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ESPAÑA: El encarecimiento especulativo de la electricidad, estrategia de las élites contra el gobierno

El precio de la luz en España registra las subidas más altas de la historia y ya es una de las preocupaciones principales de los ciudadanos. Desde ayer miércoles a hoy, ha subido el 7,60%, situando a España, junto a Portugal, como los países con el precio de electricidad más alto de la UE. Concretamente, es un 13,63% más caro que en otros Estados de la Unión. Esto, unido a que los salarios en España están por debajo de la media de la UE, y con un índice de pobreza general que no para de aumentar, hace que el 10 % de la población esté en situación de pobreza energética. Ya el pasado invierno (enero de 2021), un millón y medio de hogares no podían permitirse poner la calefacción ni una hora al día. Y en verano, con unas temperaturas diurnas disparadas y noches tropicales (cuando la temperatura nocturna no baja de 20 grados) cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático, especialmente en el sur y el este de España, tampoco pueden conseguir refrescar las viviendas para lograr descansar.

Hay que señalar que en Portugal el IVA de la electricidad es del 6% desde 2019 y en España es del 21%, si bien el gobierno de Sánchez lo ha reducido temporalmente al 10% hace un mes y hasta fin de año, en un intento por frenar el coste de la factura de la luz para los ciudadanos. Pero todos los intentos del gobierno son infructuosos y según las organizaciones de consumidores, la factura de la luz de un usuario medio en agosto será “la más cara de la historia” en España. Por su parte, las empresas eléctricas, en el mes de junio pasado han registrado un aumento de ingresos del 43,3% con respecto al mismo periodo del 2020.

Como era de esperar, la subida del precio de la electricidad ha causado el aumento de otros sectores. El más perjudicado ha sido el rubro de la alimentación: el precio del aceite se ha increcementado un 20%, el del agua mineral y los zumos de frutas, el 7,4% y la fruta fresca, el 4,4%.

Mientras tanto, los expertos en economía dicen que el encarecimiento de la factura eléctrica se debe al incremento del precio internacional del gas que utilizan las centrales eléctricas en España para la producción, o de los derechos de emisión del CO2. Pero las organizaciones de consumidores señalan que las plantas que usan energía hidroeléctrica han inflado sus precios aunque no les afecta el precio del gas.

Hay analistas políticos que ven en esta escalada de la factura de la luz una maniobra de desestabilización por parte de las élites españolas contra el gobierno de Pedro Sánchez, al estilo de las vistas en Latinoamérica en los años 70 del siglo pasado, y más recientemente, contra gobiernos como el de Néstor o el de Cristina Kirchner en Argentina.

El recibo de la luz como estrategia de desestabilización

XAVIER DIEZ / VILAWEB

En Historia, como en política, no existen las casualidades, sino causalidades sospechosas. La subida estratosférica del recibo de la luz, que en este último año ha subido a máximos históricos, no se debería pensar aisladamente como culminación de un cúmulo de fatalidades climatológicas o de mercado, sino como algo vinculado a unas relaciones de poder conflictivas dentro del Estado español, en un momento de crisis de régimen.

Ciertamente, cualquier experto a quien se consulte podrá exponer cuestiones relativas al impuesto por emisiones, el IVA, el complejo sistema de compra -y especulación- de la energía … Sin embargo, lo esencial es que la privatización del monopolio energético -y la conversión en un oligopolio posaznariano con la colaboración entusiasta de servidores del Estado- tiene mucho que ver.

Hay elementos que no deberían pasar desapercibidos. La revelación periodística -aunque era un secreto a voces- de grupos como El Corte Inglés detrás de organizaciones como Hazte Oír, al parecer, uno de los principales financiadores de Vox, es la punta del iceberg de unas élites españolas post imperiales, dispuestas a romper las reglas del juego democrático no sólo para acabar con el independentismo, sino también, contra el espacio de Podemos y todo su conjunto de cuerpo ideológico que representa una enmienda a la totalidad de la arquitectura reaccionaria de una derecha española antidemocrática.

Otros elementos a considerar también, es que esta subida del precio de la electricidad coincide con algunas medidas de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno de Sanchez, Yolanda Díaz, sin duda la ministra más brillante de Podemos. (N.de la E. Yolanda Díaz, nacida en 1971, en Galicia, abogada de formación, es militante del Partido Comunista de España y miembro de Podemos). Entre estas medidas hay que citar, la entrada en vigor de una ley sobre los repartidores que obligaría a las grandes plataformas como Glovo, Deliveroo, y otros, a contratar a sus trabajadores, y éstas no han escondido mucho su voluntad abierta de desobedecer la ley. También hay que citar el envío de inspectores de trabajo a los «cortijos feudales» del sur -donde las formas esclavistas flirtean con las relaciones laborales de las plantaciones- que está generando un disgusto profundo ante los elementos más reaccionarios del empresariado. Este grupo social, que ha disfrutado de impunidad durante la totalidad del Régimen del 78, y que abastece de dinero, de votos y complicidades a la ultraderecha, ha tenido la fuerza suficiente para sabotear cualquier intento de corregir la reforma laboral del PP, a menudo con el apoyo tácito de una propia Unión Europea que, fundamentada en el principio de la especialización geográfica de la producción, asigna a España este frágil y precario papel del turismo, servicios, y economía de casi plantación, esclavismo incluido.

Si bien, mi opinión es escéptica sobre el papel de Podemos como fuerza política, ya que es una especie de cruce de la que se ha valido Pedro Sánchez para imponerse internamente a su propio partido, el cual forma parte de este régimen autoritario posfranquista. El impacto de las políticas de este gobierno español de «centro izquierda» -por ponerle una etiqueta fácil- resulta más bien limitado a efectos prácticos. Sin embargo, a partir del momento en que, el 3 de octubre (de 2017), el monarca español hizo un pronunciamiento, los sectores franquistas de la economía, la judicatura, la cultura y el periodismo, han protagonizado un golpe de Estado que ha declarado una guerra abierta, incluso en contra de su gobierno.

Cualquiera que tenga la paciencia de mirar las televisiones públicas y privadas españolas, y especialmente sus informativos, puede llegar a ser consciente de esta guerra abierta y las estrategias de desestabilización al gobierno. La campaña contra los indultos (a los políticos catalanes independentistas encarcelados), las movilizaciones negacionistas de la pandemia -si hay un ejemplo de gestión pésima de la pandemia, lo encontraremos en la Comunidad de Madrid (gobernada por el trifachito), y no en Valencia o Barcelona-, la exageración de episodios violentos (la delincuencia ha caído en las últimas décadas, a pesar de que se dibuje un clima de inseguridad permamente) y, finalmente, un encarecimiento especulativo de la energía. Todo junto es una maniobra clásica de desestabilización.

La estrategia no es demasiado diferente de la vivida en Latinoamérica. Salvando las distancias, podríamos hacer paralelismos con las maniobras contra Allende, en Chile, o contra el matrimonio Kirchner, en Argentina. Se busca un clima de crispación, enemigos internos, y una manipulación a conciencia de la opinión pública, adobada, además, con los errores, incompetencias, e impotencias de unos gobiernos que se han dejado tomar buena parte del poder a manos de las grandes fortunas, en pleno proceso globalizador.