ESPAÑA: El poder judicial marca la agenda política

El Estado profundo entra en acción para alterar la negociación política en Cataluña

El Supremo, la fiscalía y el consejo de ministros españoles controlan un calendario represivo que puede coincidir con el de los pactos y la investidura

JOSEP CASULLERAS NUALART / VILAWEB

Que los ritmos del poder judicial dependan de los ritmos de la vida política y social de un país, para condicionarla, es una anomalía en un Estado de derecho democrático, pero es habitual en España. Y estos últimos días hemos visto una buena muestra. Porque sólo tuvieron que pasar unas cuantas horas desde las elecciones al Parlamento de Cataluña de este domingo para que la fiscalía presentara un recurso contra la concesión del tercer grado penintencirario a los líderes independentistas. Y poco más de 24 horas para que la Audiencia española dictara la orden de detención contra Pablo Hasel, aunque el plazo para que se entregara voluntariamente para ingresar en prisión había vencido el viernes, último día de la campaña electoral.

Ambas decisiones habrían podido tener influencia en el electorado, especialmente en los partidos que esán en el gobierno español, los socialistas -sobre todo- y Unidas Podemos. Y quizás habrían influido en un crecimiento de la movilización de un voto de protesta contra la represión. Es ahora, con los resultados en la mano, cuando se vuelve a mover el Estado profundo, de la fiscalía al poder judicial, para condicionar la situación política postelectoral en Cataluña.

De una manera inminente lo hemos visto con los presos políticos catalanes, algunos de los cuales participaron en la campaña electoral, tanto de Juntos por Cataluña (la formación liderada por el ex presidente Puigdemont, hoy eurodiputado y exiliado en Bruselas) como de ERC (la formación presidida por Oriol Junqueras, ex vicepresidente, condenado a 13 años de prisión, por haber organizado el referéndum por la independencia en 2017). Ahora ya vuelven a ver amenazada la opción de poder salir de la cárcel durante la semana para ir a trabajar, y poder ir a dormir a casa el fin de semana. La fiscalía dice que no puede ser porque “no se han arrepentido de nada” lo que califica de «déficit». Este recurso lo examinará en primera instancia un juez de vigilancia penitenciaria. La anterior concesión del tercer grado había sido avalado por un juez de vigilancia penitenciaria,  pero ahora estarán condicionados por el ataque y desautorización que hizo el Tribunal Supremo español cuando la revocó, el mes de diciembre pasado.

El Tribunal Supremo ya ha traspasado todos los límites para intensificar el castigo a los presos políticos catalanes. Se ha atribuido la capacidad, no prevista en la ley, de decidir sobre la política penitenciaria, que corresponde a la administración, e impide la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario cuando lo cree conveniente. Y así lo ha hecho en este caso. Ahora, después de haber amenazado a los funcionarios de la Generalitat (el gobierno de Cataluña) para que no dejaran ir a los presos a casa durante el confinamiento domiciliario ( por la pandemia) y después de haber presionado a los jueces de vigilancia penitenciaria, el marcado del Supremo sobre su situación y las condiciones en que cumplen la condena es casi asfixiante. Pero no sólo por las decisiones del tribunal presidido por el juez Manuel Marchena, sino por la forma en que mueve los hilos la fiscalía, que la misma noche electoral incluso filtró en El Mundo,  que sopesaba pedir al Supremo que descontaran a los presos todos los días que habían hecho campaña, de los días de permiso que tienen cada año como presos en segundo grado, cuando vuelvan a serlo (es decir, cuando les vuelvan a quitar el tercer grado que les permite salir a trabajar). Y aún más, amenazan con volver a dirigir al Supremo una petición que ya hicieron a finales del juicio contra el proceso y que no fue aceptada: la aplicación del artículo 36.2 del código penal. Este artículo dice que, a los presos condenados a cinco años de prisión o más, el juez o el tribunal los podrá ordenar que no les concedan el tercer grado hasta que no hayan cumplido la mitad de la condena. Es una previsión, según este mismo artículo, de obligado cumplimiento en delitos «referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo», en «delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal», de abusos sexuales y delitos de explotación sexual de menores.

¿Habrá indultos ahora que Cataluña «no ha votado bien»?

Estos son los primeros movimientos postelectorales de la fiscalía, que ya dejó claro que se oponía completamente la concesión de un indulto a los presos. Su informe ya lo tiene el Tribunal Supremo. Ahora espera el de la abogacía del estado, que todavía no se ha movido y no ha dicho qué le parecen las peticiones de indulto. Cuando el Supremo lo reciba hará su informe indicando el acuerdo o la desaprobación -más que previsible-  de la petición de indulto de cada uno de los nueve presos políticos catalanes. Pero no se sabe cuándo lo hará. Este ritmo depende sólo de los magistrados que condenaron los presos. Con Vera y Barrionuevo (altos cargos del PSOE condenados por la trama del terrorismo de Estado de los GAL) fueron muy deprisa; en cambio, el  caso de los presos catalanes comienza a eternizarse.

