, libren batallas legales o blanqueen tanto su dinero como su reputación. Al hacerlo, estas instituciones e individuos traspasan los límites de la ley y socavan los principios de la democracia.

Según el Informe de la encuesta de preparación contra el lavado de dinero de 2020 de Deloitte, se estima que la cantidad total de dinero lavado cada año equivale a entre el 2 y el 5% del PIB mundial, es decir, entre 800 mil millones y 2 billones de dólares estadounidenses.

Los archivos FinCEN de ICIJ nos brindan una visión sin precedentes de un mundo secreto de bancos internacionales, clientes anónimos y, en muchos casos, delitos financieros.

Muestran cómo los bancos pasan ciegamente dinero a través de sus cuentas para personas que no pueden identificar, y sólo después de varios años reportan unas transacciones que tienen todas las características de lavado de dinero, e incluso se ocupan del lavado de dinero de clientes involucrados en fraudes financieros y escándalos de corrupción pública.

Los estragos del «dinero oculto»

La corrupción y la malversación de fondos son secretos por naturaleza y, a menudo, muy complejos. El dinero oculto, o dinero negro, (esencialmente, dinero gastado para influir en los resultados políticos sin revelar la fuente del dinero) compra el acceso a los tribunales y a los políticos, lo que hace que la sociedad sea menos justa y más desigual. (N.de la E.: vale la pena repasar esta nota ilustrativa sobre cómo el dinero negro financia políticas de derecha y desinformación)

Lo que a menudo distingue a los ricos comunes de los miembros de la oligarquía es que los oligarcas invierten en la defensa de la riqueza. Están usando su poder y riqueza para acumular más, para presionar a los políticos y para fijar las reglas del juego para que sean las adecuadas para ellos.

Uno de los desafíos en la lucha contra los delitos financieros es la carrera global entre los paraísos fiscales, cada uno de los cuales intenta atraer clientes ofreciendo incentivos más lucrativos y un mayor nivel de privacidad para las empresas. Los habilitadores de la industria de promoción de la riqueza desarrollan y comercializan estrategias, estructuras y sistemas que evitan las obligaciones fiscales y los controles regulatorios.

Las bases de datos de beneficiarios reales, diseñadas para combatir el lavado de dinero, se han convertido en medidas cada vez más populares en todo el mundo desde la publicación de los Papeles de Panamá, que llamaron la atención de la comunidad internacional sobre los impactos sociales del anonimato corporativo.

Si esta tendencia continúa, se espera que el número cada vez mayor de gobiernos que implementan iniciativas de beneficiarios reales y transparencia fiscal, obligue a los paraísos offshore restantes -como las Bermudas, las Islas Caimán y Malta- a hacer lo mismo si quieren permanecer en el sistema financiero mundial.

Signos prometedores

Mientras tanto, muchos territorios continúan eludiendo a las agencias de la ley que siguen las huellas del dinero de los evasores de impuestos y los delincuentes. A pesar de las obvias deficiencias en la regulación y el cumplimiento, así como de la aparente falta de voluntad política para abordar estas deficiencias en la práctica, existen indicios alentadores de que los gobiernos de todo el mundo se sienten presionados a actuar.

La demanda mundial de transparencia y rendición de cuentas sigue intensificándose. A esto se suman los llamamientos para luchar contra la creciente desigualdad de la riqueza, así como la presión de los inversores para que adopten los principios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza).

Si bien estos factores ayudan a atraer la atención de los políticos de alto nivel, la realidad cínica es que la motivación principal de estos líderes probablemente no sea otra que la grave y alarmante tendencia a la disminución de los ingresos fiscales. (N.de la E.:Según una investigacion de la OCDE de 2020 los ingresos fiscales en los países de la OCDE cayeron por primera vez en diez años -luego de la crisis de 2008- pero «se espera una caída mucho mayor ya que la pandemia de COVID-19 reduce la actividad económica y los ingresos por impuestos al consumo». La OCDE sugiere que «los gobiernos podrían considerar las posibilidades de ampliar la base impositiva del IVA después de la crisis» y señala que «todos los países de la OCDE que aplican el IVA se han comprometido ahora a implementar los estándares de la OCDE para recaudar el IVA en las ventas en línea de productos y servicios digitales»).

El respaldo al concepto de una tasa impositiva global mínima del 15% por parte de los líderes políticos del G7 en su cumbre de junio de 2021 es una clara indicación de que los vientos de cambio están comenzando a soplar. (N.de la E.: El 15 % es una base impositiva escasamente más alta que la que cobran, por ejemplo, Irlanda o Suiza a las multinacionales. El G7 acordó también que las multinacionales ahora pagarían más impuestos donde obtienen sus ganancias, y no sólo donde está su sede legal, como hasta ahora, pero podrán pagar el 80% del impuesto…donde lo deseen).

El modelo actual no es sostenible. Las realidades fiscales, junto con la presión política y la necesidad, obligarán a los líderes a actuar. Su retórica de desigualdad de riqueza y desequilibrio de poder pronto no será suficiente, ya que permiten que la industria de defensa de la riqueza y sus clientes eludan el sistema y eviten pagar lo que es justo. Se necesita una mayor transparencia y rendición de cuentas para desenmascarar a los facilitadores y reducir las lagunas que permiten que los delincuentes, las personas adineradas y las empresas actúen con impunidad.