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CATALUÑA: Medios alemanes apuestan por la intervención de Bruselas para una solución del conflicto

La revista alemana Stern publicó la nota que pueden leer traducida a continuación, el pasado 14 de octubre al conocerse las altas condenas impuestas en Madrid a los líderes políticos y activistas sociales catalanes. La visión del conflicto territorial catalán expresada por el periodista Till Bartels refleja una opinión bastante generalizada en los medios y en la sociedad alemana bien informada.

Sentencia en Madrid: este veredicto es una vergüenza para España

El Tribunal Supremo ha sentenciado con penas de hasta 13 años de prisión  a los políticos catalanes: el ex vicepresidente, un eurodiputado, ex ministros y ciudadanos comprometidos. El veredicto muestra la profunda crisis de la democracia española

TILL BARTELS / STERN

Traducción de Montserrat Mestre

Hay un mueble que parece desconocido en España: la mesa de negociación. Porque quien se sienta en ella, ya ha perdido, parece ser la opinión de muchos políticos en Madrid.

La capacidad de diálogo y compromiso se ha perdido en la democracia española, ya sea para formar un gobierno en Madrid (el pueblo español será llamado a votar el próximo 10 de noviembre, en unas nuevas elecciones generales, la cuarta en solo cuatro años, porque todas las negociaciones de coalición han fallado) o por la cuestión catalana.

Durante años, el conflicto ha estado latente en la región económicamente más importante del noreste del país. En lugar de más autogobierno, como los parlamentos de Barcelona y Madrid habían aprobado en 2006, el Tribunal Constitucional español revocó el Estatuto de Autonomía entonces renegociado en 2010. El Partido Popular (PP) bajo el entonces primer ministro Mariano Rajoy hizo campaña en contra del Estatuto. En lugar de una regionalización -como la recomienda la UE a los países miebros- hubo una recentralización hacia Madrid.

Con eso, el desastre siguió su curso: en lugar de negociar el conflicto, el gobierno central ha estado tratando de controlar el problema político con medios legales, para disgusto de los catalanes, que se alejaban cada vez más de Madrid. La sentencia contra el Estatuto en aquel momento movilizó la opinión a favor de los defensores de la independencia, que fue ganando popularidad entre todas las capas ciudadanas en Cataluña, culminando en el controvertido referéndum el 1 de octubre de 2017.

En lugar de mesa de negociación: los políticos en el banquillo de los acusados

Si los catalanes hubieran podido votar (en un referéndum vinculante pactado con Madrid), tal vez la mayoría no hubiera votado por una secesión de España y la demanda de independencia hubiera quedado fuera. En cambio, Madrid envió a la Guardia Civil a Cataluña, robó urnas y golpeó al electorado, con más de mil heridos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, y son como las que sólo vemos en países donde gobiernan los déspotas.

Las siguientes etapas de escalada fueron el cese ordenado por Madrid del presidente regional Carles Puigdemont y su gabinete, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española por primera vez desde en democracia -lo que colocó a la región autónoma de Cataluña bajo la administración obligatoria de Madrid- y la detención de los líderes del movimiento independentista. Las detenciones incluyeron a la ex presidenta del Parlamento, el ex vicepresidente y cinco ex ministros del gobierno regional y los presidentes de los movimiento cívicos Asssemblea Nacional y la Asociación Cultural Òmnium. El cargo: rebelión, disturbios y apropiación indebida de fondos públicos (para la organización del referéndum).

Después de casi dos años en prisión provisional, en la primavera de 2019 fueron llevados a juicio, en un proceso -que se emitió por televisión- en condiciones muy extrañas. Cualquiera que haya visto la audiencia televisada en la corte sólo unos días, pudo ver agentes de policía a los que se les permitió testificar en detalle durante horas. Pero los abogados de los acusados fueron cortados en sus intervenciones, no se permitieron testigos importantes ni videos de evidencia. Pero el nuevo partido de extrema derecha Vox fue admitido como co-demandante (contra los políticos catalanes).

La principal acusación la rebelión ha resultado insostenible, especialmente porque esto ya lo había declarado inadmisible el Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein (Alemania) cuando denegó a España la entrega del ex presidente Puigdemont en 2018. Él y otros catalanes habían huido al extranjero para escapar a las detenciones. La orden de arresto internacional ya fue retirada dos veces por España.

El veredicto de culpabilidad del pasado día 14 de octubre con penas de entre nueve y trece años carece de cualquier proporcionalidad, contribuye a un mayor endurecimiento de los frentes y prueba el fracaso de España para resolver conflictos. La cuestión de Cataluña hace tiempo que dejó de ser sólo una disputa interna española. Nos interpela a todos nosotros si sus representantes electos deben permanecer encerrados durante años.

Tres miembros de la UE sin escaño en el parlamento

Hay tres muebles icónicos en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, que también crean un escándalo relacionado con el veredicto de hoy: tres sillones de eurodiputados quedaron vacíos desde las últimas elecciones. Son los escaños parlamentarios de los diputados de dos millones de catalanes que no pudieron asumir su mandato: Carles Puigdemont, su colega de partido Antoni Comín, ambos en el exilio, y Oriol Junqueras, el ex vicepresidente catalán. Este último fue admitido a presentarse a las elecciones, aunque estaba detenido en España desde hacía meses. Hoy fue sentenciado a 13 años de prisión.
A los tres eurodiputados España les exigió, tras resultar elegidos, regresar a Madrid a jurar la Constitución española para ser arrestados. Imagínense: ¿los eurodiputados alemanes sólo pueden ir a Estrasburgo si han jurado antes en Berlín?

El veredicto de hoy encaja perfectamente en una serie de represiones del estado español. Hace sólo tres semanas, nueve defensores de la independencia catalana fueron arrestados. Algunos estén en régimen de aislamiento. Madrid intenta criminalizar un movimiento hasta ahora pacífico.

Desde hace años, España no está bien posicionada en la lista de defensores de la libertad de expresión, algo que apenas se sabe en Europa Central. Varios músicos fueron condenados por sus letras, uno de ellos es el rapero mallorquín Valtonyc, acusado de insultar al rey. Antes de su arresto, huyó al exilio a Bélgica, donde por ese «delito», el poder judicial local no lo extraditará a España.

Los derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a la libre determinación no tienen la misma importancia en España que en Europa Central. La sentencia contra los políticos catalanes tiene la intención de intimidar aún más al pueblo y al movimiento de independencia. Imaginen cómo se protestaría en Europa si los representantes electos fueran puestos tras las rejas en Turquía, en Rusia o en Hong Kong.

El poder judicial español no crea una solución al conflicto político con la condena. España ha creado presos políticos y permanece en modo de combate electoral permanente. Entre los frentes de Madrid y Barcelona, la grieta ahora es más profunda. En la situación desesperada sólo hay una esperanza: que Bruselas finalmente se despierte y medie para llevar a las partes a una mesa de negociaciones neutral.