VENEZUELA – COVID-19: Colombia retorna venezolanos infectados por pasos fronterizos ilegales
La Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de Covid-19 de Venezuela informó que entre el 9 de mayo y el 9 de junio, del total de los casos registrados, casi el 74 % fueron importados, principalmente de Colombia, por las localidades fronterizas de Táchira y de Apure. A principios de junio, ya habían retornado a Venezuela 56.276 ciudadanos, de los cuales 1.758 ingresaron contagiados. Fuera de los estados fronterizos, el COVID-19 casi ha sido contenido, con una transmisión comunitaria baja. En Venezuela, 25.805 personas han contraído COVID-19, de las cuáles 223 han muerto.
Las zonas fronterizas de Venezuela han sido asaltadas por el COVID-19

V. PRASHAD; E. VILORIA DABOÍN. A. MALDONADO; ZOE PC/ MR ONLINE
Como parte de la ofensiva del gobierno de Estados Unidos y el Grupo de Lima para derrocar al gobierno venezolano liderado por el presidente Nicolás Maduro, los países vecinos de Venezuela comenzaron a recibir migrantes para demostrar que el gobierno de Caracas había fracasado. Pero cuando miles de venezolanos cruzaron la frontera en estos cuatro puntos — Apure, Bolívar, Táchira y Zulia — se encontraron tratados en esos países como ciudadanos de segunda clase. Antes de la pandemia, muchos de ellos luchaban contra el trabajo informal y la falta de vivienda; y cuando el COVID-19 golpeó a América del Sur y los gobiernos de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú no lograron contener la propagación de la enfermedad, los migrantes se encontraron sin protección social y sin acceso a la salud pública. Muchos se infectaron porque la transmisión comunitaria elevó la curva de las infecciones. Al no poder recibir tratamiento en sus nuevos hogares, estos venezolanos comenzaron a regresar a casa, ayudados por paramilitares colombianos y grupos mafiosos (trochas).
Los contrabandistas, que tienen experiencia en narcotráfico y operaciones paramilitares, han utilizado teleféricos y camiones para evitar los controles fronterizos oficiales, trayendo así a venezolanos infectados con el virus del COVID-19 al país sin permitirles ser debidamente examinados.
El gobierno venezolano da la bienvenida a sus ciudadanos, pero solo a través de un cribado epidemiológico adecuado. Freddy Bernal, representante del gobierno en Táchira, dijo que el estado venezolano ha estado tratando de prevenir la entrada ilegal de venezolanos hacia Venezuela.
Las cifras de contagiados por coronavirus en los países que rodean a Venezuela son altísimas: Brasil (3 millones), Perú (478.000), Colombia (387.000) y Ecuador (94.000). Venezuela, en tanto, tiene sólo 25.000 casos. (N.de la E. las cifras de casos ha sido actualizadas al día de publicación de esta nota).
La razón por la que las cifras generales de Venezuela son bajas es que el gobierno ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y ha empleado métodos probados para romper la cadena de contagios que los funcionarios gubernamentales han aprendido de los trabajadores de la salud y los expertos médicos en China, Cuba, Irán y Rusia.
De los casos en Venezuela, la mayor parte se encuentran en los estados fronterizos y lo más probable es que la transmisión comunitaria se deba a las personas que han cruzado al país desde los países vecinos sin control. Fuera de los estados fronterizos, el COVID-19 casi ha sido contenido, con una transmisión comunitaria baja y con el sistema de atención médica trabajando arduamente para curar a los infectados.
Maltrato a venezolanos en Colombia y Ecuador
El 21 de mayo, el presidente Maduro acusó a Iván Duque de Colombia de negligencia en el trato de su gobierno a los migrantes venezolanos. Maduro dijo que Colombia estaba enviando a migrantes venezolanos de regreso a Venezuela en autobuses sin desinfectar, y en los autobuses, no pudieron guardar el distanciamiento físico necesario para evitar el contagio.
