ESPAÑA – LAWFARE: Informes policiales falsos y lluvia de querellas contra el gobierno

La Guardia Civil es uno de los denominados poderes fácticos del Estado español. La gestión de la crisis sanitaria del coronavirus ha llevado el cuerpo, orientado hacia posiciones reaccionarias y conservadoras, a enfrentarse directamente con el gobierno de coalición del  PSOE y Unidas-Podemos, con informes falsos que nutren la instrucción en los juzgados de una lluvia de querellas contra nueves altos cargos del gobierno y el epidemiólogo responsable de la respuesta a la crsis del Covid-19 en España.

Informes falsos y persecución ideológica: la izquierda española “descubre” los métodos de  la Guardia Civil

El cuerpo policial mantiene el pulso con la Moncloa después de días de mal ambiente por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, que ocupaba el cargo de Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid

ROGER GRAELLS FUENTE / VILAWEB

La Guardia Civil es uno de los denominados poderes fácticos del Estado español. La gestión de la crisis sanitaria del coronavirus ha llevado el cuerpo, orientado hacia posiciones reaccionarias y conservadoras, a enfrentarse directamente con el gobierno de coalición del  PSOE y Unidas-Podemos, con informes falsos que alimentan la instrucción de la magistrada del juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. Los hechos se han precipitado desde la destitución fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos ordenada por el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska. Después de cuarenta años, el PSOE “descubre” los métodos irregulares de la Guardia Civil, ahora que el cuerpo se ha vuelto contra la Moncloa, con el apoyo de la extrema derecha que se manifiesta en los barrios más adinerados de Madrid y ante la sede del PSOE.

El ministro alega “pérdida de confianza” a la hora de tomar la decisión, pero lo más probable es que destituyera a Pérez de los Cobos porque  no le había informado de la investigación contra el gobierno español por la gestión de la pandemia que estaba llevando a cabo la Guardia Civil. La destitución llegó después de haberse publicado una filtración en  El Confidencial en la que se aseguraba que la Guardia Civil señalaba (como culpable) al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias español, Fernando Simón. Según publicaba La Razón, la Guardia Civil cree que Simón ocultó la información que tenía a finales de enero sobre el riesgo de contagio y que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades había desaconsejado actos multitudinarios seis días antes de las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Fernando Simón es la principal diana donde hasta ahora apuntan las investigaciones y los informes, pero es la vía de entrada (acusatoria) al Consejo de Ministros.


El ruido de sables continúa y no parece que vaya a cesar pronto, como explicaba el jurista Joaquín Urías en una entrevista a VilaWe. Casi diariamente  hay novedades. El pasado jueves 4 se sabía que Pérez de los Cobos había sido recolocado bajo el mando del general de zona de Madrid, Santiago Caballero, para hacer “frente común en los próximos meses”, según fuentes que cita El Confidencial. El abogado Gonzalo Boye se preguntaba, precisamente, para qué servirá este “frente común” y contra quien.


También el jueves, la Guardia Civil entregó a la juez un segundo informe con datos falsos y mentiras sobre la gestión de la pandemia, tal como lo desmontaba Eldiario.es. De hecho, los responsables del cuerpo no entregaron un informe a la juez, sino un resumen de prensa con artículos de medios de comunicación y una conversación fuera de contexto de la ministra de Igualdad española, Irene Montero (pareja del vicepresidente segundo Pablo Igesias), en la que comentaba que la menor afluencia a la manifestación feminista del 8 de marzo seguramente iba relacionada con el coronavirus. A continuación, se filtró a la prensa española. Paralelamente, Infolibre publicaba que la Guardia Civil, a petición de Pérez de los Cobos, había instado un supermercado a conservar unas imágenes del vicepresidente segundo español, Pablo Iglesias, sin máscarilla protectora, aunque no hay ninguna denuncia ni diligencias abiertas.

El PP aprovechó la conversación privada de Montero, revelada por el ABC, para volver a atacar el gobierno español.

No es sólo la investigación, lo que ha abierto una guerra interna entre el gobierno español y la Guardia Civil. El pasado jueves, el sindicato más grande de la policía española, Jupol, presentó una querella contra Fernando Simón y nueve altos cargos del Gobierno, y del mismo cuerpo policial,  por un delito «contra los derechos de los trabajadores» y otro de «prevaricación por la falta de material de protección adecuado entre los agentes» y «por haber permitido concentraciones como la del 8 de marzo en Madrid». La querella se suma a las que ya se han presentado en diversos juzgados contra el gobierno español por  la gestión sanitaria.

