ESPAÑA, PAÍS DE PILLOS: Fraude empresarial millonario con las ayudas por la pandemia

Más de 30.000 empresas pilladas haciendo trampas con las ayudas del Estado para mantener el empleo

ERTE en ATOS: FRAUDE SOCIAL – Red Sindical TIC

Cuando se declaró el Estado de Alarma en España el pasado 14 de marzo, el gobierno dio a las empresas la posibilidad de acogerse a una figura legal llamada Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor debido a la situación sanitaria. Existen dos modalidades, en una la empresa paraliza la actividad laboral, y en la otra reduce la actividad entre un 10% y un 70% de la jornada de trabajo.

Una vez tramitado y aprobado el ERTE, los trabajadores cobran del Estado la prestación de desempleo -independientemente de que el tiempo trabajado acumulado les diera derecho o no, y sin descontar este período de prestación a futuras prestaciones a las que tengan derecho- y los empleadores quedan exentos de pagar el 75% de los aportes empresariales a la Seguridad Social. El porcentaje exento llega al 100% para las empresas de menos de 50 trabajadores.

El objetivo del ERTE es mantener los puestos de trabajo y proteger al trabajador, que debe ser reincoporado obligatoriamente al mismo puesto cuando cese la causa del ERTE; conserva su antigüedad y tiene libertad para trabajar en otro sector empresarial no afectado.

La prestación por desempleo de los trabajadores es la habitual, del 70% de su salario para los primeros 6 meses (luego se reduce al 50%).

El primer mes de aplicación de esta medida, es decir, a mediados de abril, en España había unos 4 millones de trabajadores en ERTE y medio millón de solicitudes de empresas para acogerse a este sistema de despido temporal por causas de fuerza mayor.

Sólo en el mes de mayo, que fue el más intenso en cuanto al número de empresas que se acogieron a esta medida, el coste para el Estado (es decir, para todos los ciudadanos, cosa que se olvida a menudo) fue de 5.500 millones de euros al hacerse cargo de los salarios de los trabajadores. La buena noticia es que se perdieron medio millón de empleos menos de los previsibles en relación a la magnitud de la crisis provocada por la pandemia.

Las grandes corporaciones, como por ejemplo Burger King, Cortefiel, Air Nostrum, Ryanair, Seat o Volkswagen, fueron las primeras en anunciar que solicitarían el ERTE.

No pasó mucho tiempo hasta que empezaron a circular historias que retrataban la tradicional picaresca de estas tierras. Pero la administración pública también sabe en qué país vivimos y no ha tardado en salir a la pesca de los pillos.

Según informó el diario Público del 21 de octubre, los inspectores del Ministerio de Trabajo han investigado a más de 30.000 empresarios tramposos.

Según fuentes de la Inspección de Trabajo, ya se ha sancionado a 1.755 empresas con multas que suman un total de casi 8 millones de euros y han recuperado aportes empresariales por más de 2 millones de euros de los cuales habían quedado exentos de forma fraudulenta.

Uno de los fraudes descubiertos consistía en incluir empleados ficticios contratados para que recibieran la prestación del Estado. Durante las primeras semanas de la pandemia, los inspectores de trabajo detectaron más de 20.000 empresas sospechosas de estar realizando esta práctica. No me sorprendería que esos empleados falsos, hubieran tenido que entregar buena parte de la prestación al empresario «que les hacía el favor», o prometía darles trabajo cuando pasara la pandemia. Obviamente los inspectores de trabajo no pueden llegar a estos detalles.

Otro fraude fue obligar a los trabajadores a seguir trabajando mientras la empresa estaba acogida al ERTE (y el Estado asumía la carga salarial) o bien no respetar la reducción de horario que habían tramitado en el ERTE. Además, de la estafa al Estado -es decir, a todos- se suma la irresponsabilidad de estos empresarios de haber contribuido a la propagación del virus obligando a los trabajadores a salir de su casa cuando no debían hacerlo. El gobierno debería contemplar una sanción también por esto, por daño a la salud pública.

En otro caso, el fraude consistió en reincorporar a los trabajadores o parte de ellos, pagándoles en negro, o bien fueron sustituidos por trabajadores con salarios más bajos, cosa que no se podía hacer bajo la normativa del ERTE al cual se había acogido la empresa.

Aún quedan 13.000 empresas a punto de ser sancionadas por distintos tipos de fraude cometidos con los ERTE, y 15.000 ya tienen expedientes abiertos. Si reciben multas similares a las de las primeras empresas sancionadas, el fraude puede superar los 135 millones de euros. En porcentajes, el fraude detectado supone más del 6% de los ERTE solicitados por la patronal.

Y seguramente, es sólo la punta del iceberg… pero ¿se puede esperar acaso, un comportamiento ejemplar de la sociedad de un país cuyo ex Jefe de Estado – ese es el cargo que ocupan los monarcas en España- sale en secreto y precipitadamente en medio de un escándalo financiero, a buscar cobijo en una petromonarquía medieval?