En el puente de Rumichaca que une Ecuador con Colombia, la policía colombiana lanzó gases lacrimógenos contra ciudadanos colombianos y venezolanos mientras intentaban regresar a sus países de origen y escapar de la pandemia desenfrenada en Ecuador. Al no poder conseguir boletos de autobús de Ecuador a Venezuela, los migrantes venezolanos se vieron obligados a reunirse en grandes grupos y caminar, durmiendo en la calle en cada punto del trayecto, exponiéndose al contagio. Ninguno de los gobiernos vecinos de Venezuela ofreció ni una simple medida para que los migrantes regresaran a casa.
En cambio, los políticos en Colombia que están comprometidos con el cambio de régimen en Venezuela comenzaron a argumentar que era el gobierno de Caracas el que repatriaría a sus propios ciudadanos. Carlos Valero, congresista del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) -quien dice en su biografía de Twitter que está “trabajando para los migrantes venezolanos”- tuiteó que “los venezolanos se encuentran en estas condiciones inhumanas en lugares públicos de Cúcuta, Colombia, después de no poder ingresar a Venezuela ”porque la frontera venezolana había sido cerrada. Esto se produjo después de que el gobierno colombiano impidiera en el puente Rumichaca regresar a casa desde Ecuador a sus propios ciudadanos; y fue durante un período en el que el gobierno venezolano recibió a miles de sus ciudadanos; mientras que Colombia permitió a la extrema derecha jugar a la guerra híbrida de Estados Unidos contra Venezuela.
Estados Unidos ha utilizado intencionalmente de forma equívoca el concepto de “crisis humanitaria” y “crisis migratoria” como excusas para impulsar el cambio de régimen en Venezuela. Los políticos y los medios de comunicación apenas mencionan el sufrimiento creado por las sanciones unilaterales de EEUU que llevaron a los venezolanos a abandonar su país en primer lugar, ni el maltrato a los migrantes venezolanos en los países vecinos. Tampoco se presta atención al hecho de que la mayoría de los venezolanos que abandonaron el país han regresado a sus hogares o lo han intentado.
Política de Venezuela en la frontera
En lugar de negar el regreso de los venezolanos a su país, el gobierno venezolano del Partido Socialista Unido de Venezuela, una variedad de movimientos sociales (como la Red Popular de Ayuda Solidaria), organizadores comunitarios y varias misiones sociales se movilizaron en la frontera para recibir a los migrantes y hacerles pruebas de coronavirus. Se crearon puestos de control epidemiológico a lo largo de la frontera para proteger al país de la infección; los que dieron positivo fueron enviados a centros de salud para recibir tratamiento y estar en cuarentena durante dos semanas.
En el estado de Apure, 300 trabajadores médicos venezolanos y 100 cubanos crearon 23 Puntos de Atención Social Integral (PASI) para realizar estas pruebas de diagnóstico y asegurar que los venezolanos infectados no transmitan el COVID-19 a la población general. En este estado, hay alrededor de 3.400 personas en estos PASI, donde se les ofrece alojamiento y comida gratis. Estos puestos han estado en funcionamiento durante más de 100 días y han procesado al menos 14.000 migrantes. Los pacientes infectados se tratan con cloroquina e interferón.
La tasa de infección de Venezuela sigue siendo baja, a pesar de las sanciones unilaterales de EEUU que le han negado al país el derecho a importar medicamentos y pruebas para la población. Además de eso, los países vecinos de Venezuela han negado los derechos humanos básicos a los venezolanos expatriados y los han enviado, con poca consideración por su seguridad o por la salud pública, durante una pandemia, de regreso a su país de origen.
Autores
Vijay Prashad es historiador, editor y periodista de India. Es corresponsal del Independent Media Institute; editor de LeftWord Books y director del Institute for Social Research Tricontinetal. Es autor de una veintena de obras. Escribe para Frontline, the Hindu, Newsclick, AlterNet y BirGün.
Eduardo Viloria Daboín es documentalista, fotógrafo y escritor. Es el oficial nacional de comunicaciones del Movimiento Campesino Venezolano Bolívar -Corriente Revolucionaria de Zamora (CRBZ).
Ana Maldonado es del Frente Francisco de Miranda (Venezuela).
Zoe PC es periodista de Peoples Dispatch, informa sobre migraciones en Latinoamérica. Está asociada al Congreso de los Pueblos en Colombia.
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