Como el informe del Supremo es preceptivo, pero no vinculante, la última palabra sobre los indultos la tendrá el Consejo de Ministros español. Y todo ello coincide con el calendario postelectoral en Cataluña. ¿Qué hará el gobierno de Pedro Sánchez si se acaba concretando un gobierno independentista en la Generalitat? Si nuevamente la presidencia del parlamento catalán  es para un independentista, ¿qué decisión tomará el Consejo de Ministros?

La primera sesión de la nueva legislatura debe hacerse a más tardar el 12 de marzo, cuando se votará la composición de la mesa del parlamento, presidente incluido. Y al día siguiente comenzará la ronda de contactos para comprobar qué candidato puede tener apoyo para una investidura, que podría ser el 26 de marzo.

Durante la campaña, una buena parte de la operación de Estado para construir el “efecto Isla” (el candidato del PSOE en las elecciones catalanas) y derrotar el independentismo era mediática, con mensajes muy directos de «vote bien». Lo expresó así de claro el director de La Vanguardia, «un triunfo de la vía rupturista hacia la república puede congelar tanto el proceso de los indultos como la reforma del código penal». Y como los catalanes han votado el 14 de febrero con un 51% de voto independentista; 74 diputados independentistas (una mayoría absoluta más que suficiente)  son un “mal resultado” que ponen freno a los indultos. ¿O dependerá de cómo se articulen los pactos para un nuevo gobierno, con qué proyecto político y qué personas al frente? La primera respuesta a estas cuestiones parece que fue la de la fiscalía recurriendo contra el tercer grado inmediatamente.

Ahora habrá que ver qué hará el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos sobre los indultos. Y como lo hará, y si los indultos serán totales o (como son más habitualmente) parciales. Que sean parciales significa generalmente que eximen de cumplir la pena de prisión que queda pendiente. Pero también puede significar que sólo se refieren a la pena de prisión, pero que no tocan en absoluto la condena por inhabilitación. En su informe al Supremo, la fiscalía enfatizar sobre todo este punto, en la necesidad de impedir que se les revoque la pena de inhabilitación, porque esto significaría que podrían volver a la actividad política. La decisión de hacerlo de una manera o de otra, está en manos del gobierno español en un momento en que se ha de decidir cómo se configura el gobierno de Cataluña y con qué proyecto político.

La fiscalía no se detiene

La acción de la fiscalía y los tribunales españoles no se limita a los presos políticos y exiliados y otros dirigentes políticos: actualmente hay 2.850 represaliados en diversos procedimientos a raíz del referéndum del 1-O o de las protestas por la sentencia del Supremo contra el proceso.

Los partidos independentistas en el parlamento reclaman al congreso español una ley de amnistía para todos los represaliados, de la que el PSOE no quiere saber nada. Pero no se trata sólo de que salga adelante una ley de amnistía (a la que los partidos del Gobierno ponen inconvenientes de carácter jurídico), sino que mientras tanto la fiscalía sigue formando parte de la acusación en muchos procedimientos. Y como ejemplo de la falta de voluntad de rebajar la presión represiva, la decisión reciente de la fiscalía de recurrir ante Tribunal Supremo contra la absolución de Tamara Carrasco (una joven activista que fue absuelta) . Ni siquiera dos absoluciones por una falta absoluta de pruebas en las acusaciones han hecho desistir a esta fiscalía que funciona jerárquicamente y que tiene en lo alto a la ex-ministra socialista Dolores Delgado, designada en el cargo por Pedro Sánchez.

La causa judicial contra la cabeza de lista de JuntsxCat

Pero aún hay otra arma de intervención política en Cataluña por parte de los poderes del Estado: el procedimiento judicial contra Laura Borràs en el Tribunal Supremo, que la investiga por “malversación, fraude, prevaricación y falsedad documental”, está abierto y se puede acelerar pronto. De momento la causa está en fase de instrucción, dirigida por el magistrado Eduardo de Porres. Está en manos del Supremo, pero si Laura Borràs deja su escaño en el congreso español para asumir su escaño en el Parlamento de Cataluña, la causa debería pasar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y esto puede suceder dentro de un mes, como mucho. La única manera de que el Supremo tendría para continuar llevando la causa sería cerrar la fase de instrucción y abrir juicio oral antes que Borràs fuera aforada en el parlamento catalán.  Queda muy poco tiempo, porque el juez tiene pendiente de recibir la información correspondiente a las múltiples diligencias sobre la causa que pidió a finales del año pasado, y porque antes de abrir el juicio oral concederá un plazo de alegaciones a la fiscalía ya la defensa. Sea como sea, todo ello puede coincidir también con la negociación del nuevo gobierno y los posibles pactos, con Laura Borràs, cabeza de lista efectiva de Junts, y una de las principales protagonistas de este proceso.