Destituciones y dimisiones en la Guardia Civil

Al día siguiente de la destitución de Pérez de los Cobos, dimitió el número 2 de la Guardia Civil, Laurentino Ceña. En la anterior legislatura, fue un hombre de máxima confianza del ex-ministro de Interior del PP Juan Ignacio Zoido, quien lo ascendió al cargo de director adjunto operativo. El ministro del Interior Grande-Marlaska, que llegó al cargo tras la moción de censura de junio de 2018, le mantuvo la confianza. El flamante ministro del Interior y ex juez, también mantuvo a Pérez de los Cobos en el cargo como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, un ascenso que le procuró el PP como agradecimiento a los servicios prestados por el coronel en Cataluña en el otoño de 2017(N.de la E.: Pérez de los Cobos dirigió el operativo que intentó impedir la consulta sobre la autodeterminación de Cataluña el 1 de Octubre de 2017, dejando un saldo de 1000 civiles heridos y unas imágenes que dieron los vuelta al mundo).  

 También renunció el teniente general Fernando Santafé, considerado el número tres de la Guardia Civil. Grande-Marlaska nombró a David Blanes como sustituto de Pérez de los Cobos, tras la negativa de tres coroneles a ser el relevo del destituido.

No era la primera vez que Grande-Marlaska se enfrentaba a la Guardia Civil. En enero pasado, el ministro ya destituyó al ex director general del cuerpo, Félix Azón, por no haberle informado de la Operación Judas, que consistió en la detención de nueve personas vinculadas a los CDR (activistas vinculados al independentismo catalán)  y el encarcelamiento de siete de ellos durante tres meses en la prisión madrileña de Soto del Real.

Esta estructura de la Guardia Civil que consolidó Grande-Marlaska, condenado por el Tribunal de Estrasburgo por haber hecho la vista gorda ante torturas de la Guardia Civil, ahora se ha vuelto contra el gobierno español y contra él mismo, dejándolo en una posición de debilidad y contra las cuerdas, con toda la derecha clamando por su dimisión o destitución.

Pérez de los Cobos entró en el Ministerio de Interior español en 2006 como cargo de confianza del fallecido ex ministro del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y sobrevivió al cambio de gobierno manteniéndose en la estructura del ministerio con la llegada de Mariano Rajoy en la Moncloa en 2011. Posteriormente, trabajó codo con codo con el ex ministro de Interior del PP Jorge Fernández Díaz.

Un largo historial contra la disidencia

La izquierda española parece que ha descubierto ahora las artes de Pérez de los Cobos en el  Lawfare -guerra judicial- como la denunció el portavoz de Unidas- Podemos, Pablo Echenique. Si bien el PSOE ha convivido y ha tenido connivencia con las cloacas del estado, Podemos las ha padecido desde su nacimiento.

La “policía patriótica” que le recordó Pedro Sánchez a Pablo Casado (líder del PP), el pasado miércoles desde la tribuna del Congreso español, atacó el independentismo con la llamada Operación Cataluña y también a  dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y al mismo Echenique.  Esta estructura a la sombra de la policía española se dedicaba a atacar la disidencia política con el régimen del 78, y el ex comisario José Manuel Villarejo sólo era la punta del iceberg.

Las actuaciones irregulares de la policía española y la Guardia Civil, con la connivencia a menudo de los sectores más reaccionarios de la judicatura, la fiscalía y el gobierno español de turno, son bien conocidas por la disidencia vasca y catalana y también por los grupos vinculados a la protesta social. Basta recordar el caso recientemente de la diputada de Podemos Isa Serra, los montajes policiales y el seguimiento de activistas por parte de las brigadas de información o la causa contra los dirigentes políticos del independentismo catalán.

Los informes falsos, las investigaciones prospectivas y las mentiras en sede judicial para perjudicar a la disidencia contra una cierta manera de ver y entender el Estado han formado parte de la normalidad durante las últimas cuatro décadas. El poso del franquismo sigue bien presente en la judicatura, en la monarquía, en los cuerpos policiales y el ejército, que junto con las empresas del Ibex 35 forman los poderes fácticos que controlan la actuación del gobierno español.

Del imperio de la ley al imperio de la impunidad

Si la Guardia Civil puede presentar informes falsos que muchos jueces asumen sin ponerlos en cuestión y puede mentir de manera descarada en los mismos reportes y en los juicios, ¿qué seguridad jurídica tienen los ciudadanos, especialmente aquellos que piensan, opinan y actúan diferente? En palabras del abogado Andreu Van den Eynde, si no hay consecuencias para mentir y falsear datos, ¿por qué los agentes de la Guardia Civil deberían decir la verdad? En sus discursos encendidos, los altos cargos policiales defienden siempre la unidad de España y el imperio de la ley, pero cuando atacan la disidencia, el imperio de la ley deja paso al imperio de la impunidad.